Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral Federal de Tucumán suspendió el inicio del debate oral en una causa histórica que debía comenzar hoy. Se trata del primer juicio en la provincia que aborda la complicidad empresarial en delitos de lesa humanidad.
Se trata de la investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio La Fronterita en el marco del Operativo Independencia de 1975.
La suspensión se decidió a partir del pedido de una nueva pericia médica sobre el imputado Jorge Alberto Figueroa Minetti. Después de más de 10 años de trámite judicial, esta nueva dilación vuelve a poner en evidencia los efectos de la impunidad biológica: de los 6 empresarios acusados originalmente, solo 2 llegaron a esta instancia.
La interrupción se resolvió a menos de 24 horas del inicio del juicio, luego de que el tribunal solicitara una nueva evaluación pericial sobre el estado de salud de Figueroa Minetti, a partir de intervenciones del Cuerpo Médico Forense. A raíz de esta medida, el inicio del juicio quedó postergado hasta tanto se cuente con un nuevo informe médico.
Esta decisión implica un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia en una causa que lleva más de diez años de trámite judicial y que investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas en el marco del funcionamiento de una base militar instalada en el predio del Ingenio La Fronterita durante el Operativo Independencia.
“Esta situación coloca la causa al borde de lo que denominamos la impunidad biológica, consecuencia de las fallas estructurales del poder judicial argentino en el proceso de memoria, verdad y justicia”, expresaron desde ANDHES, el organismo de derechos humanos que actua como querellante en la causa.
El juicio tiene además un carácter histórico: es el primero en Tucumán que busca juzgar la responsabilidad de actores empresariales en el terrorismo de Estado.
De los seis imputados originalmente, tres fallecieron y uno fue apartado por razones de salud antes de llegar al debate oral.
De este modo, solo dos imputados —Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori— llegaban a esta instancia judicial, luego de más de cinco décadas de los hechos investigados. A horas de comenzar el juicio, esta suspensión vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cuando el tiempo avanza más rápido que la justicia.
