Por Leo Vázquez | Si bien los centros clandestinos fueron más de 800 en todo el país, los Espacios de Memoria en la actualidad superan los 40, los despachos en los que se urdió el genocidio son incontables -entre los oficiales y los ilegales-, y lo mismo ocurre con las oficinas de las empresas que esponsorearon al terrorismo de Estado o las iglesias, la historia de la dictadura, sus crímenes y sus resistencias se puede contar a través de un puñado de lugares que representan cada arista de lo que fue la noche que comenzó hace 50 años.
También habría que incluir en cualquier enumeración de este tipo a las casas operativas de las organizaciones armadas, las cárceles del pueblo, las imprentas secretas, las sedes de los partidos y de los nacientes organismos de derechos humanos, y hasta los terrenos en los que la resistencia realizó acciones directas contra la represión y el genocidio.
Pensar la dictadura en distintos planos puede ayudar a identificar cuáles son esos sitios que representan cada uno de los ángulos de análisis, diferentes pero complementarios.
El recorrido en esta nota no intenta ser otra cosa que una idea posible, -entre tatas- de un circuito por lugares que permitan entender al período 1976-1983 en todas sus dimensiones.
Proyecto económico/represión
La dictadura fue un plan económico, un proyecto de país de las clases dominantes. Aunque a esta altura pareciera estar claro, conviene insistir una y otra vez en que la represión no fue un exceso o un desborde fuera de programa, fue parte indispensable del necesario exterminio de toda forma de resistencia o lucha por la dignidad y los derechos, en pos de garantizar un modelo de exclusión de las clases populares y de maximización de ganancias para los sectores que miran al mundo desde arriba. En ese contexto, eliminar al movimiento obrero organizado, a los partidos políticos libres, a las organizaciones humanitarias, los centros de estudiantes y a las agrupaciones guerrilleras y petardistas fue una necesidad del régimen.
Aquí, como lugares representativos podrían anotarse todos los centros clandestinos que existieron a lo largo y ancho del territorio nacional, que funcionaron en comisarías, en fábricas, en dependencias de las fuerzas armadas y de seguridad, en casas particulares (Franklin, Bacacay), quintas, hospitales y hasta en barcos. Pero como, otra vez, plan económico y represión van de la mano, también es necesario incluir en este ítem a organismos estatales -el propio Ministerio de Economía o la embajada de Estados Unidos-, medios de comunicación corporativos y edificios empresariales o grandes compañías nacionales y multinacionales como los ingenios azucareros del norte y las agroindustriales (Ledesma, Molinos, Ford, Mercedes Benz, etc.) muchas de las cuales, inclusive, se dieron el gusto de tener claustros de aniquilamiento en el interior de sus propios establecimientos.
No hace falta advertir que la lista de CCDTyE es amplia pero incompleta. Por ejemplo, a este mapa oficial con 814 cuevas de la muerte actualizado en 2022 hay que sumarle un local en Pompeya identificado ese mismo año, que funcionó en la órbita de la SIDE como apoyo de Orletti, al igual que la casa de la calle Bacacay, reconocida en 2020. Y seguirán apareciendo…
Luchas y resistencias
Como el pueblo argentino no se resigna, el terror de la dictadura no fue suficiente para paralizarlo completamente, algo que estaba entre los objetivos principales e inmediatos del gobierno militar.
Las luchas, dispersas y fragmentadas por momentos, se sucedieron incansablemente desde el mismo día del golpe de Estado, en múltiples formas, dando continuidad a un proceso de resistencia popular que venía desde 1955. Desde las acciones de lucha armada de las organizaciones político-militares como el PRT y Montoneros, hasta las comisiones obreras y los sindicatos combativos, las grandes marchas (como la convocada por la CGT Brasil por “Paz, Pan y Trabajo” en 1982), y las ya icónicas rondas de las Madres alrededor de la pirámide, en la cara del gobierno de facto.
Por supuesto la Plaza de Mayo es “el lugar” por definición de la valentía y el coraje para enfrentar al genocidio. Sin embargo, y como antes, sería prácticamente imposible elaborar una Guía Filcar de los rincones en los que se dio la lucha contra la dictadura. Las automotrices, (aunque las coordinadoras se habían desintegrado en Córdoba a principios del 76, siguieron siendo activas en las plantas del Gran Buenos Aires, sobre todo en Ford y entre los trabajadores metalúrgicos del norte y el oeste del conurbano bonaerense como Dálmine Siderca-Techint), las empresas estatales (Astillero Río Santiago), y los cuarteles atacados por las guerrillas o las imprentas subterráneas, guevaristas y peronistas, (la casas Teruggi-Mariani en La Plata o la editorial de Estrella Roja de San Andrés, en San Martín), y hasta las cárceles, en donde los militantes detenidos seguían su activismo, todos merecen un renglón en el mapa de la historia popular argentina.
El Aeroparque Metropolitano, donde el ERP intentó derribar el avión que llevaba a Videla en 1977, o la basílica de Lujan, por aquella marcha fundacional de las señoras con pañales blancos en la cabeza, pueden incorporarse al circuito de los derechos humanos y la lucha de clases de nuestro país.
Juicios
Si hay triunfos para destacar en estos 50 años, seguramente la persistencia y crecimiento de la memoria, la legitimación de los organismos de derechos humanos y la reconstrucción del proceso de Justicia en los tribunales penales, estén a la cabeza.
El hito inaugural fue el Juicio a las Juntas, pero ese reclamo, que impulsaron las Madres, Abuelas y Familiares y que se vio interrumpido por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y dinamitado por los indultos a la cúpula militar, se fue reconstruyendo en las calles a fuerza de escraches y renació fortalecido en 2006, con la anulación de las leyes de impunidad y la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
Hay que decir que, tan fuerte es la potencia y el respaldo social que tiene el ciclo de enjuiciamiento a represores, que ni un gobierno reticente a cuestionar la dictadura como el de Macri, ni uno abiertamente apologista y reivindicacionista como el de Milei y Villarruel, han podido detener su avance. Sí entorpecerlo y ralentizarlo, pero no clausurarlo, como seguramente quisieran. En el debe, la lentitud general y los participes necesarios civiles –empresarios principalmente, pero también jueces y autoridades religiosas-, sentados en los banquillos de acusados.
A la fecha hay 1.231 condenados en 361 juicios desde 2006. Hubo 250 absoluciones y hay 11 juicios en curso. Deberían ser 12, pero una vez más fue suspendido La Fronterita a pedido de la defensa de los empresarios imputados. Hay 282 expedientes abiertos y 60 causas esperan fecha de juicio oral.
El relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad señala que actualmente hay 504 personas detenidas por estos crímenes, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria. De las restantes, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria de Campo de Mayo, y 18 en diferentes establecimientos carcelarios.
Si hubiera que apuntar lugares emblemáticos de este proceso, se podría empezar por los distritos judiciales más activos. En Buenos Aires hubo 169 sentencias y hay siete juicios abiertos. En Santa Fe, 36 debates finalizados y uno transcurriendo. Córdoba ya escuchó 16 veredictos, Salta 32, Tucumán 15, Mendoza 12, Corrientes 10 y La Rioja 9.
Los números, ordenados de manera precisa y sencilla, se pueden consultar en la nota de Ailin Bullentini en Letra P.
Sin embargo, para este artículo conviene señalar causas icónicas de los últimos años, como la que condenó al policía carnicero Miguel Etchecolatz o al cura que bendecía las torturas Christian Von Wernich, o que analizó el diabólico Circuito Camps, todas en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de La Plata. En la capital de la provincia de Buenos Aires también se hicieron los icónicos Juicios por la Verdad a fines de los 90, cuando los tribunales penales permanecían cerrados.
En Comodoro Py se desarrollaron muchos de los juicios más grandes del país, con megacausas como ESMA, Robo de Bebés y Plan Cóndor, entre muchísimos otros.
No estará en la lista que acompaña este repaso, pero si hay un lugar simbólico que emergió como nuevo escenario de la batalla judicial es la pantalla de La Retaguardia, que con sus transmisiones de las audiencias de lesa se consolidó como la conquista más reciente en un ámbito tradicionalmente adverso para los sectores populares.
En esta parte del inventario se puede mencionar a los ámbitos vinculados a los juicios que no son del Poder Judicial: los Sitios de Memoria que son prueba, los Espacios de Memoria que además generan y conservan archivo, la Secretaría de Derechos Humanos como querellante y funcionando en la Ex ESMA durante todos estos años, hasta Milei…; la Comisión Provincial por la Memoria, gestionando uno de los archivos más importantes del país, acusando en los procesos y funcionando en la ex sede de la DIPPBA, o juicios celebrados en casas universitarias que fueron escenario de secuestros y represión dictatorial.
Memoria / batalla cultural
Si bien la lucha por la memoria, la verdad y la justicia ha solidificado un piso de aceptación y apoyo, la historia es dinámica y el poder se las rebusca para volver con debates que no tienen razón histórica, ni argumento jurídico, pero que generan confusión, odio y resentimiento. Y esta referencia no apunta a quienes conscientemente reivindican los crímenes del terrorismo de Estado, a quienes ideológicamente son afines a los planes del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, ellos son los enemigos de las clases populares, aun, en muchos casos, siendo parte de ellas. La referencia es a quienes todavía no tienen real dimensión de lo que sucedió a partir del 24 de marzo de 1976, de sus actores, sus intereses y objetivos, de sus métodos y ejecutores. Allí, la democracia y la irrupción de las nuevas generaciones tienen un desafío permanente, crónico, que no finalizará nunca y deberá actualizarse y mantenerse vigente ahora y siempre.
Y para graficar esta noción, hay dos estudios recientes difundidos en los últimos días por Canal Abierto que arrojaron resultados gratificantes y preocupantes a la vez.
Por un lado, una encuesta realizada por Amnistía Internacional y la consultora Dynamis revela un contundente rechazo entre las juventudes (16 a 30 años) a cualquier intento de retroceso en materia de justicia:
el 75% de las personas consultadas se manifiesta en desacuerdo con que se indulte a militares condenados por delitos cometidos durante la última dictadura.
El estudio, muestra además que las juventudes consideran importante la democracia. Sin embargo, reflejan dudas sobre el sistema actual: casi la mitad expresa insatisfacción con su funcionamiento en Argentina. Aun así, la mayoría prioriza los derechos políticos: un 57% sostiene que es importante poder votar y expresarse libremente incluso si existen déficits en materia de seguridad, y un 48% mantiene esa postura aun a pesar de la falta de crecimiento económico. Sin embargo, un 39% estaría dispuesto a resignar libertades a cambio de crecimiento económico y un 30% lo haría en pos de mayor seguridad. Si bien son minorías, resulta ser una porción más que importante del universo consultado.
Por su parte, el Observatorio Púlsar de la UBA realizó un análisis sobre las impresiones que tiene la sociedad acerca de la dictadura.
La primera indagación se refiere al nivel de conocimiento acerca de lo ocurrido en el período. A esa pregunta, el 71% dijo estar al tanto (37% sabe mucho, 34% sabe algo), en tanto un 28% manifestó estar alejado (22% sabe poco, 6% no sabe nada). Por su puesto, la diferencia es abrumadora, pero entrega un público sobre el cual seguir trabajando.
La siguiente pregunta apuntó a la valoración de los sucesos ocurridos en la dictadura. El 45% respondió que la dictadura fue muy mala; el 26%, mala; el 19%, regular; el 6%, buena y el 1%, muy buena. Aquí pareciera haber una batalla ganada, pero la historia enseña que nunca hay que relajarse.
Volviendo a los lugares, los Sitios de Memoria (aquellos que funcionaron como centros clandestinos de detención o donde sucedieron hechos emblemáticos vinculados al accionar del terrorismo de Estado), los Espacios de Memoria (algunos de los sitios que, desafectados de su uso original, fueron reconvertidos. Actualmente hay más de 50 en todo el país), y los lugares señalizados ocupan lugar central en este segmento. Casas o propiedades de las organizaciones en lucha que funcionan en el presente como centros culturales, como la Casa de la Calle 30 en La Plata; o puntos de recordación y homenaje como el Parque de la Memoria, o la Iglesia de la Santa Cruz en CABA, entre muchos otros en todo el país, también es inscriben aquí.
Nunca más, nunca menos
A modo de idea final, síntesis, mini conclusión o cierre conceptual, este intento de informe puede decir que, a 50 años del golpe de Estado genocida, la persona que realmente quiera saber qué paso en la noche oscura del país puede hacerlo saliendo de su casa y visitando lugares que, seguramente y en la mayoría de los casos, le quedarán no muy lejos. Una excursión más ambiciosa podría llevar a cualquiera a redondear un conocimiento cabal de lo que fue el terrorismo de Estado, sus delitos, las luchas multifacéticas que le hicieron frente (que esta nota reivindica sin ambages en todas sus formas) e inclusive sus objetivos, contrarios a la vida digna en sociedad.
Es responsabilidad del Estado que no se repitan los hechos criminales y terroristas, y compromiso del pueblo argentino seguir luchando para que se sepa la verdad, que se mantenga la memoria y se castigue a los culpables.
