Redacción Canal Abierto | A través del Decreto 219/2026, el Gobierno dispuso un anticipo financiero por 400 mil millones de pesos a un conjunto de provincias, en una medida publicada en el Boletín Oficial.
Las jurisdicciones alcanzadas por la asistencia son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Todas ellas, clave en las negociaciones que tiene por delante el oficialismo en el Congreso.
Según la normativa, se trata de fondos que deberán ser reintegrados dentro del corriente año, con una tasa del 15%, lo que configura un esquema de financiamiento de corto plazo para administraciones provinciales que ya vienen tensionadas por la caída de recursos y la recesión económica.
Eso sí, las provincias deben autorizar a Nación a realizar retenciones automáticas sobre los fondos de la coparticipación federal (Ley N° 23.548) hasta cubrir el total del capital e intereses.
A principios de marzo, previo debate por la reforma laboral, Caputo también benefició con $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional a seis de estas provincias, cuyos mandatarios habían garantizado votos, quórum o ausencias estratégicas para la aprobación del polémico proyecto..
Al igual que sucediera un mes atrás, ahora también quedaron fuera Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tres provincias más importantes en cuanto a cantidad de habitantes.
El anticipo se presenta como una herramienta para atender “dificultades financieras transitorias”, pero su implementación coincide con una semana clave en la agenda legislativa del oficialismo: en Diputados se prevé el tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que genera fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental y por los intereses extractivos en juego; en paralelo, el Ejecutivo busca avanzar con los pliegos de jueces impulsados por el ministro de Justicia, y más adelante con el paquete normativo de ajuste conocido como “Ley Hojarasca”.
En ese marco, la transferencia de fondos abre interrogantes sobre su dimensión política. Gobernadores de distintas extracciones partidarias han sido señalados como actores clave para garantizar quórum y mayorías en votaciones sensibles, en un Congreso donde el oficialismo no cuenta con números propios.
No es la primera vez que mecanismos de este tipo son utilizados para ordenar apoyos legislativos, pero en el actual contexto adquieren una densidad particular- La combinación de ajuste fiscal, recorte de transferencias discrecionales y caída de la actividad económica ha dejado a muchas provincias en una situación crítica.
Desde algunas gobernaciones evitaron pronunciamientos públicos sobre el anticipo, mientras que otras destacaron la necesidad de contar con liquidez para afrontar gastos corrientes. Sin embargo, en los pasillos del Congreso la lectura es más directa: los fondos llegan en el momento justo en que el Gobierno necesita votos.
