Redacción Canal Abierto |El libro Los bienes comunes en tiempos de Milei y las extremas derechas, compilado por José Seoane y cuyos autores son Emilio Taddei, Esteban Magnani, Guillermo Movía, Inés Hayes, Fabiana Piñaranda, Melisa Argento, Diego Pérez Roig, Fernando Cabrera Christiansen y Andrea Cardoso, analiza cómo la actual fase del neoliberalismo —marcada por su carácter catastrófico— redefine la relación entre capital, Estado y bienes comunes, al tiempo que recupera las experiencias de resistencia que se despliegan en distintos territorios.
“Un día después de asumir su gobierno, el nuevo presidente derechista chileno José Antonio Kast retiró 48 decretos supremos referidos a cuestiones ambientales emitidos a lo largo de la gestión anterior y que estaban en trámite en la Contraloría General. En rechazo a esta medida, que incluía dar marcha atrás con seis decretos que establecían áreas protegidas en la región del litio en Atacama, se desplegaron una serie de protestas y movilizaciones bajo el lema ‘la naturaleza no se KASTiga’”, comienza contando Seoane.
Lo que está pasando en Chile no es excepcional, también pasa en Argentina, ¿no es cierto?
-Claro, esa decisión gubernamental del gobierno chileno no representó sin embargo una novedad en el escenario regional. Tras su asunción, también el presidente Milei orientó parte de su política hacia el desmantelamiento de la legislación y la institucionalidad socioambiental conquistada en las décadas anteriores. Entre estas iniciativas, se destacó en 2024 la sanción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que aseguraba enormes privilegios para la inversión extranjera extractivista y la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva para garantizar su protección. Y, en la misma dirección, tras la revalidación electoral de fines de 2025, avanzó con la desnaturalización de la Ley de Glaciares despertando crecientes protestas. Mientras el Senado argentino aprobaba la reforma a dicha ley, a pedir de boca de las megamineras; en Ecuador la Asamblea Nacional sancionaba la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía impulsada por el presidente derechista Daniel Noboa. La misma implicó, entre otras cuestiones, facilitar las licencias ambientales, desmantelar la consulta a las comunidades, unificar etapas de exploración y reducir los requerimientos institucionales para la aprobación de proyectos así como considerar a las áreas mineras bajo protección estratégica habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas.
¿También pasó en Perú?
-En Perú, la destitución de Pedro Castillo en 2022 fue animada, entre otras razones, por el interés megaminero de renovación de permisos y concesiones prontas a vencer y, el gobierno ilegítimo de Boluarte que le siguió avanzó también con la promoción de los emprendimientos extractivistas. Así, entre 2024 y 2025, se modificaron diferentes aspectos de la legislación ambiental, por ejemplo con la sanción de una ley forestal que incentiva la deforestación y restringe los derechos de las comunidades indígenas, con la reducción de requisitos para las evaluaciones de impacto ambiental o la habilitación de proyectos extractivistas en Áreas Naturales Protegidas.
En similar dirección, el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador implementó cambios en la legislación y la política ambiental habilitando la megaminería metálica anteriormente prohibida, rechazando el Acuerdo de Escazú, criminalizando activistas socioambientales, promoviendo proyectos turísticos y de construcción por sobre la protección de ecosistemas y bienes hídricos con la Nueva Política Nacional de Medio Ambiente (PNMA) presentada en 2022. Más recientemente, el nuevo gobierno derechista boliviano de Rodrigo Paz inició su gestión con la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua absorbiendo sus funciones bajo dos carteras económicas dirigidas por empresarios agroindustriales que impulsan una política orientada a priorizar los emprendimientos extractivistas por sobre las protecciones socioambientales. Y, asimismo, en Paraguay, en el marco de la anunciada “economía de guerra” se comunicó la reducción del financiamiento para las instituciones y políticas ambientales.
¿El extractivismo se da en toda la región?
-En este breve panorama que presentamos ya puede apreciarse la magnitud regional y las características que presenta la nueva ofensiva extractivista que se descarga sobre los pueblos y territorios de Nuestra América desde hace unos años. En primer lugar, si bien en ciertos aspectos tienen una proyección regional, el avance drástico y acelerado de estas políticas reposa fundamentalmente en la acción de los nuevos gobiernos de extrema derecha extendidos en la región recientemente y resulta acorde con sus objetivos de imponer una reconfiguración socio-institucional profunda del Estado y la sociedad. Neofascismo, neoliberalismo y extractivismo aparecen así aunados en la misma dinámica.
