Redacción Canal Abierto | En audiencia judicial, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) ratificó y amplió la denuncia penal contra la senadora Flavia Royón y denunció penalmente al secretario de Minería de la Nación Luis Lucero por incompatibilidad en el cumplimiento de sus deberes como funcionario público. En este caso, sostienen, el conflicto de intereses se debe a la directa intervención en asuntos que benefician a empresas con las que tuvo vínculos previos.
La presentación de la AAdeAA expone cómo un entramado de funcionarios, abogados corporativos, consultores y legisladores ligados al sector minero promueven y favorecen el vaciamiento de la Ley de Glaciares mientras ejercen el doble rol estatal/privado de manera ilegal. Es el caso de los nombrados, la senadora Royón y el secretario Lucero, abonados a la puerta giratoria entre la actividad privada y la administración pública.
Un prontuario prominero
Lucero formó parte del estudio Marval O’Farrell Mairal donde asesoró a empresas mineras del rubro como Xstrata, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Vale, Cameco Corporation, Silver Wheaton, Hochschild Mining, Denison Mines, Andean Resources, Pan American Silver y Newmont.
Intervino en Bajo La Alumbrera, Cerro Vanguardia y en numerosas operaciones de fusiones, adquisiciones de empresas y compraventa de activos del sector, incluyendo la venta por Rio Tinto a Vale del proyecto Potasio Río Colorado y la adquisición de Andean Resources (Proyecto Cerro Negro) por parte de Goldcorp.
El secretario se excusó oficialmente mediante la Resolución 630/2025 del Ministerio de Economía (14/05/2025), en la que reconoce haber sido “asesor legal externo y/o miembro del directorio” de las empresas mineras “Glencore Pachón S.A., Minera Alumbrera Limited, Minera Agua Rica (MARA), MIM Argentina S.A. y MIM Argentina Exploraciones S.A.”. A pesar de ello, intervino activamente en la construcción de la modificación regresiva de la Ley de Glaciares que favorece directamente a sus clientes y asociados.
La denuncia expone cómo la excusación fue apenas declarativa: el secretario reconoce sus vínculos con esas compañías y, de todos modos, actúa en el proceso para remover obstáculos legales para esos intereses.
Con su accionar, sostiene la denuncia, amplía el margen de habilitación para proyectos mineros en zonas que antes se encontraban prohibidas, flexibilizando la norma, por pedido expreso de las propias empresas mineras que ahora pusieron a sus asesores y directivos en el Estado justamente para destruir la normativa que protege a los glaciares.
Hechos
Lucero “participó en reuniones con legisladores, expuso argumentos técnicos, contribuyó a delinear el sentido de la modificación normativa y se posicionó públicamente a favor de su aprobación. No firmó el dictamen ni levantó la mano en el recinto, pero su intervención se ubicó en el lugar donde se construyen las decisiones: el de la influencia previa, el de la ingeniería política del proyecto”, expone el escrito de la AAdeAA.
Según el sitio web del Senado, el 17 de diciembre de 2025, el secretario de Minería de la Nación participó como expositor de las reuniones plenarias de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presididas por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), respectivamente, quienes se reunieron en plenario para dar inicio al debate del proyecto de ley que modifica la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
Respecto a la intervención de Lucero en la redacción del texto “reformado”, la AAdeAA denuncia que estuvo muy lejos de ser “inocua. La reforma en cuestión no es un ajuste menor, sino un cambio de criterio que redefine el alcance de la protección sobre el ambiente glaciar y periglacial. Allí donde antes operaba una restricción amplia, ahora se introduce una lógica inaceptable, violatoria de nuestra Constitución, dado que es más flexible que su antecesora y se basa en la evaluación de la “función hídrica” determinada por supuestos “estudios científicos” que contratan las propias mineras y que luego aprueban las provincias”, explica el texto de la denuncia.
Dicho cambio normativo tiene beneficiarios bien identificados. Como, entre otros, el proyecto El Pachón, en San Juan, controlado por Glencore, empresa a la que asesoró y una de las mencionadas en su excusación frente al Ministerio de Economía. Este desarrollo, emplazado en alta cordillera, ha estado históricamente condicionado por la normativa de protección de glaciares.
Otra iniciativa favorecida, si finalmente el cambio normativo avanza, es el proyecto MARA, en el que también tuvo participación y por el que se excusó en la Resolución citada. “Sin margen de dudas el Secretario de Minería de la Nación se interesó y participó activamente en cuestiones estatales que representan un beneficio propio o de un tercero, en el caso las empresas mineras en las que se desempeñó o desempeña en el sector privado”, concluye el escrito de los abogados ambientalistas.
“La Ley de Glaciares protege fuentes de agua a lo largo del país y fija un piso mínimo a las actividades que pueden realizarse en territorios sensibles a lo largo de toda la cordillera. Estas fuentes de agua tienen aportes en territorio donde habitan más de 7 millones de personas. Debilitar su protección y fragmentar los controles para habilitar proyectos mineros destructivos es un rumbo con consecuencias irreversibles”, sostiene Enrique Viale, presidente de AAdeAA.
Audiencia en Diputados
Este martes 7 de abril, en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el oficialismo logró obtener el dictamen para someter a votación la reforma de la Ley de Glaciares. En la audiencia participaron funcionarios nacionales y provinciales vinculados a la minería y, supuestamente, a la protección del ambiente como el subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom -un administrador de Empresas sin ningún tipo de formación en la materia-, que esgrimió un discurso negacionista del cambio climático.
El secretario de Minería Lucero defendió la propuesta ante diputados de la oposición que lo cuestionaron por las posibles consecuencias ambientales y la constitucionalidad de la reforma regresiva. La diputada del FIT Myriam Bregman lo interpeló citando la denuncia de la que venimos hablando: “El señor Lucero fue denunciado hoy por la AAdeAA (…). Cuando hoy lo vemos acá exponer como un funcionario imparcial que nos cuenta las bondades de la ley, la verdad es que es una afrenta. No se puede discutir una ley con quien viene a representar a las mineras directamente, no cuidan ni las formas”.
Bregman, también cuestionó el funcionario se defendió destacando su experiencia y negando el conflicto de intereses. “No tengo nada de qué arrepentirme, estoy orgulloso de decir que he trabajado para mineras”, le respondió a la legisladora del FIT.