En cada link que acompaña este texto, hay información realmente necesaria. Recomendamos al lector hacer click en cada uno de ellos y sumar datos capitales a su recorrido vital.
Y, a 50 años, en todos los lugares del mundo, seguimos exigiendo “Que digan donde están”.
Los lugares
CENTROS CLANDESTINOS / REPRESIÓN
1- ESMA
Sitio emblemático del terrorismo de Estado y la lucha por los derechos humanos. Allí funcionan el Museo que fue declarado Patrimonio Cultural de UNESCO, el Centro Cultural Haroldo Conti, el ECUNHI (Asociación Madres de Plaza de Mayo), la Casa por la Identidad de Abuelas, la universidad de H.I.J.O.S. Capital y sedes de otros organismos. Inevitable.
2- Atlético – Banco – Olimpo (circuito ABO)
El circuito represivo ABO estuvo conformado por tres centros de reclusión ilegal – Club Atlético en San Telmo, Olimpo en Floresta y Banco en Ciudad Evita, la Matanza- que operaron de modo sucesivo y a cargo de los mismos grupos de tareas, dependientes del Primer Cuerpo de Ejército y del Batallón de Inteligencia 601 e integrados por efectivos de la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires, del Ejército, del Servicio Penitenciario, de Gendarmería y de la Aeronáutica. También existieron vínculos represivos con la Marina, a través de la ESMA. A pesar de Milei, en Atlético funciona un Espacio de Memoria al igual que en Olimpo, donde funciona una murga y la radio Presente.
3- Comisaría 5ª de La Plata
Ubicada en Diagonal 74 Nº 2873, funcionó como centro clandestino y maternidad clandestina entre 1976 y 1978, bajo la órbita de la Policía Bonaerense en el Circuito Camps. Por allí pasaron alrededor de 250 personas detenidas ilegalmente, entre ellas niños, niñas y al menos diez mujeres embarazadas; dos de ellas dieron a luz en cautiverio y sus hijos fueron apropiados.
Tras años de reclamos de organismos de derechos humanos, la dependencia fue desafectada y convertida en Espacio para la Memoria, donde hoy se realizan actividades educativas, culturales y recorridas guiadas abiertas al público. La preservación del edificio permite comprender el funcionamiento del plan sistemático de represión y apropiación de niños.
4- Automotores Orletti
Fundamental punto de secuestros del Plan Cóndor. Funcionó entre mayo y noviembre de 1976, en la calle Venancio Flores y Emilio Lamarca, en el barrio de Floresta, era la base operativa de los grupos de tareas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de la Superintendencia de la Policía Federal. Allí también se coordinaba la represión ilegal de militantes del Cono Sur. Allí fueron secuestradas y torturadas unas 300 personas, muchas de los cuales hoy permanecen desaparecidas.
5- Campo de Mayo
En esa súper dependencia militar funcionaron cuatro centros clandestinos y una maternidad (El Campito, Las Casitas, la Prisión de Encausados). Al igual que de la ESMA, de allí partieron vuelos de la muerte. Como la Marina se centró en Montoneros, el Ejército se enfocó principalmente en el PER-ERP. Se calcula que pasaron entre 3500 y 4500 personas.
Allí funciona la prisión vip de genocidas, cerrada en 2014 por la imposibilidad de controlar los privilegios, y reabierta en 2016 por el gobierno de Cambiemos.
Se encuentra ubicada en el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires, en el perímetro formado entre la Ruta Nacional N° 9, Ruta Nacional N° 8, Ruta Provincial N° 202 y el Camino de Cintura. No es un Espacio de Memoria, pero la Liga Argentina por los Derechos Humanos organiza visitas habituales.
6- Pozo de Banfield
Ubicado en Luis Siciliano 1773, en Banfield, partido de Lomas de Zamora, funcionó entre 1974 y 1978 como centro y maternidad clandestina de la Bonaerense. Por ese lugar pasaron alrededor de 300 a 350 personas. También fue utilizado en el marco del Plan Cóndor: se sabe que, por ejemplo, al menos 24 uruguayos estuvieron ahí. En el edificio se registraron al menos cuatro nacimientos, entre ellos el de Daniel Santucho, nieto recuperado 133.
Fue desafectado en 2006 y hoy funciona como Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, donde se preservan sectores originales como celdas, salas de tortura y el área donde funcionó la maternidad. Se puede visitar
7- Vesubio
Funcionó entre marzo de 1976 y septiembre de 1978, en un predio que se encontraba bajo el control del Comando Primer Cuerpo de Ejército, ubicado en La Tablada, provincia de Buenos Aires. Permanecieron secuestrados más de 1500 hombres y mujeres. Con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979, el CCD fue demolido. En el lugar se encontraron escombros y rastros que reflejan su existencia. A partir de la firma del convenio entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires en 2022, se está desarrollando el proyecto de creación de un Espacio para la Memoria.
Estuvieron en ese chupadero Oesterhel, Haroldo Conti y Raymundo Gleyser, entre otros.
En marzo de 2016 fue señalizado. El Espacio de Memoria de El Vesubio estuvo muy cerca de concretarse. En 2022, el Mercado Central cedió la posesión del terreno para que allí se constituyera un espacio pedagógico. Todo se frenó con el cambio de gobierno y la llegada de la dupla negacionista Milei/Villarruel. Conviene visitar las redes de la Comisión Vesubio/Puente12, para saber novedades. La visita, en este caso, se puede hacer de manera virtual, a través de esta crónica en La Retaguardia.
8- Mansión Seré
Ubicada en Blas Parera 45/48, Castelar, partido de Morón, funcionó entre 1977 y 1978 como centro clandestino de la Fuerza Aérea, conocido también como “Atila”, dentro del circuito represivo de la Subzona 16. Tras la fuga de detenidos el 24 de marzo de 1978, el lugar fue incendiado por los propios represores para borrar pruebas de los crímenes.
El predio fue recuperado en democracia y en el año 2000 se inauguró allí la Casa de la Memoria y la Vida, uno de los primeros espacios de memoria del país creado en el mismo lugar donde funcionó un CCD. En 2013 se inauguró el Espacio Mansión Seré sobre los cimientos de la casona, y el sitio fue señalizado oficialmente en 2012 y declarado Lugar Histórico Nacional en 2015, funcionando hoy como espacio de memoria, investigación y actividades educativas abierto al público. ¡Hay que ir!
También se puede ver la peli “Crónica de una fuga”, de 2006.
9- La Perla (Córdoba)
Ubicado en el kilómetro 12,5 de la Ruta 20, camino a Carlos Paz, provincia de Córdoba, fue uno de los mayores centros de detención, tortura y exterminio del país. Funcionó desde marzo de 1976 hasta fines de 1978 bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército comandado por el vampiro Luciano Benjamín Menéndez, y se estima que por allí pasaron entre 2200 y 2500 personas, la mayoría de las cuales permanecen desaparecidas.
