Redacción Canal Abierto | Más de 850 mil firmas acompañan un amparo colectivo presentado ante la Justicia federal para frenar la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno de Javier Milei. La demanda pide su inconstitucionalidad y la suspensión inmediata.
Impulsan la acción organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina, junto a asambleas territoriales y colectivos ciudadanos de distintas provincias.
El volumen de adhesiones no apareció de la nada: Durante el tratamiento parlamentario ya se habían expresado críticas por la falta de participación y la opacidad del debate.
La presentación se realizó en La Pampa, una provincia sin glaciares pero atravesada por las consecuencias de cualquier alteración en las cuencas cordilleranas. El argumento apunta a mostrar que el impacto es nacional.
La reforma impulsada por Javier Milei, pero a medida de las grandes mineras, sustituye los artículos 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, e incorpora un art. 3° bis.
Entre los principales cambios, la modificación establece que las provincias serán la autoridad de aplicación final para proteger glaciares y los ambientes periglaciares. La versión original, en cambio, planteaba que era el Gobierno nacional el encargado de hacer cumplir esta ley de presupuestos mínimos en coordinación con las provincias, y que el encargado de delimitar las zonas de protección era el Instituto de Nivología y Glaciología (Ianigla), un organismo científico-técnico dedicado al estudio de la criósfera.
La ley sancionada en 2010 establecía una protección integral de glaciares y ambientes periglaciares, con prohibiciones explícitas a actividades extractivas que pudieran afectarlos.
Ese esquema cambia con la reforma, donde se reduce el alcance de la protección y redefine qué áreas quedan resguardadas.
Entre los puntos más cuestionados aparece la noción de “función hídrica relevante”, señalada como ambigua y abierta a interpretaciones discrecionales. También se amplía el margen de decisión de las provincias. Para los demandantes, esto debilita el sistema de presupuestos mínimos que debería garantizar el Estado nacional.
Es por todo esto que el amparo invoca el principio de no regresión ambiental, y sostiene que la norma retrocede respecto de niveles de protección ya consolidados.
Más de 100 mil personas se inscribieron para participar en audiencias públicas durante el debate legislativo, pero no pudieron intervenir. Esa exclusión es leída como una vulneración del derecho a la participación. Las organizaciones también señalan posibles incumplimientos del Acuerdo de Escazú.
En la demanda aparece otro actor: el sector minero. Se denuncia que la reforma responde a presiones empresariales para avanzar sobre zonas antes protegidas.
Los riesgos ambientales se concentran en el agua: la posible contaminación de fuentes dulces es uno de los puntos más sensibles en un contexto de crisis climática. No es un impacto abstracto. Actividades productivas como la agricultura dependen directamente de esos recursos hídricos.
También se anticipan conflictos ante la expansión de proyectos extractivos en territorios cordilleranos podría profundizar tensiones con comunidades locales.
El planteo judicial se apoya en la Constitución Nacional, donde se establece el derecho a un ambiente sano. A eso se suman compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia ambiental. Según los demandantes, la reforma los contradice.
Desde el Gobierno, la defensa se centra en la necesidad de atraer inversiones y aumentar exportaciones mineras.
Sin embargo, la discusión de fondo excede esta ley y vuelve a poner en tensión el modelo extractivo frente a la protección de bienes comunes.
Ahora la resolución está en manos de la Justicia, que deberá definir el alcance real de la reforma. Mientras tanto, la magnitud de la convocatoria ya marca un precedente. Lo concreto es que la disputa por los glaciares se instaló con fuerza en la agenda pública, algo que pareciera llegó para quedarse.
