Redacción Canal Abierto | De acuerdo al informe de mayo de 2026, publicado este lunes, del Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal, solo en los primeros cinco meses del año se produjeron al menos 95 femicidios y transfemicidios, y 95 tentativas de femicidios. Además, 66 infancias quedaron huérfanas como consecuencia de estos crímenes. Los más recientes y que conmocionan al país son el de Agostina Vera de 14 años y el de Dulce María Beatriz Candia de 17 años, ocurrido el viernes 29 en Misiones.
En todos estos casos, señalan desde el Observatorio que tiene como referente a la periodista Claudia Acuña, “el elemento que caracteriza al femicidio es la tolerancia y minimización estatal de la problemática”.
“La impunidad con la que actúan los homicidas contiene un mensaje implícito de permisividad social a través de las múltiples formas en las que acciona el aparato del Estado –policías, fiscalías, funcionarios- y, en los momentos actuales, explícito en los discursos que emiten las más altas autoridades que encarnan su representación. Así, las formas de hacer y de no hacer que caracterizan al Estado abonan estos crímenes, tarea que se completa con la negación de su responsabilidad”.
En el caso de Agostina Vera, esto se constató en cada estamento que intervino: en la inacción judicial y policial cuando desaparece la joven, y en una trama de impunidad previa que respaldó el accionar del femicida, Claudio Gabriel Barrelier.
Como recapituló Verónica Ferrucci en el medio cordobés La Tinta, hace exactamente un año, en mayo de 2025, el hombre de 32 años había sido condenado por la privación ilegítima de la libertad de una mujer que, a diferencia de Agostina, pudo huir del domicilio del agresor, semidesnuda y con las manos atadas con precintos. Luego de pasar 20 días preso, el fiscal Iván Rodríguez le dio la condicional y lo dejó salir bajo fianza.
En el municipio donde trabajaba como empleado también hicieron la vista gorda de ese prontuario. Al parecer, los contactos políticos surtieron efecto: su entonces abogado defensor era Ricardo Moreno, actual concejal oficialista y secretario político de la agrupación llamada las 62 organizaciones peronistas, y su actual abogado defensor, el que renunció horas antes del hallazgo del cuerpo de Agostina, es Jorge Sánchez del Bianco, “yerno de Moreno, pareja de Carla Moreno, directora de la Secretaría de Articulación Territorial en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Córdoba”.
El circulo se cerró con la inacción policial y judicial luego de que la familia denunció la desaparición de la joven, una semana antes del hallazgo del cuerpo. “El fiscal demoró cinco días en aplicar el protocolo obligatorio de alerta y cinco también en allanar la casa del principal implicado, pese a tener información fehaciente sobre su identidad, dirección y participación desde el mismo momento en que desapareció la menor”, reseñaron desde el Observatorio Lucía Pérez.
Como contó la abuela de Agostina en declaraciones a los medios: “No nos escucharon, nos boludearon todo el fin de semana. Yo estoy casi segura de que el fiscal no estaba ni enterado hasta el día lunes”.
Cecilia, la preceptora de la escuela de Agostina, donde los compañeros de curso de la joven hicieron un video pidiendo su aparición con vida, denunció el abandono total de los funcionarios del Estado: “Nos desaparecen a las chicas, hay muchísima violencia de género en las familias, el miércoles se cumplen 11 años del primer Ni Una Menos y las cosas siguen igual. Y el Presidente recortándonos políticas de género en las escuelas”.
“¿Cómo hacemos? Si nos quitan las pocas herramientas que tenemos”, planteó.
El informe del Observatorio da cuenta de otros tres casos ocurridos este año que dan cuenta del rol clave del “negacionismo del Estado” de la violencia de género en la “máquina de la violencia femicida”.
En el de Lucía Pérez, ocurrido en Mar del Plata en 2016 y que impulsó el primer Paro Feminista, garantizando la impunidad y negando la aplicación de la figura de femicidio “en beneficio de las estadísticas”. En el de Cecilia Basaldúa, también ocurrido en Córdoba, donde en un nuevo atropello, la fiscalía trasladó los restos de la mujer desde la morgue judicial a una fosa común del cementerio sin notificar a la familia. Y en el de Camila Nicole Bijinai en San Juan, donde avanza un juicio abreviado contra el agresor gracias a que la fiscalía rechazó que se aplique la figura de femicidio, que bloquea ese tipo de beneficios procesales.
“Los cuatro casos –explican desde el Observatorio- tienen un denominador común: son crímenes que nuestro Observatorio ha denominado “femicidios territoriales”. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios, fiscales y funcionarios. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, demorando su investigación, falseando pruebas, entorpeciendo y eternizando procesos judiciales y criminalizando a las víctimas y sus familias”.
“Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal”, subrayan.
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades. Los padrones de casos que comparten son confeccionados en talleres que realizan con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Los informes mensuales que elaboran también son analizados con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios.