Tras la dictadura, el predio continuó como dependencia militar hasta 2007, cuando fue desafectado y cedido para su recuperación. En 2009 se abrió al público como Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, donde hoy funcionan muestras permanentes, visitas guiadas y actividades educativas, lo que lo convierte en un lugar clave para comprender el funcionamiento del aparato represivo y el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
10- Famaillá – La Escuelita (Tucumán)
Ubicada sobre la Ruta Provincial 323, camino al ingenio La Fronterita, en la localidad de Famaillá, Tucumán, funcionó como centro clandestino desde febrero de 1975, en el marco del Operativo Independencia, y continuó siendo utilizado tras el golpe de 1976. Fue uno de los primeros lugares donde se aplicó de manera sistemática el terrorismo de Estado en el país y se convirtió en el centro del circuito represivo tucumano.
El edificio fue señalizado como Sitio de Memoria en 2012 y en 2015 se creó allí el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos La Escuelita de Famaillá, luego de trasladarse la escuela que funcionaba en el lugar. Actualmente se realizan recorridos guiados, actividades educativas y trabajos de investigación, lo que lo convierte en un sitio clave para comprender que el plan represivo comenzó antes del golpe y tuvo en Tucumán uno de sus principales laboratorios.
11- Pozo de Vargas (Tucumán)
Ubicado en Tafí Viejo, provincia de Tucumán, fue utilizado durante el Operativo Independencia y la última dictadura como lugar de enterramientos clandestinos. Se trata de un antiguo pozo de agua de unos 40 metros de profundidad, construido para el sistema ferroviario, que fue reutilizado para ocultar los cuerpos de detenidos-desaparecidos provenientes de centros clandestinos como Famaillá, Jefatura de Policía y el Arsenal Miguel de Azcuénaga. Las investigaciones iniciadas en 2001 permitieron recuperar restos humanos y convertirlo en la fosa clandestina con mayor número de identificaciones de la Argentina, con más de cien víctimas identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
El lugar fue señalizado oficialmente en 2015 como sitio de memoria y continúa siendo un espacio de investigación judicial y trabajo forense, además de un punto central para comprender el funcionamiento del sistema represivo en Tucumán. Por su valor probatorio en los juicios de lesa humanidad y por el proceso de recuperación impulsado por familiares y organismos, el Pozo de Vargas se convirtió en un sitio emblemático para la memoria y la búsqueda de verdad y justicia.
12- Arsenal Miguel de Azcuénaga (Tucumán)
Ubicado sobre la Ruta Nacional 9 km 1301, en Las Talitas, provincia de Tucumán, funcionó entre 1976 y 1978 como uno de los principales centros clandestinos del noroeste argentino, bajo control de la V Brigada de Infantería y dentro del circuito represivo que en Tucumán había comenzado con el Operativo Independencia. En el predio, especialmente en el llamado Galpón Nº 9, permanecieron personas secuestradas que luego fueron trasladadas, asesinadas o desaparecidas, y en sus alrededores se hallaron fosas comunes con restos de víctimas. Su existencia fue acreditada en causas con condenas dictadas en 2014 contra militares y policías por secuestros, torturas y desapariciones. Fue señalizado y forma parte del circuito histórico que recuerda los crímenes del terrorismo de Estado en Tucumán.
13- Coordinación Federal
La Superintendencia de Seguridad Federal – Coordinación Federal, ubicada en Moreno 1417, CABA, funcionó como centro clandestino en la sede de la Policía Federal, especialmente entre 1974 y 1976, y fue uno de los principales ámbitos de represión ilegal en la Capital. En los pisos superiores del edificio se mantuvo cautivas a personas secuestradas, que eran interrogadas bajo tortura antes de ser trasladadas a cárceles, otros centros clandestinos o pasar a “disposición final”. El lugar tuvo un rol central en la persecución política desde antes del golpe y estuvo vinculado a la represión paraestatal y luego al aparato represivo de la dictadura.
Por Cordina pasaron militantes políticos, estudiantiles, sindicales e intelectuales, y sobrevivientes como el periodista Luis Salinas, el abogado Carlos Slepoy y la docente Paula Mahler. Su funcionamiento fue acreditado en juicios de lesa humanidad, pero el edificio sigue perteneciendo a la PFA, lo que refuerza su carácter paradigmático para comprender cómo el terrorismo de Estado operó dentro de estructuras oficiales en pleno centro de la ciudad. Esta señalizado en la entrada, pero por supuesto no se puede ingresar.
14- La Escuelita de Neuquén
Ubicada dentro del predio del Batallón de Ingenieros de Montaña 181, en la intersección de las calles Lanín y Chaco, ciudad de Neuquén, funcionó como el principal centro clandestino de detención de la provincia. En el lugar, que estaba formado por una casa precaria y un galpón de chapa separados del resto del cuartel, permanecieron secuestradas y fueron torturadas más de un centenar de personas muchas de las cuales fueron luego trasladadas a cárceles, asesinadas o continúan desaparecidas. Los edificios fueron demolidos por el propio Ejército con el objetivo de borrar las huellas de lo ocurrido.
El funcionamiento del centro fue probado en los juicios conocidos como causa “La Escuelita”, que se desarrollaron en el Tribunal Oral Federal de Neuquén y terminaron con condenas a militares y policías. El predio fue señalizado como sitio de memoria en 2015 y posteriormente declarado sitio provincial.
En 2018 el lugar fue desafectado de la jurisdicción militar y en 2021 el Estado nacional cedió a la provincia unas cuatro hectáreas del predio para su recuperación definitiva, con el objetivo de crear allí un Espacio para la Memoria y Parque de la Memoria, destinado a actividades educativas, señalización histórica y preservación de las pruebas del terrorismo de Estado. La puesta en valor del sitio forma parte del proceso de memoria, verdad y justicia que permitió transformar uno de los principales centros clandestinos del sur del país en un lugar abierto al público y dedicado a la transmisión.
15- Servicio de Informaciones de Rosario (ex Jefatura)
Ubicado en Dorrego 1041, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, funcionó entre 1976 y 1979 como el principal centro clandestino de detención de la provincia, dentro del área represiva 211. En el subsuelo y entrepisos del edificio, conocido como “El Pozo” o “La Favela”, estuvieron secuestradas entre 1800 y 2000 personas, muchas de ellas sometidas a torturas, traslados ilegales y desaparición forzada. Fue investigado en las causas judiciales conocidas como Feced I y II, con condenas a represores.
