Redacción Canal Abierto | Mientras el Gobierno presenta la reforma laboral como una herramienta para modernizar el mercado de trabajo y fomentar la creación de empleo, la reglamentación publicada a través de los decretos 407 y 408/2026 abrió un nuevo frente de discusión. Un informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma sostiene que las normas reglamentarias avanzan sobre derechos individuales y colectivos, modifican las condiciones de negociación sindical y consolidan mecanismos que debilitan la protección de los trabajadores.
El trabajo, titulado “Reglamentación de la Ley de Modernización Laboral: ¿cuáles son los derechos individuales y colectivos afectados?”, analiza los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo y concluye que buena parte de ellos profundizan aspectos que ya habían sido cuestionados durante el debate parlamentario de la ley.
Uno de los puntos señalados es el endurecimiento de las condiciones para justificar licencias por enfermedad. La reglamentación exige que los certificados médicos sean electrónicos y habilita instancias privadas para resolver controversias entre el médico del trabajador y el de la empresa. Según el IEF, esto puede generar situaciones de indefensión para quienes necesiten acceder a una licencia médica.
El informe también pone el foco en los acuerdos de desvinculación. A partir de la nueva reglamentación se habilita la homologación de extinciones laborales por mutuo acuerdo, una figura que, según el instituto, suele utilizarse en contextos de presión empresarial para promover retiros voluntarios. El documento advierte que, con las nuevas reglas, será más difícil cuestionar judicialmente esos acuerdos y reclamar indemnizaciones superiores.
Otro aspecto relevante es la modificación de las reglas para la conservación de la documentación laboral. La norma elimina la obligación patronal de resguardar durante “10 años” los libros laborales preexistentes y concentra la información registral en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Asimismo, crea un sistema de notificación entre ANSES, empleadores y obras sociales que facilitará la extinción del vínculo laboral una vez transcurrido “un año” desde el acceso a la jubilación.
La reglamentación también interviene sobre la negociación colectiva. El IEF advierte que acelera los procesos de renegociación de convenios colectivos y establece que aquellos que no tengan una fecha expresa de vencimiento expirarán el “31/12/26”, desconociendo incluso cláusulas de prórroga automática. Según el informe, esto genera presión para renegociar convenios en un contexto que habilita acuerdos menos favorables para los trabajadores.
En paralelo, las nuevas reglas modifican el financiamiento sindical. La reglamentación establece que los aportes y contribuciones incluidos en los convenios colectivos no podrán superar el “2%” del salario básico y reduce la base de cálculo sobre la cual se aplica ese porcentaje. Para el IEF, el efecto principal de esta medida es el “desfinanciamiento de los sindicatos”, al reducir los recursos disponibles para el funcionamiento de las organizaciones gremiales.
El documento también observa cambios en la estructura de representación sindical. Entre ellos, la reducción del porcentaje necesario para disputar una personería gremial del “10%” al “5%” de afiliados cotizantes y la posibilidad de que las propias empresas certifiquen la cantidad de trabajadores representados por sindicatos de empresa que busquen obtener personería. Según el instituto, estas modificaciones favorecen procesos de descentralización sindical y fortalecen la negociación a nivel de empresa por sobre los convenios de actividad.
Las restricciones alcanzan además a la actividad gremial cotidiana. La utilización del crédito horario sindical deberá informarse con una antelación mínima de “48 horas”, no podrá afectar sectores considerados críticos y queda prohibida la acumulación de horas. Para el IEF, estas condiciones limitan la capacidad de acción de los representantes sindicales, especialmente en situaciones de conflicto.
El capítulo más novedoso es el referido al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a operar desde el “1° de noviembre de 2026”. El mecanismo reemplaza parcialmente el sistema tradicional de indemnizaciones mediante fondos administrados por entidades financieras habilitadas por la Comisión Nacional de Valores. El informe sostiene que el esquema se financiará con recursos que actualmente ingresan al sistema de seguridad social y advierte sobre su impacto potencial en ANSES y en prestaciones como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Además, las administradoras podrán cobrar comisiones de hasta el “1%” sobre los fondos gestionados.
Para el IEF, la reglamentación no se limita a ordenar aspectos operativos de la reforma laboral, sino que redefine relaciones de fuerza dentro del mundo del trabajo. La discusión, concluye el informe, recién empieza: buena parte de sus efectos dependerán de futuras normas complementarias y de cómo estos cambios se traduzcan en la práctica cotidiana de trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.
El informe completo
Ilustración: Marcelo Spotti
