Redacción Canal Abierto | La última edición de reVER -los programas de streaming especiales de Canal Abierto–, estuvo dedicada a las violencias institucionales y la represión estatal a partir de un nuevo aniversario de la masacre de Puente Pueyrredón. Con el objetivo de delinear conceptos, analizar casos y enumerar estrategias, tres referentes de distintos ámbitos sociales abordaron temáticas como la relación entre las víctimas del accionar de las fuerzas de seguridad y los organismos de la memoria, la regulación de la violencia territorial y la “capacidad popular de construir verdad”, entre otros tópicos apremiantes.
Vanesa Orieta es la hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido en 2009, cuyo cuerpo apareció en 2014 y fue víctima de las conductas criminales de la Bonaerense. Mario Santucho es periodista y director de la Revista Crisis. Además fundó y coordina el Mapa de la Policía, un mecanismo que permite identificar autores materiales de hechos de represión y que, entre otros, ha tenido una participación efectiva en el caso de Pablo Grillo. José Luis Calegari es abogado y dirigente de la Red de Organizaciones Enrique Angelelli, de Florencio Varela, que nuclea a espacios populares de varios distritos de la zona sur del conurbano. Los tres aportaron sus miradas sobre las cicatrices por las que sangra la democracia, sobre el momento en general y sobre las políticas del gobierno de La Libertad Avanza.
Orieta comenzó poniendo en debate la idea de “violencia institucional”: “En un momento acompañamos el concepto pero con el tiempo empezamos a cuestionarlo porque invisibiliza dos problemáticas muy serias, por un lado aquellas violencias institucionales que se producen en la vida de un niño, adolescente o joven desde el momento que nace, falta de acceso a la salud, a la educación, a vivienda digna, a un plato de comida nutrido, esas son violencias que hacen que esos niños, cuando empiecen a salir a la vida se encuentren con otra problemática muy seria que es la de represión estatal, seguimos insistiendo que la represión no ataca a todos los jóvenes por igual, está dirigida especialmente a los sectores empobrecidos, barrios humildes, villas, asentamientos”.
“Es necesario desnaturalizar lo que naturalizamos, que un niño esté durmiendo en la calle no es parte de la geografía, es violencia institucional”, agregó la mujer que además integra el Espacio Luciano Arruga, que funciona en el destacamento policial en el que su hermano fue detenido y torturado cuatro meses antes de su desaparición, que fue desafectado y entregado a la familia en un juicio en el que el agente Diego Torales fue condenado a 10 años de prisión en 2015. “Nuestro interés está puesto en las niñeces, en los adolescentes y la juventud, mas cuando es nuestros barrios más cercanos, Santos Vega y 12 de Octubre, se está dando una nueva avanzada de la policía”, advirtió.
“Encontrar familiares como los de Darío y los de Maxi nos ayudó a reconocer cuál era el camino más saludable para recorrer en este camino tan doloroso, entender que la forma tenía que ser una organización colectiva. Para las familias que seguimos denunciando situaciones de represión estatal, nuestro oasis siguen siendo las familias que se organizaron y salieron a la lucha”, destacó finalmente Vanesa.
Además cargó duramente contra las políticas antisociales de Jorge Macri en CABA.
Santucho, por su parte, arrancó observando las líneas que unen a los movimientos de derechos humanos con los hechos represivos actuales. “Yo también estuve en H.I.J.O.S., soy hijo de desaparecidos, participé en la fundación de la agrupación en los 90, y es interesante esa relación entre los movimientos de la memoria y las violencias contemporáneas, un gran desafío ha sido cómo las organizaciones de la memoria no solamente hablan de la represión estatal en el pasado, y ese es un desafío muy actual, el 24 de marzo hubo una movilización muy masiva y potente, pero al otro día había una marcha de jubilados y no fue así”, señaló.
“Pero tampoco es tan fácil o tan lineal decir que la represión de hoy es igual que la del pasado –siguió-, porque cuando desde la democracia hablamos de la represión estatal y decimos ‘hoy también hay un genocidio’, aplanamos fácilmente esa historicidad…”
“Con la experiencia del Mapa, lo que vimos es muertes en el conurbano producto de agentes de la Policía de la Ciudad en momentos de no servicio, por fuera de lo que se llama el ‘estado policial’, el 90% prácticamente vive en el conurbano, vienen a laburar y cuando se van siguen con el arma, esa es una gran discusión también”.