La Jefatura funcionó en ese edificio hasta 2004, cuando fue trasladada y el predio comenzó a ser recuperado por organismos de derechos humanos. Hoy el sitio forma parte del Espacio para la Memoria ex Servicio de Informaciones, donde se realizan visitas guiadas, actividades educativas y se preservan archivos vinculados a los juicios, convirtiéndose en uno de los lugares más representativos del terrorismo de Estado en el litoral.
16- Brigada de Investigaciones de La Plata
La ex Brigada de Investigaciones de La Plata fue un lugar insignia del abominable Circuito Camps. Ubicada en calle 55 entre 13 y 14, fue señalizada como Sitio de Memoria en 2019. Por allí pasaron más de un centenar de personas. En esa dependencia estuvieron cautivas siete mujeres embarazadas.
Su visita permite reconstruir el funcionamiento del circuito represivo en la provincia de Buenos Aires y el rol central que tuvo la policía en los secuestros, tormentos y desapariciones, por lo que se trata de un sitio paradigmático para comprender la magnitud de la represión.
SITIOS y ESPACIOS DE MEMORIA
17- Parque de la Memoria (Costanera, CABA)
Es un espacio público de 14 hectáreas emplazado en una franja costera del Río de la Plata. Fue creado en el año 1998, a partir de la sanción de la Ley 46 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como lugar de recuerdo, homenaje, testimonio y reflexión. El diseño se presenta como un corte, una herida abierta en una colina de césped despojada de cualquier otro elemento. En la actualidad en el Parque de la Memoria se encuentra el Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, y se lleva adelante la Base de Datos de consulta pública, el Programa de Arte Público y la Sala PAyS “Presentes, ahora y siempre”.
El 7 de noviembre de 2007 se inauguró el Monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. El Consejo de Gestión está integrado por miembros de los organismos de derechos humanos, de la Universidad de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad.
Frente al Parque, río adentro, en el agua, se encuentra el monumento homenaje a Pablito Míguez, torturado y desaparecido a los 14 años, y a todas las víctimas de los vuelos de la muerte.
18- Faro de la Memoria (Mar del Plata)
Ubicado en Avenida de los Trabajadores 5700, Mar del Plata, funciona en el predio donde durante la dictadura operó la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), utilizada como centro clandestino por la Armada. En distintos sectores del complejo —la Sala de Comunicaciones, el chalet cercano al faro y dependencias subterráneas— permanecieron secuestradas personas perseguidas. El lugar formó parte del circuito represivo de la Subzona 15, bajo control militar.
El predio fue señalizado como sitio de memoria y recuperado por el Estado y organismos de derechos humanos, y hoy funciona como Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex ESIM, con visitas guiadas, archivo documental, actividades culturales y programas educativos. Su apertura al público convirtió a uno de los centros clandestinos más importantes de la costa bonaerense en un espacio central para la transmisión de la memoria y la investigación histórica. Existe una disputa porque una empresa gastronómica local, con acuerdo del gobierno de Cambiemos, pretende instalar en uno de los predios un bar de gin.
19- Casa de la Memoria Imprenta del Pueblo Roberto Matthews (Córdoba)
Allí funcionó entre 1974 y 1976 una imprenta clandestina del PRT-ERP. Su construcción fue realizada en conjunto con integrantes de Tupamaros de Uruguay, expertos en tatuceras, y por obreros mineros, integrantes del ELN boliviano (Ejército de Liberación Nacional). Dotada de la más alta maquinaria necesaria para la producción de materiales, se llegaron a imprimir muchos miles de ejemplares de El Combatiente y Estrella Roja. Además, libros de economía, política, literatura y poesía e incluso materiales para organismos de derechos humanos.
El 12 de julio de 1976, un operativo militar y policial a cargo del Coronel Carlos Alfredo Carpani Costa, allanó la propiedad. Desde esa fecha hasta 1979, la casa quedó en manos de la Brigada Aerotransportada IV con asiento en La Calera, Brigada del Tercer Cuerpo del Ejército. A partir de esta intervención, la casa modifica su funcionamiento cotidiano y es convertida en Centro Clandestino de Detención y Tortura.
Tras años de reclamos y litigios judiciales, en 2019 la casa volvió a manos de lxs hijxs de la pareja de militante que vivían allí, y se reabrió un centro cultural y espacio de memoria.
20- Comisión Provincial por la Memoria (CPM)
Es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Fue creada el 8 de julio de 1999 por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Desde marzo de 2001 tiene como sede el edificio donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), señalizado como sitio de memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y gestiona el archivo que registra el espionaje realizado por esta dependencia durante más de 50 años. En 2017 se le transfirió a la CPM el edificio ubicado en Garibaldi Nº 650 esquina Allison Bell de Quilmes, donde funcionara la Brigada de Investigaciones, para la creación del Sitio para la Memoria, Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – ex Centro Clandestino Pozo de Quilmes.
Cuatro hitos señalan el camino recorrido: La desclasificación y apertura al público del primer archivo de la represión en Argentina: el de la DIPPBA; la creación del programa Jóvenes y Memoria; la creación del Comité contra la Tortura; y la creación del primer Museo de Arte y Memoria del país.
21- Casa de la Calle 30 La Plata
Ubicada en calle 30 Nº 1134 entre 55 y 56, La Plata, fue el hogar de Diana Teruggi y Daniel Mariani, militantes montoneros, y funcionó también como casa operativa donde se imprimía la revista Evita Montonera en una imprenta clandestina oculta detrás de una medianera. El 24 de noviembre de 1976 el lugar fue rodeado y atacado por fuerzas militares y policiales en uno de los operativos más violentos realizados en la ciudad: fueron asesinadas Diana Teruggi y otras personas que se encontraban en la vivienda, y la beba Clara Anahí Mariani, de tres meses, fue secuestrada y permanece desaparecida. El ataque dejó la casa prácticamente destruida, con impactos de bala y explosiones que aún hoy se conservan como prueba material del accionar represivo.
Tras años cerrada, la vivienda fue recuperada por la Asociación Anahí, fundada por María Isabel “Chicha” Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, y desde fines de los años 90 comenzó a abrirse al público como sitio de memoria. En 2004 fue declarada Monumento Histórico Nacional y hoy funciona como espacio de visitas.
A diferencia de otros sitios, la Casa Mariani-Teruggi no fue un centro clandestino de detención, sino el escenario de un operativo represivo que dejó huellas visibles hasta hoy, lo que la convierte en un lugar emblemático para comprender la violencia del Estado contra militantes políticos y el plan sistemático de apropiación de bebés, representado en la búsqueda aún abierta de Clara Anahí.
Sobre su historia se puede ver la película “La casa de los conejos”, de 2021.