En segundo lugar, este comando derechista pro-extractivista se enlaza y se impulsa desde el gobierno estadounidense de Donald Trump. A diferencia del periodo de la globalización neoliberal donde el imperialismo aparecía a través de la imposición del libre comercio, sus tratados y la acción de las corporaciones trasnacionales, en el contexto actual el control de los bienes comunes naturales, particularmente de algunos llamados críticos o estratégicos, asume el modo de un intervencionismo estatal imperial y de promoción de nuevos protectorados. Se trata así de un extractivismo imperial manifestado de modo explícito en la nueva doctrina de seguridad de los Estados Unidos bautizada como “El corolario Trump” de la doctrina Monroe, o, sencillamente, “la doctrina Donroe”, que reclama el derecho estadounidense a apropiarse y explotar los minerales e hidrocarburos que yacen en Nuestra América.
Hablás también de la securitización de los bienes comunes, ¿podrías explicarlo?
-Por otra parte, esta ofensiva extractivista despliega una dimensión que se ha llamado de securitización de los bienes comunes naturales. El monitoreo, apropiación y explotación de las reservas conocidas y de aquellas probables se transforma así en una cuestión de seguridad nacional y, consecuentemente, es objeto de la atención y responsabilidad de las agencias de inteligencia y de seguridad no sólo de las fuerzas nacionales sino particularmente de los organismos estadounidenses. Se trata, como hemos señalado, de una nueva doctrina de seguridad nacional centrada en el control de los bienes naturales de Nuestra América y el Sur global.
Esa ofensiva adopta también la forma de una contrarreforma de la institucionalidad socioambiental conquistada o construida en las décadas pasadas. Una contrarreforma que, de cierta manera, repite similares propuestas país por país y da forma a un renovado Consenso de Washington extractivista. Plantea, entre otras demandas, la necesidad de reducir, flexibilizar y agilizar la llamada tramitología en referencia a los procedimientos administrativos, los estudios de impacto ambiental y la consulta a las comunidades requeridos para la aprobación y puesta en marcha de los proyectos de exploración y explotación.
¿Qué rol cumplen los acuerdos bilaterales?
-Finalmente, esta ofensiva extractivista se sustenta en una arquitectura de acuerdos bilaterales, particularmente con los Estados Unidos; por ejemplo, con la firma de once marcos bilaterales o memorandos de entendimiento sobre minerales críticos con países del sur del mundo (entre ellos con Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú) en el contexto de la reunión ministerial organizada por el país del norte en febrero de 2026. Un entramado de acuerdos y políticas que presenta otro elemento en común. Utilizando diferentes expresiones literarias como por ejemplo “garantizar mercados transparentes” o evitar “economías que manipulan mercados” o “competidores no hemisféricos”; se propone bloquear el acceso o la presencia de China y otros países en la explotación de estos bienes.
En este sentido, es conocido y no es necesario desarrollar en demasía, que el control de estos minerales e hidrocarburos, de las llamadas tierras raras, de los insumos y las cadenas de suministro indispensables para el despliegue del complejo militar digital o de la transición energética de los centros industriales del mundo se encuentran hoy en disputa. Diferentes estrategias encontradas se despliegan alrededor de ello configurando una dinámica de conflictos geopolíticos por los territorios con las poblaciones y los ecosistemas como sus víctimas.
¿Por qué necesitamos saber todo lo que se expone en el libro?
-Su comprensión resulta hoy significativa para el pensar y hacer crítico nuestroamericano. Por otra parte, el avance de estas políticas y sus efectos socioambientales han despertado ya protestas y movilizaciones, y muy posiblemente, en la medida que se extiendan bajo la profundización del despojo y el saqueo, la emergencia e intensidad de estas acciones y conflictos habrán de incrementarse. No se trata solo de resistencias; en la producción de comunalidad y acción colectiva que conllevan, en sus prácticas colectivas, en su dimensión y proyección socio-política, se enhebra también la potencia de las alternativas a nivel local y nacional, de esas experiencias que fundan la posibilidad de una transición ecosocial, popular y soberana.
Se puede ver y/o descargar el libro en Editorial El Colectivo
