Redacción Canal Abierto | En 1996, el ministro del Interior de Menem, Carlor Corach, preguntó en los medios dónde estaban los nombres de las víctimas de gatillo fácil y de los asesinados en cárceles y comisarías, poniendo en duda la denuncia de familiares y organizaciones sobre casos de represión.
La CORREPI (la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que desde hacía años venía batallando por el caso del joven Walter Bulacio, entendió que era necesario dar una respuesta contundente. Entonces, nació la idea de hacer un listado de las víctimas: el Archivo de Casos, que este año cumple 30 años.
“Somos bien conscientes -sostienen desde la CORREPI en la publicación con los registros de 2025- de que la información de este Archivo es incompleta en muchos casos y de otros, totalmente invisibilizados, ni nos enteramos. Aun así, entendemos que su realización y difusión es imprescindible, ya que es una herramienta que permite demostrar la sistematicidad y las modalidades con las que el estado mata a través de su aparato represivo en democracia”.
Y es que, tres décadas después, aún no existe un registro oficial de víctimas a nivel nacional. Solo iniciativas aisladas de organismos autárquicos o provinciales.
El Archivo, en tanto, no solo da cuenta de “una política de control y disciplinamiento social propia de un sistema de división de clases” sino que, además, el análisis comparativo de las diversas gestiones es prueba eficiente de “cómo se agrava cuando, como sucede hoy, la brecha de desigualdad se profundiza y administra la represión una gestión que desembozadamente promueve la represión”.
Así, ya no es la mera negación de la violencia, como el caso de Corach o gobiernos que le siguieron, sino su lisa y llana reivindicación.
“En estos casi 43 años de democracia se exhibe con una claridad ejemplar un modelo que garantiza de la manera más efectiva las ganancias para unos pocos a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías, echando mano a la entrega de recursos de todo tipo y sumergiendo en la dependencia el futuro de nuestro país”. “Semejante proyecto”, denuncia la organización que tiene como referente a la abogada María del Carmen Verdú, “sólo puede garantizarse en tiempo récord con represión”.
“Récord absoluto”
Tal como ya se preveía en el informe sobre el saldo de la represión en el primer año de Gobierno de Javier Milei, el Archivo de Casos 2025 confirma “un récord absoluto de muertes a manos del aparato estatal en sus distintas modalidades”. “En otras palabras, el actual Gobierno es el que más ha reprimido y matado durante estos 42 años de democracia”, sostienen desde CORREPI.
Los guarismos, denuncian, son consecuencia directa del “cambio de régimen” que rige desde diciembre de 2023, signado por “el endurecimiento del sistema penal y la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad”. Algo que, en 2025, “no sólo continuó, sino que se profundizó la destrucción de derechos y garantías a través de reformas normativas de fondo, la mayoría por decreto o resolución del Poder Ejecutivo, pero también por el Congreso”.
Entre esas, desde CORREPI hacen foco en e cambio de los estatutos de las cinco fuerzas federales y la reinstalación de la doctrina de “Seguridad Nacional”. Asimismo, en la aprobación en sesiones extraordinarias del Congreso de la ley de baja de la edad de punibilidad, y en el intento de reforma del Código Penal. “De votarse, sería la consagración legislativa del Protocolo Chocobar recargado, ya vigente administrativamente desde diciembre de 2023”, advierten.
Las cifras
La base de datos de CORREPI sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal registra 10.181 casos de las diferentes modalidades ocurridas desde el 10 de diciembre de 1983 al 20 de enero de 2026. De ese total, 1.056 ocurrieron después del 10 de diciembre de 2023 y la asunción del gobierno de La Libertad Avanza.
Los números hablan solos: “Durante los dos primeros años del gobierno encabezado por Javier Milei se produjo más del 10% del total de muertes ocurridas a lo largo de 43 años de democracia, superando lejos a todas las gestiones anteriores”.
“Si proyectamos esta cifra a los dos años de gestión que faltan -explican-vemos que estaremos por encima de los peores guarismos registrados por la gestión de Mauricio Macri (18.93% con 1.927 casos en 4 años) y la de Alberto Fernández que lo superaba apenas con el 19% y 1.929 casos en 4 años, teniendo en cuenta que en esa gestión fueron muchos menos los casos de gatillo fácil, pero la enorme incidencia del COVID en lugares de detención produjo récord absoluto de muertes bajo custodia)”.
El Archivo, consultado y utilizado como fuente de información no sólo por medios periodísticos sino también por organismos del Estado, también recopila de forma diferenciada las muertes bajo custodia -esto es, las ocurridas en comisarías y cárceles, en todo el país- de las ocurridas por gatillo fácil: los fusilamientos en la vía pública de personas desarmadas a manos de las fuerzas policiales y de seguridad, que con Milei registran una tendencia claramente ascendente. Asimismo, analiza el grado de letalidad de las distintas fuerzas y mide lo que CORREPI ha definido como “femicidios de uniforme”, que es el asesinato de mujeres, tevestis y trans a manos de uniformados.
En los 25 meses de la gestión Milei, el Archivo registra 38 femicidios, travesticidios y transfemicidios a manos de miembros de las fuerzas.
Otro dato que sistematiza el Archivo de Casos es la edad de las víctimas. Algo clave y que año a año confirma que las principales víctimas del aparato represivo son los jóvenes. “Si desglosamos por rango de edad, excluyendo los casos en que carecemos del dato de la edad, en la mayoría de muertes bajo custodia, la franja de 15 a 25 años es la más afectada durante la gestión Milei, y representa el 40% del total, seguida por el 28% entre 26 y 35. Niños y niñas de menos de 14 años representan el 5% y las personas de 36 a 45 años, el 17%”.
“Esto -denuncian desde CORREPI- no puede desvincularse del intento de profundizar la represión contra las personas más jóvenes, con el proyecto de baja de la edad de punibilidad de niñas y niños, a la vez que se eliminan las políticas de cuidados sobre esa misma vulnerable franja etaria”.
El informe completo se puede consultar acá.
Portada: Archivo (2019)