LUGARES POLÍTICOS / DEL PODER
22- Plaza de Mayo
Fue uno de los escenarios centrales de la resistencia a la dictadura. Allí comenzaron a reunirse desde abril de 1977 las Madres de Plaza de Mayo, que marchaban alrededor de la Pirámide para exigir la aparición con vida de sus hijos desaparecidos, en plena vigencia del terrorismo de Estado. La plaza, frente a la Casa Rosada y a metros de la Catedral Metropolitana, se convirtió en un símbolo internacional de la lucha por los derechos humanos y en uno de los espacios más emblemáticos para comprender la respuesta social frente al plan represivo.
23- Embajada de Estados Unidos
Durante la última dictadura, la Embajada funcionaba en Avenida Colombia 4300, barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, misma sede que ocupa actualmente. En esos años el embajador fue Raúl Héctor Castro (1977-1980), quien representó al gobierno de Jimmy Carter, período en el que la política exterior estadounidense comenzó a presionar a la Junta Militar por las denuncias de violaciones a los derechos humanos. La sede diplomática fue un lugar clave en la relación entre el gobierno de facto y Washington, tanto por el apoyo inicial al golpe como por las posteriores gestiones vinculadas a denuncias de desapariciones, por lo que constituye un punto significativo para entender el contexto internacional del terrorismo de Estado en Argentina.
24- Batallón de Inteligencia 601
Con sede en el edificio de Callao 692 / Viamonte 1816, en la Ciudad de Buenos Aires y dependiente de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, fue uno de los principales organismos de inteligencia del terrorismo de Estado. Creado en 1968, tuvo un rol central entre 1975 y 1983 como estructura encargada de reunir información, infiltrar organizaciones políticas y sociales, elaborar listas de personas perseguidas y coordinar operativos represivos en todo el país, además de participar en la articulación internacional del Plan Cóndor.
Desde esta unidad se concentraba la información producida por los destacamentos de inteligencia de todo el territorio, que luego era utilizada por los grupos de tareas para realizar secuestros, interrogatorios y asesinatos. Documentos oficiales desclasificados muestran que el 601 fue financiado con fondos secretos del Estado y constituyó el núcleo de la estructura de inteligencia que permitió el funcionamiento del sistema clandestino de represión.
No fue recuperado como espacio de memoria, no se puede visitar como sitio histórico y hoy está en manos privadas, con oficinas y dependencias universitarias. Lo que sí existe es una señalización con baldosas por la memoria colocadas en 2014 por organismos de derechos humanos. Organizaciones como Barrios por Memoria reclamaron que sea preservado como sitio histórico, ya que desde allí se coordinó la persecución y desaparición de miles de personas, pero el inmueble fue reformado y parcialmente demolido en su interior sin que se lo convirtiera en espacio oficial de memoria.
25- Ministerio de Economía
Ubicado en la Av. Hipólito Yrigoyen 250, Ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo y al costado de la Casa de Gobierno, fue la sede desde donde José Alfredo Martínez de Hoz y su equipo implementaron las políticas económicas del Proceso. Allí se diseñaron las privatizaciones, la apertura financiera y la deuda externa que profundizaron la crisis económica, y se coordinó con empresas y bancos vinculados a la dictadura, muchas veces favoreciendo a sectores empresariales cómplices de la represión.
JUICIOS Y JUSTICIA
26- Cámara Federal (Juicio a las Juntas)
El Juicio a las Juntas se realizó en 1985 en la sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, ubicada en Viamonte 1147, Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba el tribunal que juzgó a los comandantes de las tres primeras juntas militares. El proceso, que se extendió entre abril y diciembre de 1985, fue el primer gran juicio por crímenes de la dictadura y sentó las bases para las causas posteriores. Allí fueron condenados Videla, Massera, Viola, Lambruschini y Agosti, en un proceso histórico que marcó el inicio del camino judicial por los delitos de lesa humanidad en Argentina.
Se puede ver el documental «El Juicio», de Ulises de la Orden.
27- Comodoro Py
Los tribunales de Comodoro Py 2002, barrio de Retiro, Ciudad de Buenos Aires, concentran desde los años 90 la mayoría de las causas por delitos federales, incluidos los juicios por crímenes de lesa humanidad. En distintos Tribunales Orales Federales del edificio se realizaron numerosos procesos vinculados a la ESMA, Plan Cóndor, ABO, Vesubio, Automotores Orletti y otros centros clandestinos, sumando decenas de debates orales desde la reapertura de las causas en 2006. Por la cantidad de expedientes y por su rol en la jurisdicción Capital, Comodoro Py es uno de los principales escenarios judiciales del proceso de Memoria, Verdad y Justicia.
28- Tribunales de La Plata
Los juicios por delitos de lesa humanidad en la jurisdicción de La Plata se realizan en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, con sede en calle 8 entre 50 y 51, aunque en distintos momentos algunas audiencias se realizaron en salas más amplias, como la Facultad de Derecho de la UNLP, debido a la cantidad de público y querellantes. En esta jurisdicción se desarrollaron numerosas causas vinculadas al Circuito Camps, Comisaría 5ª, Brigadas de Investigaciones, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y centros clandestinos bonaerenses, con decenas de imputados y cientos de víctimas, siendo una de las jurisdicciones con mayor cantidad de juicios desde la reapertura de las causas.
29- Tribunales de Rosario
En la ciudad, los juicios se llevan adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, con sede en Oroño 940, donde se realizaron múltiples procesos por delitos cometidos en el circuito represivo del sur de Santa Fe. Allí se juzgaron causas como Feced, Guerrieri, Díaz Bessone, Quinta de Funes y Servicio de Informaciones.
30- Tribunales de Córdoba
Los juicios en Córdoba se realizan en los Tribunales Federales de avenida Concepción Arenal 690, barrio Rogelio Martínez, sede de los Tribunales Orales Federales de la provincia. Desde 2008 se desarrollaron allí más de una decena de procesos, entre ellos las causas UP1, La Perla, Campo de La Ribera, D2 y Menéndez. Por la cantidad de causas y de condenados, Córdoba es una de las jurisdicciones más importantes del país en el juzgamiento de crímenes de la dictadura.
REPRESIÓN AL MOVIMIENTO OBRERO / EMPRESAS
31- Astilleros Río Santiago
Ubicado en Ensenada, provincia de Buenos Aires, fue uno de los principales focos de represión contra el movimiento obrero durante la dictadura. Delegados sindicales de ATE y trabajadores fueron secuestrados dentro y fuera del predio, en operativos realizados por fuerzas militares en coordinación con la Armada. Sobre estos hechos se investigaron responsabilidades de mandos militares y de directivos de la empresa estatal, en causas vinculadas al circuito represivo de La Plata, donde se juzgaron secuestros, desapariciones y persecución sindical contra trabajadores navales.
