Redacción Canal Abierto | Más de 3.700 adhesiones -entre organizaciones, docentes, académicos e integrantes del ámbito científico y educativo- firmaron una carta abierta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) pidiendo que se expida de manera urgente en la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente —Ley 27.795—, ante la grave crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público argentino. La demora en resolver esta situación sigue profundizando el deterioro del derecho a la educación y afectando el funcionamiento de las instituciones universitarias, las condiciones laborales de docentes y nodocentes, y el acceso efectivo de estudiantes a una educación pública en todo el país.
Tal como expresa la carta, la Corte Suprema tiene la oportunidad de reafirmar algo tan básico como fuertemente necesario en este contexto: que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley y que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable.
Cada día que pasa sin que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario profundiza una doble crisis: vulnera el derecho a la educación de cientos de miles de personas y debilita las bases republicanas de la Constitución.
Aquí, el formulario para participar
Un presupuesto crítico
Entre 2023 y 2025, el área de Educación y Cultura sufrió una reducción presupuestaria del 58,11%, el mayor recorte porcentual de toda la administración pública nacional. En este contexto, la Ley 27.795 ordena la recomposición salarial, la actualización de los programas de becas estudiantiles y la actualización de partidas presupuestarias universitarias conforme al índice de precios al consumidor.
Tras el veto total del Poder Ejecutivo Nacional, ambas cámaras del Congreso insistieron con las mayorías especiales previstas por la Constitución Nacional, otorgándole plena vigencia a la norma. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025.
Sin embargo, el Ejecutivo no puede suspender unilateralmente una ley vigente ni evadir su obligación constitucional de cumplirla. La decisión de no ejecutar la Ley de Financiamiento Universitario desconoce al Congreso, afecta la división de poderes y pone en riesgo el derecho a la educación pública.
“El presupuesto público expresa las prioridades del Estado y constituye una herramienta central para cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, es imperativo que la Corte Suprema ejerza su rol como garante último del orden constitucional y ordene el cumplimiento efectivo de la ley”, expresa el texto elevado al máximo tribunal.
Algunas firmas
Amnistía Internacional
Abogadas y abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, ANDHES
Asociación Civil Consciente Colectivo
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Metropolitana de Equipos de Salud (AMES)
Asociación Civil La Hoguera
Asociación Civil Palabras
Asociación Pensamiento Penal
Cadem (Centro de atención integral de adolescentes embarazada y madre Obispado de Viedma
Campaña argentina por el derecho a la educación (CADE)
Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES)
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Derechos de Infancias y Adolescencias
Centro de Litigación Universitaria (CENLU) – INECIP
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género
Fundación Huésped
Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina)
Fundación SES
Alejandro Slokar — Profesor Titular UBA , Ana Catalano — UBA , Ana Wortman — Instituto Gino Germani FSOC UBA , Andrés Gil Domínguez — UBA y UNLPam , Cora Gamarnik — Conicet – UBA , Daniel Rafecas — UBA, Diana Maffía — UBA , Diego Duquelsky — UBA UNPAZ UNICEN, Dora Barrancos — Profesora Consulta de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Eli Gómez Alcorta — Docente UBA, Francisco Verbic — Profesor Titular UNLP, Gabriel Ignacio Anitua — Conicet/UNPaz/UBA, Gustavo Arballo — UNLPam, Horacio Corti — Profesor Titular UBA y UNDAV, Juan Gabriel Tokatlian — UTDT, Juan González Bertomeu — Instituto Gioja – UBA, Laura Clérico — Titular de cátedra de derecho constitucional, UBA, Laura Saldivia Menajovsky — Docente UP, Luis Fernando Niño — Profesor Titular UBA, Manuel Garrido — Profesor Titular UNLP-UNNOBA, Marcelo Raffin – UBA/CONICET, María Capurro Robles — UBA / UNQ / UNSa, María Elena Naddeo — Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; graduada de la UBA, María José Lubertino Beltrán — UBA, Mario Sebastiani — Profesor Adjunto Instituto Universitario Hospital Italiano, Marisa Herrera — UBA/UNDAV, Martín Becerra — UNQ-UBA-Conicet, Martin Sigal — Facultad de Derecho UBA, Mauro Benente — UBA/UNPAZ, Mónica Pinto — Profesora emérita, Universidad de Buenos Aires, Natalia Volosin, Pablo Ceriani Cernadas — Director, Especialización en Migración y Asilo, UNLA, Pedro A. Caminos — UBA, Roberto Gargarella – Universidad de Buenos Aires, UTDT, Roberto Saba – UBA, Sebastián Tedeschi — Profesor Facultad de Derecho, UBA, Silvina Ramírez — CEPPAS, Silvina Zimerman — UBA, Valeria Thus — UBA, Viviana Mazur — AMES/FAMG.
Con información de Amnistía Internacional Argentina
Foto principal: Amnistía Internacional Argentina
