Por Diego Leonoff | “Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver”. En boca de Donald Trump, más que exabrupto aislado, representa el espíritu de una época y la posibilidad de un exterminio masivo como herramienta de política exterior.
Es, también, el reconocimiento de posibles crímenes de guerra y el impúdic exhibicionismo de quien inició esta escalada junto al último perpetrador de un genocidio, el Estado de Israel.
No se trata sólo de una amenaza militar más, sino del corrimiento de lo que hasta hoy parecía ser una frontera para la humanidad: la destrucción de una sociedad entera como desenlace concebible, incluso deseable.
Es cierto, no es la primera vez que Trump amenaza o alardea con su poderío bélico. Desde su segunda llegada a la Casa Blanca, nos acostumbramos a leer y escuchar advertencias de escalada contra Venezuela, Colombia, Dinamarca (por Groenlandia), China, México y hasta incluso sus aliados europeos.
Salvo el secuestro de Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense siempre ejecutó menos de lo que amenazó. Esto, sin embargo, no reduce su peligro: por el contrario, contribuyó a naturalizar un lenguaje extremo que corre los límites de lo tolerable y prepara el terreno para que, eventualmente, deje de ser sólo retórica.
La historia reciente ofrece demasiados ejemplos de cómo estos discursos anticipan catástrofes concretas. La Invasión de Irak de 2003 inauguró un ciclo de intervenciones justificadas en nombre de la seguridad que derivaron en destrucción masiva y desestabilización regional. Más cerca en el tiempo, el calvario palestino volvió a mostrar hasta qué punto la comunidad internacional tolera -o incluso legitimar- la devastación sistemática de una población civil.
En ese contexto, la frase de Trump deja de ser un exabrupto para inscribirse en una matriz más amplia: la aceptación, cada vez más explícita, de la violencia extrema como instrumento político. La diferencia es el grado de crudeza: ya no recurre a eufemismos como “daños colaterales”. Se amenaza directamente con la desaparición de una nación.
Este corrimiento del lenguaje no es inocuo. Supone una erosión de los marcos normativos que, al menos en el plano formal, regulan la guerra y protegen a la población civil. Cuando la aniquilación se vuelve enunciable, el derecho internacional queda reducido a una formalidad vacía.
El alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos y sus principales aliados en Medio Oriente introduce un elemento adicional a tomar nota. Las recientes declaraciones y gestos diplomáticos del Ejecutivo argentino sugieren una disposición a involucrarse en conflictos externos, rompiendo con una tradición histórica de relativa neutralidad.
Argentina ha sostenido, con matices, una política exterior que evitó su participación directa en guerras fuera de la región. Hoy, ese principio aparece tensionado. De hecho, en el Congreso, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina recibió un proyecto para declarar al país como “no beligerante”, una señal de alarma frente a la posibilidad —cada vez menos abstracta— de un involucramiento indirecto en escenarios de guerra.
Los riesgos de ese alineamiento son múltiples. No sólo en términos geopolíticos, sino también en el plano interno: subordinar la política exterior a los intereses de una potencia que no duda en amenazar con el exterminio implica aceptar, de manera implícita, una lógica que choca con los principios más elementales del derecho internacional y los derechos humanos.
Calificar el mensaje de Trump como lo que es –la amenaza de un genocidio y, por tanto, de un posible crimen de guerra— no es un ejercicio retórico simbólico: cuando el lenguaje se vuelve vehículo de la barbarie, el silencio o la indiferencia no son neutrales.