El TOF Nº 1 de La Plata dictó sentencia en octubre de 2015, condenando a ocho miembros de la Fuerza de Tareas 5, jerarcas de la Armada y la Prefectura Naval, por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores y militantes en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. La represión en la zona tuvo como blanco principal a trabajadores, delegados y activistas gremiales de fábricas y establecimientos como el Astillero, Swift, YPF y Propulsora Siderúrgica, entre otros, con el objetivo de disciplinar y desarticular la organización obrera.
32- Ford
La planta de Ford Motor Argentina, ubicada en Avenida Henry Ford 3295, General Pacheco, partido de Tigre, fue uno de los casos más emblemáticos de participación empresarial en el terrorismo de Estado. En marzo de 1976, tras el golpe, trabajadores y delegados sindicales fueron secuestrados dentro de la fábrica y trasladados a un centro clandestino que funcionó en el propio predio. En 2018 el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó al ex gerente de manufactura Pedro Müller y al ex jefe de seguridad Héctor Sibilla, junto al militar Santiago Omar Riveros, por secuestros y torturas, en la primera sentencia que probó la responsabilidad directa de directivos de una empresa multinacional en delitos de lesa humanidad.
33- Mercedes Benz
La planta de Mercedes-Benz Argentina, ubicada en Ruta Nacional 3 km 43, Virrey del Pino, partido de La Matanza, fue escenario de secuestros de trabajadores y delegados gremiales durante la dictadura, en hechos denunciados por sobrevivientes y familiares desde los años 80. La causa investigó la posible participación de directivos de la empresa en la entrega de listados de empleados a las fuerzas represivas, en coordinación con el Ejército y la policía bonaerense. Entre los nombres señalados en la investigación se encuentran el ex gerente Juan Tasselkraut y otros responsables de la compañía, aunque el proceso tuvo demoras y sobreseimientos, y hasta hoy es uno de los casos más discutidos sobre la responsabilidad civil empresaria.
34- Ingenio Ledesma
Ubicado en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, fue escenario de apagones masivos y operativos represivos en julio de 1976, conocidos como La Noche del Apagón, cuando fuerzas militares y policiales secuestraron a decenas de trabajadores, estudiantes y militantes con apoyo logístico de la empresa. Testimonios judiciales señalaron que vehículos del ingenio fueron utilizados en los operativos y que existió coordinación con personal de la compañía. La causa investigó la responsabilidad del dueño Carlos Pedro Blaquier y del ex gerente Alberto Lemos, procesados por privaciones ilegales de la libertad, aunque luego fueron sobreseídos por la Cámara de Casación, en un expediente que se convirtió en uno de los casos más relevantes sobre complicidad empresarial durante la dictadura. La marcha del Apagón, es uno de los eventos anuales más importantes de derechos humanos.
35- Ingenio La Fronterita
El lugar es sinónimo de impunidad. Luego de más de diez años de periplo judicial —y a 51 años del Operativo Independencia— el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán iba a dar inicio al juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Ingenio La Fronterita, en el departamento de Famaillá. Finalmente, a 24 horas de la audiencia inicial, el juicio fue suspendido otra vez. Iban a ser juzgados Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori, quienes llegan a esta instancia como los únicos dos imputados de los seis empresarios acusados inicialmente en la causa. Tres de los imputados fallecieron en el transcurso del proceso judicial y uno fue apartado por razones de salud. La acusación sostiene su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos contra 68 víctimas en el marco del funcionamiento de la base militar instalada en el predio del ingenio azucarero.
UNIVERSIDADES / PERSECUCIÓN A ESTUDIANTES
36- Universidad de Buenos Aires
Durante la dictadura, varias facultades de la Universidad de Buenos Aires fueron intervenidas por militares y civiles afines al régimen. Los decanos y autoridades nombrados por la dictadura reemplazaron a los elegidos por la comunidad académica, controlando programas, cátedras y estudiantes. Se documentaron persecuciones a docentes y alumnos, con casos de detenciones y desapariciones, sobre todo en las facultades de Derecho, Ciencias Sociales y Medicina. Si bien muchos de los responsables civiles quedaron identificados, pocos enfrentaron juicios específicos por responsabilidad directa en estos hechos, aunque sí se incluyeron dentro de causas por represión educativa y laboral.
37- Universidad Nacional de La Plata
La UNLP también fue intervenida por la dictadura. Autoridades designadas por los militares suplantaron a los rectores legítimos y se impuso control sobre planes de estudio y cuerpos docentes. Hubo detenciones, torturas y desapariciones de estudiantes y profesores vinculados a organizaciones políticas y gremiales. Algunos casos fueron abordados en causas por delitos de lesa humanidad.
IGLESIA
38- Catedral Metropolitana (Buenos Aires)
En la Catedral, sede central de la Iglesia Católica porteña, la dictadura encontró un espacio de legitimación política. Algunos miembros del clero apoyaron explícita o tácitamente la represión, mientras que otros denunciaron desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Durante esos años, la catedral fue escenario de misas con discursos pro-régimen y de ciertas complicidades institucionales que luego fueron investigadas en juicios por responsabilidad civil de la Iglesia en la dictadura.
39- Parroquia San Patricio (Masacre de los palotinos)
Fue epicentro de la masacre de los curas y seminaristas palotinos en 1976, un caso emblemático de represión religiosa. Los sacerdotes asesinados habían denunciado violaciones a derechos humanos y colaboraban con comunidades marginadas. Investigaciones como la de Eduardo Kimel identificaron a integrantes de las fuerzas de seguridad como responsables directos, mientras que la complicidad de sectores civiles y eclesiásticos fue evaluada en causas por responsabilidad civil y encubrimiento.
40- Obispado de La Rioja / Chamical
En la provincia de La Rioja, el Obispado de La Rioja y la localidad de Chamical fueron escenario del asesinato del obispo Carlos Angelelli en 1976, junto a otros sacerdotes y laicos defensores de los derechos humanos. Angelelli había denunciado públicamente la represión, la tortura y la persecución a campesinos y militantes. La causa judicial reveló la participación de fuerzas militares y policiales, así como la complicidad de ciertos actores civiles locales.
OTROS LUGARES VINCULADOS AL TERRORISMO DE ESTADO
41- Iglesia de la Santa Cruz (Ciudad de Buenos Aires)
Ubicada en la calle Santa Cruz al 123, fue un espacio donde la dictadura infiltró grupos de vigilancia entre los movimientos de familiares de desaparecidos, especialmente Madres de Plaza de Mayo, usando agentes como Alfredo Astiz. Tres de las Madres y las dos monjas francesas que colaboraban con ellas, entre otros activistas, fueron asesinados, desaparecidos o arrojados en los vuelos de la muerte.
