Redacción Canal Abierto | El abogado Rodolfo Yanzón, representante del perseguido político chileno Galvarino Sergio Apablaza Guerra, de 75 años, presentó esta mañana una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas solicitando su inmediata intervención para frenar el ilegal proceso de detención con fines a extradición dictado en su contra en la República Argentina, lo que, de concretarse, “configuraría un daño irreparable para la víctima”, sostiene.
El miércoles, la policía allanó la casa del ex dirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez -que vive en Buenos Aires y tiene familia argentina hace más de tres décadas-, pero no lo encontró. El gobierno de Milei ofrece recompensa para quien brinde información que colabore con la cacería.
Se trata de un caso que se reedita constantemente con gobiernos de derecha, que ya tuvo su versión Macri-Piñera y que ahora se renueva con las actuales administraciones nacionales.
El jurista, que tiene gran trayectoria como abogado querellante en juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina, alerta que dados los profusos pronunciamientos por parte de los gobiernos chileno y argentino “que criminalizan (condenan) a Apablaza de manera anticipada a cualquier condena judicial, se puede inferir que su extradición responde a cuestiones políticas y que, eventualmente, cualquier proceso judicial en su contra carece de garantías de debido proceso”.
“En virtud de la gravedad del asunto, la urgencia dada por la inminente detención con fines de extradición de Galvarino Apablaza y el riesgo de daño irreparable configurado, no sólo por las condiciones a las que sería sometido en caso de ser extraditado dadas por la expectativa de prisión de por vida, sino también por la avanzada edad del demandante y su delicado estado de salud, solicitamos que de manera cautelar se ordene al Gobierno argentino se abstenga de enviarlo a Chile por el riesgo evidente de sufrir tortura y penas crueles, hasta tanto se resuelva en sede judicial el recurso de queja pendiente y se analicen adecuadamente las condiciones en que se encontraría en caso de ser devuelto a su país de origen, conforme los términos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura”, sostiene uno de los fundamentos del texto de 11 páginas.
Apablaza Guerra fue uno de los jefes de la resistencia contra la dictadura de Augusto Pinochet que, en 2004 fue detenido en la Argentina, donde formó una familia y se estableció por décadas, a resguardo de la persecución política que lo afecta en Chile desde el mismo momento del golpe de Estado que derrocó al Presidente Salvador Allende. Sin pruebas, en su país de origen lo acusan de asesinato y secuestro, lo que ha desatado una cacería en su contra desde hace 35 años y motivó que en 2005 el juez federal Claudio Bonadío rechazara un pedido de extradición y en 2010 fuera reconocido como refugiado político con la opinión favorable de ACNUR.
En 2017 el gobierno de Mauricio Macri intentó cesar dicho reconocimiento sin mayores argumentos que la presentación de Apablaza ante el Consulado chileno para denunciar el proceso de secuestro, torturas y desaparición al que fue sometido entre 1974 y fines de 1975. Pero la cesación de la condición de refugiado de Apablaza Guerra “no está firme, ya que se ha presentado un recurso de queja para que sea la Corte Suprema la que analice la procedencia del recurso extraordinario federal y, por lo tanto, las cuestiones de derecho planteadas por Apablaza”, dice la denuncia presentada hoy.
A pesar de ello, los abogados manifiestan que “el Estado argentino por sus comunicaciones públicas, su presentación en el expediente de extradición con el pedido de allanamiento y detención de Apablaza y la difusión de la recompensa monetaria a cambio de información dan cuenta del apartamiento de sus obligaciones de no devolución previstas en el artículo 3 del Convención contra la Tortura, y los expresos términos del artículo 7 de la ley de refugiados, 26.1656 , que son una derivación de aquél artículo 3 de la Convención Contra la Tortura”.
Según sostiene Yanzón “el trámite de extradición debe ser nuevamente solicitado por Chile, ya que de acuerdo con el artículo 15 de la ley de refugiados 26.165 de Argentina, el iniciado en el año 2004 se encuentra cerrado”. Los abogados argumentan que el artículo 15 de la ley 26.165 establece que “El reconocimiento de la condición de refugiado tendrá el efecto de terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado contra el refugiado a petición del gobierno del país de su nacionalidad o residencia habitual”.
