Publicado originalmente 11/06/2026
Redacción Canal Abierto | Después de meses de promesas, silencios y explicaciones parciales, Manuel Adorni finalmente presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas donde lejos de justificar su el explosivo crecimiento patrimonial que lo mantiene bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La movida fue acompañada por una reaparición mediática cuidadosamente sincronizada con el inicio del Mundial de fútbol, casualmente en la Televisión Pública que tanto dice aborrecer el gobierno libertario.
Allí, el ex panelista devenido en político intentó explicar el origen de los fondos cuestionados apelando a una combinación de ahorros no declarados, operaciones con criptomonedas realizadas años atrás, herencias familiares y errores administrativos. Entre sus argumentos más llamativos apareció una frase que rápidamente generó repercusiones: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”.
Según la documentación presentada, el jefe de Gabinete incorporó aproximadamente 513.000 dólares provenientes de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, activos que no figuraban en las declaraciones conocidas hasta ahora. También modificó la composición patrimonial de su grupo familiar mediante rectificaciones que alcanzan a su esposa, Bettina Angeletti.
Cuando debió responder preguntas en el Congreso, Adorni aseguró que toda la información patrimonial estaba declarada y que no existían inconsistencias. La presentación de declaraciones rectificativas implica, precisamente, reconocer que las declaraciones anteriores no reflejaban de manera completa la situación patrimonial del matrimonio.
Un escándalo en fascículos
Tras el polémico viaje de los Adorni en el avión presidencial, en los últimos meses fueron salieron a la luz operaciones inmobiliarias y movimientos financieros que despertaron sospechas sobre la evolución de su fortuna desde que llegó al gobierno de Javier Milei.
Uno de los episodios más ruidosos fue la compra de un departamento en Caballito valuado en unos 230.000 dólares -pero que el mercado estima en realidad debió haber sido por el doble- mediante un esquema de financiamiento tan inusual como difícil de explicar: cerca del 90% de la operación habría sido cubierto por un préstamo informal otorgado por las propias vendedoras.
El caso se volvió conocido como el de las “jubiladas prestamistas” y fue uno de los elementos incorporados a las denuncias que terminaron en Comodoro Py.
A ello se sumaron las revelaciones sobre una lujosa remodelación de otra de las viviendas adquiridas como funcionario público, la del country Indio Cuá, que incluyó una cascada artificial. El contratista a cargo de las obras declaró que la remodelación integral costó 245.929 dólares, cifra que se pagó en efectivo y sin emitir facturas.
A estas voluminosas operaciones vinculadas a posibles negociaciones incompatibles con la función pública se sumaron otras, aunque menores, que tampoco serían coincidentes con los ingresos declarados. Entre ellas, viajes en aviones privados o categoría business, gastos millonarios en tarjetas de crédito y hasta procedimientos estéticos, como implantes capilares más costosos arreglos en la dentadura de su pareja.
La lupa también se posó sobre los negocios vinculados a su entorno familiar. En concreto, los contratos millonarios obtenidos por empresas relacionadas con su esposa mientras Adorni acumulaba poder dentro del Ejecutivo nacional.
La “inocencia fiscal” como salvavidas
En paralelo a las rectificaciones patrimoniales, Adorni y su esposa recurrieron a otra herramienta que sumó más leña a la polémica. Ambos se acogieron al régimen simplificado previsto por la llamada Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el propio gobierno de Milei.
El mecanismo permite regularizar activos e ingresos previamente no exteriorizados sin afrontar las consecuencias tributarias que hubieran correspondido bajo el régimen anterior. Aunque el beneficio no bloquea una investigación penal por enriquecimiento ilícito, sí habilita a blanquear patrimonios cuya declaración haya sido omitida.
La decisión generó fuertes cuestionamientos políticos. No sólo porque el funcionario utiliza una herramienta diseñada por la administración que integra, sino porque contradice buena parte del discurso oficial sobre la transparencia y la superioridad moral que el Gobierno suele reivindicar frente a lo que aún hoy el gobierno no se sonroja en calificar de “casta”.
La causa sigue abierta
Pese al intento oficial por presentar las nuevas declaraciones como el cierre definitivo del asunto, la situación judicial de Adorni está lejos de resolverse. Las rectificaciones pasarán ahora a formar parte del expediente que investiga si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio.
Por ahora, la explicación oficial es que los dólares estaban guardados, las criptomonedas olvidadas y las declaraciones incompletas. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo ahora deberán determinar si avanzan o no con lo que hasta hace unas pocas horas parecía una fija: el procesamiento e indagatoria del Jefe de Gabinete.
De concretarse este nuevo y lógico paso judicial, Javier y Karina Milei tendrán que replantearse si vale la pena seguir sosteniendo al funcionario o bien hacerlo a un lado y entregar -a la oposición y a Santiago Caputo, vértice de la interna gubernamental- a una pieza clave de su armado.