42- Casa de la Calle Corro
Se trata de la casa en la que murió Victoria Walsh, hija de Rodolfo Walsh, cuando pronunció la paradigmática frase “ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir”. El lugar es representativo, porque por los hechos allí ocurridos comenzó la semana pasada el último juicio de lesa del país. Se investiga el operativo realizado el 29 de septiembre de 1976 en una casa de la calle Corro 105, en el barrio porteño de Villa Luro, donde fuerzas conjuntas del Ejército llevaron adelante un procedimiento que terminó con la muerte de cinco militantes y la detención ilegal de otras cuatro personas que se encontraban en el lugar. Entre las víctimas fatales estaban integrantes del Secretariado Político Nacional de Montoneros.
En el debate oral son juzgados seis exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101, acusados de homicidios y privaciones ilegales de la libertad.
43- Casa de Rodolfo Walsh en San Vicente
Tremendo símbolo de impunidad que persiste hasta el día de hoy. La marcha en San Vicente demuestra que la lucha por recuperar la última casa de Rodolfo Walsh no es una anécdota: cada año organizaciones de derechos humanos, gremiales y sociales caminan desde el centro del partido bonaerense hasta el humilde barrio El Fortín, donde se encuentra la vivienda en la que Walsh escribió su “Carta Abierta a la Junta Militar” y desde donde denunció con brutal lucidez al régimen genocida en 1977. La movilización reclama que ese inmueble sea expropiado y re‑significado como un Espacio de Memoria, algo que ya fue declarado de interés por el Concejo Deliberante local pero que aún espera una ley provincial para consolidarse como sitio histórico y educativo.
La historia de la casa encarna parte del saqueo de la represión: al día siguiente del secuestro y desaparición de Walsh, marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) junto con policías locales irrumpieron, saquearon la vivienda y se apropiaron de documentos, papeles y obras inéditas, y luego el inmueble quedó en manos de familiares de uno de esos uniformados, que hasta hoy lo habitan. Las organizaciones sociales impulsan no solo su recuperación material, sino también que ese lugar sea reconocido como monumento a la memoria, la verdad y la justicia frente a los intentos de olvido y negacionismo.
44- Regimiento de Infantería de Monte 29 (Formosa)
Varias acciones de las organizaciones armadas permiten entender el clima represivo que se vivía antes del 24 de marzo, con la Triple A, la CNU, el Operativo Independencia y un clima de muerte permanente durante el gobierno de Isabel Perón y José López Rega. Si bien se realizó en octubre del 75, el ataque de Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29, con sede en la ciudad de Formosa, es uno de los hechos salientes de la guerrilla peronista.
45- Monte Chingolo
A su turno, el ERP, que ya tenía experiencia en toma de cuarteles y comisarías, realizó el 23 de diciembre de 1975 su acción más arriesgada, el intento de copamiento del Batallón Depósito de Arsenales 601 “Domingo Viejobueno”, en el sur de Lanús. El operativo resultó un fracaso, por la delación del buchón “Oso” Ranier.
46- Diario La Nueva Provincia (Bahía Blanca)
En calle Rivadavia 295, tuvo un rol activo durante la dictadura al colaborar con la persecución de sindicalistas y militantes políticos. Bajo la conducción de la familia Massot, se identificó complicidad en la desaparición de delegados gremiales y trabajadores de la zona, hechos que luego fueron discutidos en los juicios por delitos de lesa humanidad. Se trata de un emblema en la participación empresarial, la pata periodística del genocidio y la impunidad judicial.
47- Papel Prensa / Grupo Clarín
Las oficinas de Papel Prensa, ubicada en Av. Libertador 5585 y vinculada al Grupo Clarín, estuvo en el centro de apropiaciones y operaciones de censura durante la dictadura. Documentos y testimonios de los juicios revelaron que directivos colaboraron con las fuerzas militares en la expropiación de acciones y en el control de la información, afectando a periodistas y trabajadores. El caso Graiver es sinónimo del aparato comunicacional de la represión.
48- Unidad Penitenciaria 9 de La Plata
Si bien no fue un centro clandestino, en muchos aspectos funcionó como tal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata dictó sentencia en octubre de 2010 en el juicio por hechos de lesa humanidad ocurridos en la Unidad Penal N°9. Fueron condenados a perpetua el director del penal Abel Dupuy y el subjefe Isabelino Vega, y a penas de entre 10 y 13 años otros 12 imputados, dos de ellos médicos que asistieron a torturas.
Se analizaron los casos de 90 presos políticos de los cuales cinco fueron asesinados, dos murieron a causa de las torturas y tres se encuentran desaparecidos. La CTA participó como querellante en tanto una de las víctimas fue el dirigente de ATE y actual titular de la central sindical Hugo “Cachorro” Godoy. Otros sobrevivientes fueron el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, los periodistas Eduardo Jozami y Eduardo Anguita y el ex teniente de fragata Julio Cesar Urien. Entre los asesinados se encuentran Dardo Cabo.
El libro de Federico Chechele, Unidad 9. La resistencia de los presos polìticos, narra el juicio y los hechos en es lugar.
49- Base Naval Puerto Belgrano
Es la principal instalación de la Armada y la más grande del país, ubicada junto a la ciudad de Punta Alta, en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Durante la última dictadura la base funcionó no solo como apostadero estratégico de la Flota de Mar, sino también como parte de una estructura represiva: allí se instalaron centros clandestinos, entre ellos el uso del buque ARA 9 de Julio para el traslado de detenidos desde la ESMA y otros centros, y diversas instalaciones de la base fueron escenario de interrogatorios y aplicación de tormentos a militantes políticos y sindicales.
50- CGT Brasil
La CGT Brasil surgió en pleno régimen militar, con sede en la calle Brasil al 1000, en el barrio de Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Nacida en noviembre de 1980 como una respuesta sindical al aparato represivo, desafiaba la ley que había disuelto la Confederación General del Trabajo y prohibía la actividad gremial. Encabezada por dirigentes como Saúl Ubaldini, la CGT Brasil se convirtió en el principal actor obrero que convocó huelgas generales y movilizaciones masivas contra la dictadura, reclamando “paz, pan y trabajo” y el retorno a la democracia. Sus acciones incluyeron paros generales en 1981 y una gigantesca movilización a Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982 que terminó con miles de detenidos y decenas de heridos por la represión. Surgió de la «Comisión de los 25» como oposición a la oficialista CGT Azopardo, colaboracionista de la dictadura.
