Por Gladys Stagno | Este jueves, en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Javier Milei anunció una nueva reducción de retenciones para el agro y adelantó que el mismo camino alcanzará más adelante a las industrias automotriz, petroquímica y de maquinaria.
Si tomada de forma aislada la medida parece tener un costo fiscal moderado —las primeras estimaciones ubican el impacto inmediato sobre la recaudación de 2026 entre US$ 30 y US$ 45 millones—, el anuncio no se inscribe en hoja en blanco.
Según cálculos difundidos por Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sólo en lo que va del año el Estado ya resignó recursos millonarios a fuerza de exenciones y reducciones tributarias al complejo agroexportador, que le fueron quitados a los sectores más sensibles de la economía.
“En el primer cuatrimestre de 2026, la recaudación por Derechos de Exportación cayó 37,5% frente a 2025, lo que equivale a $1.172.838 millones a precios constantes de abril de 2026. Esto es explicado fundamentalmente por la baja en las retenciones formalizada en julio 2025. Lo que se dejó de recaudar equivale a 2,51 veces el ajuste aplicado a las Universidades Nacionales, que acumulan una reducción de 28,9% desde 2023 ($465.989 millones de precios constantes de abril 2026)”, asegura Letcher en su cuenta de X.
¿De cuánto hablamos?
Este nuevo regalo al campo se da en un contexto que el Gobierno estima favorable. Según asegura La Nación, el oficialismo entendió que había que avanzar ahora, que el sector agroexportador está de parabienes. Tanto que, según las proyecciones de la consultora ABECEB, en 2026 las exportaciones argentinas alcanzarán un nivel récord histórico de US$ 94.400 millones.
Para enfatizar el guiño al sector, ante los empresarios cerealeros Milei calificó como “imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas” y denunció que existió “un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.
Luego detalló que los derechos de exportación para trigo y cebada pasarán del 7,5% al 5,5% desde junio. Para la soja se anunció una baja gradual entre 2027 y 2028, con reducciones mensuales de entre 0,25 y 0,50 puntos porcentuales. Finalmente, prometió avanzar para que las retenciones en automotriz, petroquímica y maquinaria “vayan a cero”.
Equilibrio fiscal a cualquier precio
La pregunta que se impone es sobre los costos de la medida, y la respuesta está a la vista. Gracias a los beneficios impositivos, la bonanza exportadora no se ha traducido en recaudación. Según datos oficiales y estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional acumula una caída real de entre 3,8% y 4,1% interanual y registra nueve meses consecutivos de retroceso ajustado por inflación.
En paralelo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) significará US$ 1.069 millones en beneficios fiscales para las empresas beneficiarias, lo que impedirá que el Estado recaude U$S 545 millones sólo de Impuesto a las Ganancias. Curiosidad: la mayoría de los doce proyectos aprobados ya habían sido anunciados antes de que se aprobara el RIGI, así que el perdón impositivo fue de yapa.
Con menos dinero ingresando —y amparado en el dogma del “equilibrio fiscal” inquebrantable—, el Gobierno entiende que lo único que puede hacer es ajustar el gasto público.
Fiel a esta lógica, en el Boletín Oficial el 11 de mayo de 2026 publicó la Decisión Administrativa 20/2026 por la que recortó más de $970 mil millones a provincias y municipios (en transferencias y obra pública), más de $78 mil millones en educación, más de $63 mil millones en salud, más de $46 mil millones a las Fuerzas Armadas, y más de 2.500 millones a el mantenimiento de Parques Nacionales.