Al entrar en el recuerdo de la matanza de 2002 en la estación Avellaneda, sobre la cual Revista Crisis publicó un profuso informe cuando se cumplieron los 20 años, Santucho puso el acento en “el poder popular de construir verdad”.
“El poder político construye esa escena represiva, era evidente que se necesitaban muertos, pero además construye la narrativa posterior, la versión oficial”, apuntó, y siguió:
“Yo era muy amigo del MTD de Solano y me acuerdo muy bien el momento de peligro que se vivió en ese momento, Darío y Maxi eran parte de la Aníbal Verón, el MTD de Solano también, y me acuerdo cómo sus dirigentes estuvieron medio clandestinos porque era evidente que iba a venir una represión muy fuerte y no terminaba ahí. Hasta que al día siguiente aparecieron las fotos, y ahí sí se desplegó un entramado militante que construyó en base a esa evidencia una contraofensiva que también fue muy potente y que hizo que Duhalde no pueda seguir en el gobierno, entre otras cosas”.
“Nosotros construimos esta capacidad colectiva de denuncia”, dijo Mario al hermanar aquella experiencia con la del Mapa de la Policía.
“La lucha tiene que ver con identificar las tramas de poder. El objetivo de la represión estatal es disciplinar al sujeto social”, sintetizó finalmente.
Calegari abrió su participación detallando cómo se despliegan las violencias en los territorios a partir de su amplia trayectoria de militante barrial.
Habló de “La tercerización de la violencia”: “Las muertes violentas que sufren los pibes, sobre todo varones y jóvenes, tienen una característica que la mayoría de los casos no son a mano de un policía, y cuando sí lo son, hay mucho policía retirado. Las muertes a manos de los tranzas también tienen que ver con una forma de regular el territorio, no se puede pensar en términos de ‘ajustes de cuentas’ o ‘hechos violentos’, hay una trama, alquiler de campos, la droga, la policía recauda, se desliza la violencia a la periferia para no afectar los centros urbanos, la policía no aparece directamente pero claramente es la reguladora de esa violencia. Las zonas de sacrificio que se han construido en el conurbano es que mientras el muerto sea un pobre de la periferia, no tiene impacto en los lugares centrales, el centro de las ciudades hay que cuidarlo, ahí no hay enfrentamientos ni muertes”.
Ya posado en el tema Kosteki-Santillán, disparó contra dos personajes de peso involucrados en los asesinatos. “Yo vengo de Florencio Varela, donde nació y ejerció el poder absoluto Luis Genoud, el derrotero de Genoud es interesante para seguir el derrotero de la democracia. Cuando él era senador, terminó siendo señalado como un defensor de los derechos humanos en un primer informe de la CPM, pero tenía pasado, está muy claro su paso de la tendencia peronista a la dictadura, cuando todos sus compañeros desaparecen. Cuando uno piensa en Genoud, presidente de la Corte Suprema bonaerense, digitando del Consejo de la Magistratura y designando jueces, fue parte de la dictadura y el ministro de justicia de Kosteki y Santillán”.
“Y también falta Mario “Verdugo” Mijin, el “Verduguito” Mijin era uno de los torturadores de la Comisaria 5ta en La Plata, fue designado por Genoud como uno de los jefes de Puente Pueyrredón, uno encuentra que Genoud llega designando a Fanchiotti, su amigo, a Mijin, su amigo, y lo que trae es un grupo de carniceros. Mijin se pegó un tiro cuando creyó que podía avanzar la causa de Darío y Maxi y la de Baltazar Garzón en España”, completó.
Finalmente también cuestionó los manejos clientelares de algunas organizaciones sociales y el involucramiento que diferentes sectores del campo popular tienen con los casos de violencias y represión estatal. “Tenemos un gran problema del progresismo que defiende los derechos humanos dependiendo quien mata y quien es la víctima (…) Berni no puede ser parte de ningún campo progresista, Milei es quien es, pero desde este lado no podemos tener estas opacidades”, subrayó.
Durante el programa también se emitió un fragmento de una entrevista con María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). La charla se publicó completa en Canal Abierto.
La entrevista completa:
Ilustración: Marcelo Spotti
