Por Gladys Stagno | Con la propaganda de combatir las “falsas denuncias”, la senadora nacional Carolina Losada impulsa un proyecto de ley que ya cuenta con dictamen de comisión en la Cámara Alta y, según alertan desde varios sectores, podría resultar en una protección judicial para abusadores y pedófilos.
“Estamos muy preocupados porque se criminalice a las denunciantes y, por lo tanto, se proteja a los agresores y abusadores. Las denuncias salvan vidas, lo que quieren es que no denunciemos”, aseguró Julia Martino, integrante de Incidencia feminista en el comienzo del conversatorio “Derecho a la voz” que organizaciones feministas, de derechos humanos y del ámbito jurídico realizaron junto a senadoras y senadores en la tarde de este martes.
Falsas denuncias o faltan denuncias
La iniciativa que preocupa propone reformar el Código Penal para agravar las penas por falsas denuncias, falso testimonio y encubrimiento en casos vinculados a violencia de género, delitos contra la integridad sexual y contra niñas, niños y adolescentes.
Justo es decir que el Código Penal ya sanciona a quienes emiten falsos testimonios, por lo que este proyecto no sólo no viene a llenar ningún vacío legal, sino que apunta en específico a las denuncias por violencia de género.
“Lo falso es el problema que quieren construir, porque las falsas denuncias no son ningún problema en la Argentina. Esto obedece a una perspectiva política afín a lo que viene instalando el gobierno nacional desde la presidencia de Javier Milei: que la violencia por motivos de género no existe”, afirmó Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.
Los números apoyan sus dichos: según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en la Dirección Nacional de Reincidencias de las 23.419 sentencias condenatorias que se dictaron en 2023, los casos de falsas denuncias y falsos testimonios —en todas las modalidades—fueron 60, el 0,25% del total.
Como contraparte, y según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las 228 víctimas de femicidio en 2024, sólo el 18% de las mujeres asesinadas habían denunciado previamente al victimario (que ya conocían, en el 86% de los casos).
¿En qué quedamos?
Durante el conversatorio, Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), planteó que la iniciativa se trata de “una mala respuesta a un problema mal formulado”.
“El problema real no son las falsas denuncias, es que la Justicia no resuelve los conflictos que le son llevados. En estos temas, generalmente, tarda arriba de una década. Ninguna madre protectora ganó nada en ese camino. Este proyecto no le da una respuesta a nadie”, detalló.
Y recordó que, hace menos de tres años, este mismo Congreso aprobó la Ley Lucio, que obliga a los profesionales a denunciar cualquier situación de abuso o violencia que pueda llegar a su conocimiento: “Pero, si alguien después argumenta que fue una falsa denuncia porque no se avanza en la prueba, eventualmente ese profesional corre el riesgo de ser denunciado. ¿En qué quedamos?”.
En el mismo sentido, Ileana Arduino, abogada de INECIP, recordó que —como se trata de casos de la esfera privada, donde las personas denunciadas a menudo son del círculo íntimo de la víctima—, las mujeres denunciantes suelen referir el proceso judicial “como un calvario”, durante el que son sometidas a múltiples pericias de credibilidad. Tanto, que el nombre que tiene en los organismos internacionales es el de “ruta crítica”. “El tránsito por el sistema de Justicia no es un tránsito amable. Sumarle, además, la preocupación de ser acusada de falsa denuncia frente a cada alegación es una medida dirigida a aniquilar la posibilidad de romper el silencio”, agregó.
Los datos demuestran que no es fácil. De acuerdo a estadísticas difundidas por el exjuez Carlos Rozanski, sólo el 10% del total de delitos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes se denuncia. Y, de ese porcentaje, menos del 0,1% se termina esclareciendo. En otras palabras: de cada 1.000 casos denunciados, solo 1 obtiene justicia.
Infancias en peligro
En un contexto donde denunciar ya implica atravesar múltiples barreras —materiales, simbólicas, económicas, emocionales—, los organismos manifiestan que este proyecto “reduce la capacidad de protección del Estado frente a la violencia y el abuso”, al mismo tiempo que contradice los marcos normativos y constitucionales, y los tratados internacionales a los que Argentina adhiere.
“Se afirma una epidemia de falsas denuncias pero no hay ninguna estadística que lo demuestre ni organismo oficial que lo produzca. Se construye en base a dos o tres casos mediáticos y escandalosos —detalló Arduino—. Semanalmente, asistimos a la presentación de hijos o hijas retractados de denuncias de hechos espantosos, y esta operación mediática está instalando la idea de que una retractación es igual a una mentira. Pero la evidencia demuestra que las retractaciones son situaciones de extrema complejidad que en muchos casos tienen que ver con la falta de asistencia psicológica, la pervivencia en el vínculo violento y el descreimiento social”.
En tanto, Daniela Dosso, contó: “Las madres protectoras ya estamos judicializadas. En la mayoría de los casos estamos contradenunciadas, porque esa es la estrategia de los abogados defensores de los agresores. Si este proyecto sale nosotras vamos presas y nuestros hijos van de nuevo a la sala de torturas con sus abusadores”.
“No son falsas denuncias, es encubrimiento judicial, articulado por agentes de la Justicia, grupos antiderechos y agresores sexuales, que muchos de ellos también están dentro del negocio de la pedofilia”, sentenció.
Otra vez, los números la respaldan: estadísticamente, las defensas de los acusados argumentan que las denunciantes son mentirosas (sobre todo cuando éstas son mujeres) en porcentajes superiores al 60% o 70%.
Debate obturado
La reunión, en el Anexo del Senado, convocada por el senador Carlos Linares, se dio en el marco de un silenciamiento generalizado de las voces antagónicas al proyecto.
“A la oposición (el oficialismo) no nos da participación en las comisiones, no podemos ni firmar un despacho en disidencia”, aseguró la senadora Juliana Di Tullio. Y agregó: “Los senadores y senadoras estamos aterrados de que este proyecto avance. Es la primera vez que siento miedo de que aprueben una cosa que no sé si tiene vuelta atrás”.
Desde la cartera de Género bonaerense —junto con las de Córdoba, Tierra del Fuego, La Pampa, Catamarca, Jujuy y La Rioja— acercaron una declaración conjunta a los senadores rechazando la iniciativa. En ella resaltaron que, de aprobarse, constituiría “una situación de silenciamiento” para lo que llamaron “el eslabón más débil”: los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
“Es un camino de impunidad, un posicionamiento político antiderechos”, resumió Díaz.
Conversatorio en el Senado:
