Redacción Canal Abierto | Bajo el rótulo de “inviolabilidad de la propiedad privada”, el oficialismo busca avanzar en el Senado con un paquete normativo que, lejos de limitarse a reforzar garantías jurídicas, introduce cambios de fondo en el régimen de tierras, vivienda y bienes públicos.
En conjunto, la llamada “Ley Sturzenegger” configura un cambio de paradigma: de una concepción de la propiedad atravesada por límites, obligaciones y función social, a otra que la concibe como un derecho prácticamente absoluto, con menor capacidad de intervención estatal. El debate en el Senado, así, no sólo gira en torno a una reforma legal, sino a la redefinición de quiénes pueden acceder, controlar y disponer del territorio en la Argentina actual.
Mientras el oficialismo busca acelerar su tratamiento en comisiones, crecen las advertencias sobre los efectos de una norma que, bajo la promesa de seguridad jurídica, podría consolidar nuevas formas de desigualdad y desposesión.
Familias humildes, ¡AFUERA!
Uno de los ejes más controvertidos es la instauración de desalojos exprés. El proyecto reduce drásticamente los plazos judiciales, habilita medidas anticipadas sin sentencia firme y elimina requisitos que hoy operan como resguardo para inquilinos y ocupantes.
En un contexto de deterioro de ingresos y crisis habitacional, organizaciones sociales advirtieron que la reforma podría traducirse en una ola de expulsiones sin instancias reales de defensa, consolidando un esquema que prioriza la rapidez del proceso por sobre las garantías.
Argentina, de remate
Por otra parte, según analiza el Observatorio de Tierras, el proyecto introduce mecanismos para facilitar la enajenación de activos estatales al reforzar la protección de los derechos adquiridos por compradores privados. Este “blindaje” jurídico podría dificultar futuras revisiones o reversión de privatizaciones, incluso en casos donde se verifiquen irregularidades o impactos negativos para el interés público.
En paralelo, incluye una reforma de la Ley de Tierras Rurales que abriría la puerta a una mayor extranjerización. Al eliminar o flexibilizar los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, la iniciativa desarma uno de los pocos instrumentos regulatorios orientados a preservar el control nacional sobre recursos estratégicos.
En enero de este año, el mismo Observatorio de Tierras había revelado que más de 13 millones de hectáreas del territorio argentino -equivalente al 5 por ciento de la superficie nacional- están bajo control de propietarios foráneos.
Los focos críticos de concentración se identifican en regiones consideradas estratégicas por recursos naturales y logísticos, como zonas con acceso a agua dulce, acuíferos, corredores fluviales y potencial minero.
En este sentido, especialistas que expusieron en el Senado remarcaron que no se trata sólo de una cuestión de inversiones, sino de soberanía territorial y capacidad de decisión sobre el uso del suelo.
La eliminación de herramientas clave —como la suspensión de desalojos en barrios populares y la declaración de utilidad pública de las tierras— implica, en la práctica, un retiro del Estado de los procesos de regularización y urbanización. Con millones de personas viviendo en condiciones precarias, este cambio podría profundizar la fragmentación social y urbana.
Que el fuego sea negocio
A esto se suman modificaciones en materia ambiental, particularmente en la Ley de Manejo del Fuego. La reducción de restricciones para el uso de tierras incendiadas reabre la posibilidad de cambios de destino a corto plazo, un punto que organizaciones ambientalistas vinculan con la especulación inmobiliaria y el avance de actividades extractivas sobre áreas degradadas.
