Publicada originalmente el 23 de junio de 2026
Redacción Canal Abierto | En un fallo histórico, la Justicia Federal de San Martín responsabilizó al Estado argentino por la planificación y ejecución de los fusilamientos de 1956, ordenando diferentes acciones de reparación y memoria para las víctimas.
Fueron encontrados responsables el presidente de facto de la dictadura, Pedro Eugenio Aramburu, el almirante y vicepresidente Isaac Francisco Rojas, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, al mando del operativo policial,el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno y el ex secretario de Inteligencia Juan Ceferino Quaranta.
El proceso, que había comenzado la semana pasada, se desarrolló en el Auditorio Hugo del Carril de José León Suárez. Se realizó mediante la modalidad Juicio por la Verdad, que busca establecer responsabilidades y definir acciones de memoria y reparación aun cuando no haya posibilidad de condenar efectivamente a los responsables.
La sentencia, dictada en el marco del expediente 41.041, tuvo por acreditado que durante la madrugada del 10 de junio, en cumplimiento de órdenes impartidas por Aramburu y Rojas, efectivos policiales realizaron un allanamiento ilegal en una vivienda de la localidad de Florida.
Las doce personas que se encontraban allí fueron detenidas y trasladadas inicialmente a la comisaría de San Martín. Posteriormente, fueron llevadas a un descampado donde se perpetraron los fusilamientos. Como consecuencia de esos hechos, perdieron la vida Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo y Mario Obrión, mientras que otras siete personas lograron sobrevivir. Entre ellas se encontraba Juan Carlos Livraga, quien, a los 96 años y desde su residencia en Estados Unidos, aportó un testimonio fundamental en el denominado Juicio por la Verdad.
En la resolución dada a conocer este lunes, la jueza Alicia Vence encuadró los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía.
Asimismo, el fallo atribuye responsabilidades tanto a las máximas autoridades de la dictadura de entonces, encabezadas por Aramburu y Rojas, como a los funcionarios policiales que llevaron adelante el operativo, entre ellos el teniente coronel Fernández Suárez y el inspector Rodríguez Moreno.
Si bien todos los responsables se encuentran fallecidos, la sentencia estableció la responsabilidad penal que les hubiera correspondido, determinando que la sanción aplicable habría sido la de prisión perpetua.
Además de la declaración histórica, la sentencia dispone un extenso programa de medidas reparatorias para las víctimas y sus familias. Entre ellas se destacan:
Rehabilitación del buen nombre y honor de los doce fusilados y sobrevivientes.
Publicación de la sentencia en los Boletines Oficiales de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, y en las páginas web de las Subsecretarías de Derechos Humanos.
Inclusión de los hechos probados en los diseños curriculares de los sistemas educativos nacional y bonaerense.
Instalación de placas conmemorativas en los lugares donde ocurrieron los allanamientos, la detención y los fusilamientos.
Creación de un “sitio de la memoria” en el predio de los históricos basurales de José León Suárez, donde hoy se erige un monumento, para preservar la memoria y dignificar a las víctimas.
Incorporación de los nombres de todas las víctimas en el registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino.
La querella de los familiares estuvo representada por el reconocido abogado Alberto “Pepe” Palacios, que además es director de una escuela justamente en José León Suárez. Lo acompañó el abogado Walter Omar Arias.
Durante los 4 días que duró el juicio estuvo presente el Equipo de Acompañamiento “Dra Silvia Bleichmar” de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que ofreció asistencia para los familiares de las víctimas que declararon por primera vez en una instancia judicial, a 70 años de los hechos.
La noche del 9 de junio de 1956, fueron fusilados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. En tanto, Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta lograron sobrevivir. Livraga le contó lo que había vivido a Rodolfó Waslh, que investigó los hechos y los publicó en su célebre libro Operación Masacre.
El contexto histórico ocupó un lugar central en el debate. Los fusilamientos se produjeron tras el levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco contra la dictadura que había derrocado a Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. La represión desplegada por el régimen incluyó ejecuciones sumarias en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Según los investigadores, fueron 31 los militantes asesinados en esas jornadas.
La Retaguardia transmitió en vivo