El hecho de que en la actualidad la cesación de la condición de refugiado se encuentre debatida judicialmente, no garantiza en sí la protección del militante en tanto en 2024 el Gobierno de Argentina modificó, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia la ley 26.165 de protección de refugiados. Con esa medida estableció que la interposición de recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación no suspende los efectos de la decisión recurrida por lo que, en el estado actual de las cosas, el Estado podría alegar esa norma para ejecutar la extradición.
En la denuncia ante el organismo internacional se plantea que la decisión de avanzar con la extradición de Apablaza Guerra cuando existen recursos pendientes, “es incompatible con la Observación General número 4 del Comité que consideró que los Estados deben “velar por que la persona pueda ejercer su derecho a recurrir la orden de expulsión ante un órgano administrativo y/o judicial independiente dentro de un plazo razonable a partir de la notificación de la orden, y porque la interposición de un recurso tenga efecto suspensivo sobre la ejecución de la orden”.
Agrega que también lo es respecto de las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que “en su nota de Orientación sobre la extradición y la protección internacional de los refugiados indica que “el principio de no devolución (non-refoulement) del derecho internacional de los refugiados continúa actuando como una prohibición a la extradición hasta que se haya tomado una decisión final de cancelar o revocar la condición de refugiado”.
En el texto recuerdan que en 2018, Ricardo Palma Salamanca -ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, condenado por los casos por los que se acusa a Apablaza Guerra y fugado de la penitenciaría chilena en 1996- fue reconocido como refugiado político en Francia en los términos de la Convención Internacional de Refugiados, “entre otros motivos porque fue torturado al momento de ser detenido en 1991 y su declaración extrajudicial extraída en tales circunstancias fue tomada como elemento de cargo contra otros militantes”.
Por tanto, el abogado argentino reclama de modo “imperativo otorgar medidas de protección en favor de Apablaza Guerra, ordenando al Estado argentino se abstenga de hacer lugar la extradición hasta tanto se resuelva el trámite de asilo y se analice la aplicabilidad del principio de no devolución”.
El caso
Apablaza llegó con su esposa a Argentina en 1993, donde tuvieron tres hijos. Fue detenido en 2004 por orden de la justicia chilena, pero los tribunales locales rechazaron su extradición y fue liberado un año después. En 2010 la Comisión Nacional de Refugiados le otorgó refugio político. El Gobierno de Macri le retiró la protección y, en enero de este año, la Cámara de Apelaciones rechazó su petición.
El presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, realiza hoy su primera visita oficial a la Argentina y el gobierno de Milei esperaba entregarle a Apablaza como presente de bienvenida.
Apablaza está acusado en Chile como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI (un partido de la derecha tradicional que apoyó a Pinochet), mentor y amigo de Kast. De hecho, el actual mandatario trasandino inició su carrera política en La Unión Democrática Independiente, hasta que en 2016 armó su propio espacio.
Según señala el diario El País, Kast realizó a una gira a Europa en febrero, a un mes de asumir la presidencia, para participar en el Parlamento Europeo, en Bélgica, en un cumbre organizada por la Red Política de Valores, un foro de ultraconservadores, y allí recordó en su discurso a Guzmán: “Defender la libertad, y lo digo por amigos míos que han sido abatidos, como fue el senador Jaime Guzmán en mi nación, que por defender las ideas con su voz fue abatido por las balas terroristas; siempre hay alguien que levanta la bandera de la libertad”.
Otros exguerrilleros del FPMR acusados por el asesinato de Guzmán, Ricardo Palma Salamaca y Raúl Escobar Poblete, Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro, se fugaron en 1996 en un helicóptero desde la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago.
Palma estuvo prófugo por 22 años, y en 2018 consiguió asilo político en Francia.
Escobar está en un penal en México, sentenciado a 60 años por un secuestro.
Hernández Norambuena está detenido en un penal de máxima seguridad en Santiago: en 2019 fue extraditado desde Brasil, donde cumplía una condena por el secuestro en 2001 del empresario publicista Washington Olivetto, hecho por el cual también fue detenida Karina Germano, alias “La Galle”, hija de desaparecidos e integrante de H.I.J.O.S. en Argentina.
Durante el fin de semana, el ministro del Interior de Kast, Claudio Alvarado, de la UDI, calificó como “una noticia muy lamentable” que Apablaza no fuera capturado, “especialmente en un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del exsenador Guzmán”.
