Publicada originalmente el 29 de junio de 2026
Por Elisa Corzo | Desde hace siete días, Franco Oscari, un joven oriundo de Las Goteras, un paraje rural de Jujuy, está detenido acusado de “amenazas coactivas” contra Patricia Bullrich por enviarle un mensaje a través de Facebook. La orden la dio desde Buenos Aires el cuestionado juez Ariel Lijo y la policía irrumpió para llevárselo de su casa familiar de madrugada, con violencia y sin explicar los motivos.
“Fue de terror, lo apuntaron con el arma a él, a su esposa, a sus suegros, lo tiraron al suelo, a las 5 de la mañana, pero no sabíamos por qué era la orden de detención porque la Policía Federal acá dijo que no sabía, que solo tenía órdenes de detenerlo, nada más”, había narrado en diálogo con Salta/12, Gloria Mamani, dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena – CLOC Vía Campesina (MNCI).
Desde entonces, diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos vienen denunciando lo desproporcionado de la intervención judicial y las graves irregularidades de la detención, que además ocurrió en el contexto de una disputa con la empresa minera Mom Mining SRL (MOM). Ahora, se sumó a los planteos el fiscal federal de Salta Eduardo José Villaba.
Lo hizo al aceptar un hábeas corpus que presentaron las abogadas de Oscari el jueves 25, cuando aún se desconocía el paradero del joven, y resolver a favor de la competencia de la fiscalía 1° de Jujuy.
En el escrito, Villalba destaca “el escaso mérito” que existe para que el joven siga detenido tras siete días y denuncia que el trato que recibió es comparable al que se da en un Estado de Sitio.
En esa línea, cuestionó los reiterados traslados sufridos por el joven, “sin fundamento alguno y sin asegurar la intervención de su defensa”: un total de cuatro en menos de una semana (A Jujuy, después a Tucumán, de nuevo a Jujuy y finalmente a Salta), que pudieron ser cinco si, como quería Lijo, Oscari hubiese sido alojado en Buenos Aires.
“Según se advierte –indicó el fiscal- los diferentes traslados de Oscari, sin una justificación razonable y atendible, por distintas sedes de la fuerza federal interviniente en autos, podría constituir un agravamiento ilegítimo de las condiciones de su detención, en los términos del artículo 3ro, inciso 2do de la Ley 23.098”. “De hecho, lo sucedido con Oscari implica una reserva restricción de la libertad ambulatoria, asimilable a los traslados dispuestos por el Poder Ejecutivo en un Estado de Sitio”, denunció.
En otro apartado, el funcionario se refirió a la cuestión de fondo y desestimó las razones de la privación de la libertad. “No dejo de tener presente en el análisis el escaso mérito sustantivo que existe para disponer y mantener la detención por siete días de un trabajador rural, al considerarse que puede amedrentar a una senadora de la Nación”, subrayó.
Una intervención estatal “completamente desproporcionada”
En un comunicado de prensa difundido el viernes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) puso el ojo en otros aspectos preocupantes del caso de Franco.
En primer lugar, el organismo cuestionó “el uso del derecho penal frente a expresiones contra altos funcionarios públicos, incluso cuando sean críticas u ofensivas”. “Que sean ubicadas bajo el delito de amenazas coactivas es preocupante ya que no se realiza un análisis básico que establezca la seriedad de una amenaza, es decir, qué posibilidades reales existen de que esas expresiones puedan materializarse en una agresión”.
Asimismo, denunciaron que a Franco le negaron la excarcelación, o sea, que pueda esperar el desarrollo del proceso judicial en libertad, por ser pobre y vivir en un paraje rural, lo cual la Justicia interpreta como un riesgo.
“En el caso de Franco Oscari, el hecho de que vive en el campo y no tiene conectividad fue usado como argumento para negarle la excarcelación. Es decir: las mismas razones que podrían llevar a la conclusión de que Franco Oscari no tiene las condiciones materiales necesarias como para materializar una agresión contra la senadora Bullrich, terminan dando lugar a una decisión de castigo anticipado (porque eso es la prisión preventiva en estos casos) basada en su modo de vida. Así, desde la centralidad de la Ciudad de Buenos Aires las condiciones de vulnerabilidad social y territorial pasan a operar como fundamentos para mantener la privación de la libertad”, apuntó el CELS.
“Por último” -indicaron- “nos preguntamos sobre el alcance de las medidas de investigación”. “La orden de extracción forense del teléfono celular es desproporcionada. Le da al Estado acceso total a datos y comunicaciones que son totalmente ajenos a la investigación”.
En ese sentido, “resulta preocupante el débil o nulo control de estas prácticas abusivas por parte de algunos funcionarios judiciales”. “Sin el reclamo generalizado de familiares y organizaciones, la decisión de trasladarlo a CABA tomada por la Policía Federal de manera discrecional se habría implementado sin que la justicia se expidiera sobre el tema”, advirtieron.
Finalmente, desde el CELS denunciaron que “todo el despliegue de recursos estatales está fuera de escala”. “Cuando esto sucede, hay que mirar entonces cuál es el mensaje detrás de estas decisiones políticas y judiciales. No es la primera vez –subrayaron- que expresiones en redes sociales son consideradas como delitos especialmente graves por un gobierno nacional que, por otro lado, tolera e incluso organiza hostigamientos digitales de todo tipo”.
Libertad ya
La Coordinadora por la Libertad de Franco Oscardi difunde desde hace unos días un formulario para sumar la adhesión al reclamo.
“Entendemos que este caso plantea una preocupación por la vigencia de las libertades democráticas, la libertad de expresión, el debido proceso y las garantías constitucionales. Por ello, convocamos a sumar adhesiones para exigir su inmediata libertad. Nadie debe ir preso por opinar”, expresaron las organizaciones.
