Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continua mañana con el juicio a seis militares acusados por su intervención en un operativo represivo ocurrido el 29 de septiembre de 1976 en una vivienda ubicada en la calle Canónigo Miguel Calixto del Corro 105, en el barrio porteño de Villa Luro, durante la última dictadura. De acuerdo con la acusación, el procedimiento —dirigido contra integrantes de la organización Montoneros— culminó con el homicidio de cinco personas y el secuestro de otras cuatro víctimas.
Los acusados son el capitán Danilo Antonio González Ramos; el teniente primero Carlos Alberto Orihuela y los tenientes Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola y Héctor Eduardo Godoy, todos exintegrantes del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército Argentino, unidad que al momento de los hechos se encontraba bajo la órbita de la Zona 1 y dentro de aquella, en la Subzona Capital Federal.
En la audiencia de inicio desarrollada el pasado miércoles 18 de marzo, el tribunal dispuso de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, en el que los imputados están acusados como partícipes secundarios de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en cuatro oportunidades; tentativa de homicidio con la misma agravante; y privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencia o amenazas, también reiterada en cuatro hechos.
Se podrá acceder a la transmisión virtual en el sitio de YouTube de La Retaguardia.
El operativo
El juicio por la denominada “Masacre de la calle Corro” aborda los hechos que tuvieron como víctimas fatales —todas integrantes del Secretariado Político Nacional de Montoneros— a Alberto José “Tito” Molina Benuzzi, María Victoria “Vicky” Walsh (hija del escritor Rodolfo Walsh), Ignacio José Bertrán, Ismael “Turco” Salame y José Carlos “Tucu” Coronel.
La investigación también determinó que, en el marco del operativo, fueron detenidos ilegalmente Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, quienes permanecieron cautivos en distintos centros clandestinos de detención antes de recuperar su libertad.
Las víctimas fueron alojadas inicialmente, por el término de 15 días, en el centro clandestino de detención “El Vesubio” y luego trasladadas a dependencias de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocidas como “Coordinación Federal”. Desde allí, Maricel Mainer y Ramón Baravalle fueron liberados el 1° de noviembre de 1976, mientras que Lucy Gómez y su hijo Juan Cristóbal Mainer fueron trasladados a la Unidad 2 de Devoto del Servicio Penitenciario Federal (SPF) hasta que recuperaron su libertad, años más tarde.
En la casa donde se hizo el operativo también se encontraba la pequeña hija de María Victoria Walsh, quien, tras ser retirada de una comisaría, fue restituida a sus abuelos paternos.
Además, al referirse al tipo de intervención atribuida a los imputados, el fiscal indicó que “la colaboración del personal del GADA 101 —y sobre todo de quienes detentaban cargos de menor entidad dentro de la Jefatura de Área—, no puede comprender más que un eslabón dentro del procedimiento efectuado, por lo que la atribución de los hechos, lo será en carácter de cómplices secundarios”.
Existen diversos elementos probatorios que dan cuenta de la realización del operativo ilegal, así como de la participación del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101. Entre ellos se encuentran registros del Libro Histórico de la unidad y testimonios de conscriptos que prestaban servicio al momento de los hechos.
A partir de los testimonios y la prueba, se estableció que en el procedimiento intervinieron tres oficiales jefes, 13 oficiales, 61 suboficiales y 134 soldados pertenecientes a esa unidad militar.
La investigación también señaló que el operativo tuvo amplia repercusión en los medios de comunicación de la época, que difundieron el hecho conforme a la versión oficial que, según consta en el procesamiento, fue un comunicado emitido por el Comando de la Zona I del Ejército Argentino, que mencionaba un “enfrentamiento” con “delincuentes subversivos”.
En representación del Ministerio Público Fiscal, en el debate intervienen el fiscal federal Félix Crous y el auxiliar fiscal Esteban Bendersky, ambos de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. En la instrucción intervino la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°6. El tribunal está integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.
La querella de Patricia Walsh y Lucía Coronel está representada por el CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos).
La prensa
Se trata de un proceso relevante para los trabajadores de la comunicación y el periodismo ya que María Victoria Walsh, además de ser hija del célebre periodista y escritor desaparecidos en 1977, trabajó en la revista Primera Plana y en el diario La Opinión, donde fue elegida delegada.
Su activismo sindical derivó en su incorporación a la organización Montoneros, en la que ocupó posiciones de relevancia.
Su padre, Rodolfo Walsh, en su icónica “Carta a mis amigos” se refiere a esa jornada, expresando: “Me ha llegado el testimonio de uno de esos hombres, un conscripto:
“De pronto, dice el soldado, hubo un silencio. La muchacha dejó la metralleta, se asomó de pie sobre el parapeto y abrió los brazos. Dejamos de tirar sin que nadie lo ordenara y pudimos verla bien. Era flaquita, tenía el pelo corto y estaba en camisón. Empezó a hablarnos en voz alta pero muy tranquila. No recuerdo todo lo que dijo. ‘Ustedes no nos matan’ dijo el hombre ‘nosotros elegimos morir’. Entonces se llevaron una pistola a la sien y se mataron enfrente de todos nosotros”.
Por este motivo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación de Argentina Trabajadores de Prensa (FATPren) convocan a acompañar las audiencias.
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