Redacción Canal Abierto | Este martes 10 de marzo inicia el juicio oral y público contra cinco manifestantes que habían sido detenidos en el marco de un festival organizado por Unidos por la Cultura, realizado el jueves 2 de febrero de 2024 en protesta contra la Ley Bases, entonces popularizada como “Ley Ómnibus”. Se trata de la primera causa por un hecho represivo ocurrido durante el Gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich al mando del área de Seguridad y con el llamado protocolo “anti-piquetes” en vigencia, que llega a esta instancia.
En el banquillo estarán Joaquín Arrua, Pedro Esquivel, Joaquín Gould, Carlos Denuble y Astor Galán Vizgarra, todos acusados de “atentado contra la autoridad”. El fiscal Tomás Vacarezza les achaca haber arrojado piedras y botellas contra los agentes de la Policía Federal que los detuvieron. El delito tiene una pena que va desde un mes hasta un año de prisión (en suspenso).
En aquella jornada represiva, que formó parte de una seguidilla de tres represiones ocurridas en el marco del tratamiento del proyecto de ley, también actuaron la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, hubo un total de 14 detenciones y 65 personas resultaron heridas. Entre ellas, el abogado del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Matías Aufieri, quien recibió un disparo de bala de goma en un ojo.
Un reporte del Mapa de la Policía resumen así lo ocurrido: “Se reprimió durante las tres jornadas con policía sin identificación y portando armas de fuego con munición de plomo. El ensañamiento estuvo dirigido particularmente hacia la prensa. Asimismo, utilizaron por primera vez un nuevo gas pimienta más fuerte y abrasivo contra la piel. (…) Por otra parte, durante la manifestación, se logró detectar la presencia de un gendarme con un parche de la bandera de Gadsden sobre el uniforme”, consignaron en una cronología.
Las audiencias del juicio comienzan mañana a las 9 en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas n°28, ubicado en Suipacha 150 (piso 8), y está previsto que continúen hasta el jueves 12. Así lo confirmó el representante letrado de los acusados, Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), en comunicación con Canal Abierto.
En una entrevista con Barricada TV, el abogado había hablado de la importancia de que el proceso tenga un acompañamiento judicial, para que los acusados sean absueltos, pero también social y mediática, porque “causas como estas no deberían llegar a una instancia de juicio”, planteó.
En ese sentido, se refirió a la falta de pruebas de la fiscalía, que solo tiene para mostrar las declaraciones de los mismos agentes de la PFA. En las filmaciones de aquel día, que –apunta- son muchas porque estaban todos los canales de televisión presentes, porque era una de las primeras veces que se aplicaba el Protocolo “Antipiquetes” y por el tenor político del proyecto en debate, queda claro que no existió una situación de conflicto previa que justifique el accionar policial.
“Esto es importante aclararlo porque la policía no puede detener a una persona porque sí. Solamente puede detenerla con una orden judicial o porque está cometiendo un delito. Lo que pasa en este caso en particular es que está todo filmado. Se ve que la policía arremete deteniendo gente masivamente. El argumento es que estaban tirando piedras y botellas, y que las detenciones ocurren para frenar esa situación. Lo que se ve en las filmaciones y se va a ver en el juicio es que eso jamás existió. Lo único que se ve es a una persona, y más bien en una cuestión defensiva, tratando de tirar una piedra para que no se le venga la policía encima. En el caso de Charly, estaba tocando la melódica”, explicó en referencia a Carlos Denuble, uno de los acusados, también presente en la entrevista.
El músico y productor contó que si bien sabía cuál era el proyecto que se estaba tratando y tiene un compromiso social importante, no es un militante organizado sino que su modo de expresión es a través del arte. De hecho, era la primera vez en su vida que iba a una manifestación. Así, se acercó al festival convocado por las bandas que tocaban, entre ellas, Las Manos de Filippi.
“Un amigo músico después me preguntaba que por qué había ido, le llamaba la atención. Y yo le decía que nosotros fuimos a reclamar por los derechos de todos, no por los míos, los de todos. Los derechos nos corresponde a todos y si no los defendemos nosotros no los va a defender nadie”, expresó.
De esta forma, durante el juicio, el objetivo de la defensa será “demostrar que lo que se plantea públicamente es falso y que lo que ellos hicieron no fue ni más ni menos que ejercer un derecho legítimo, el derecho a la protesta, que además es uno de los más importantes”, explicó el abogado. No puede ser, denunció, que “yo no pueda salir a protestar frente a la autoridad pública cuando hay algo con lo que no estoy de acuerdo, cuando siento que me están afectando los derechos”, cerró Alderete.
Portada: Diego Martínez
