Redacción Canal Abierto | El histórico juicio por fumigaciones en Pergamino entra en su etapa final y vuelve a poner en escena una pelea que lleva más de una década: la de vecinos y vecinas que enfrentaron al poder del agronegocio para denunciar cómo el modelo de producción basado en transgénicos y agrotóxicos enfermó barrios enteros.
El caso, que tuvo repercusión nacional por las restricciones judiciales a las fumigaciones, se convirtió en un antecedente clave para las luchas socioambientales en todo el país.
También dejó expuesta la trama de complicidades entre productores, empresas y un Estado que durante años miró para otro lado mientras se multiplicaban enfermedades respiratorias, dermatológicas y oncológicas en las zonas fumigadas.
En Pergamino, corazón de la llamada “zona núcleo” del agronegocio, la expansión de la soja transgénica avanzó junto con el uso masivo de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Atrazina, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid y 2,4D fueron algunos de los químicos hallados en estudios sobre el agua de consumo realizados por el INTA Balcarce.
La investigación judicial determinó que en muestras de agua domiciliaria se encontraron hasta 18 agrotóxicos distintos. A partir de esas pruebas, en 2019 la Justicia Federal estableció una zona de exclusión de 1.095 metros para fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas alrededor de los barrios afectados.
Como suele suceder en estos casos, la causa no nació en un despacho institucional sino en los barrios. Fueron madres y vecinos quienes comenzaron a unir casos, registrar enfermedades y denunciar lo que sucedía mientras las avionetas y máquinas pulverizadoras seguían pasando a metros de sus casas.
Entre ellas estaba Paola Díaz, vecina del barrio Villa Alicia, cuya historia se transformó en símbolo de la pelea contra las fumigaciones. En 2014, su hija Mónica murió de leucemia aguda con apenas 11 años.
“Acá casi todos tienen problemas respiratorios y en la piel, pero nadie nos avisó; nunca se hizo un mapeo oficial de las enfermedades”, relató Paola en el podcast Territorios, producido por Canal Abierto y el Programa de Investigación “Conflictos socioambientales, conocimientos y políticas en el mapa extractivista argentino” de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). “Tuvimos que ir haciendo la asociación de los casos entre los vecinos”.
Durante años, los síntomas fueron minimizados por autoridades sanitarias y profesionales médicos. “Nos decían que podía ser intoxicación alimenticia. Incluso nos mandaban a hacer tratamientos contra la sarna”, recordó.
La pelea judicial de Pergamino logró algo poco frecuente en Argentina: sentar en el banquillo a responsables directos de las fumigaciones y discutir penalmente las consecuencias sanitarias y ambientales del modelo agroindustrial.
El cierre del juicio ocurre en un contexto de profundización del extractivismo y desregulación estatal impulsada por el gobierno de Javier Milei, que avanza con políticas favorables a los grandes grupos agroexportadores mientras se debilitan controles ambientales y organismos públicos.
En ese marco, organizaciones socioambientales señalan a la causa de Pergamino como un precedente fundamental porque demuestra que las fumigaciones no son un daño abstracto ni una “externalidad” del modelo productivo, sino prácticas concretas con impactos directos sobre cuerpos y territorios.
“Parece el mundo del revés: envenenan, mata y sólo les importa la plata, no la salud de las personas”, sintetizó Paola Díaz.
La sentencia se conocerá en los próximos días y promete convertirse en hito de cara a un debate que el agronegocio intenta clausurar desde hace años: ¿quién paga las consecuencias del modelo agroexportador y cuánto vale la vida de quienes viven rodeados de veneno?
Fotografía principal: Revista LaVaca
