El Gobierno busca retomar la iniciativa con una megadesregulación en sectores clave

Sturzenegger presentó un proyecto que elimina controles sobre el mercado inmobiliario, medicamentos, gas envasado, agro, navegación y libros, entre otros. Como siempre, la industria nacional, el consumo interno y los sectores populares, los más afectados.
TIEMPO DE LECTURA: 7

Publicado originalmente el 23/07/2026

Redacción Canal Abierto | Después del traspié que significaron para la Casa Rosada los últimos días del Mundial, con Monteoliva intentando impedir la entrada de banderas con Malvinas en el partido contra los Ingleses y los jugadores con la bandera, además del feriado fantasma anunciado por Milei, y las encuestas de imagen en caída, el Gobierno busca salir del rincón y recuperar el centro del ring.

El aire que el certamen futbolero le dio a Milei tras la caída estruendosa de Adorni, lo perdió rápidamente con un par de giros en falso en torno a la Scaloneta y con distintos relevamientos desfavorables, ahora busca afirmarse con un nuevo ataque a los sectores más afectados por las políticas oficiales: los trabajadores, la industria Argentina, las clases medias y las clases populares.         

En las últimas horas se conoció que el Ejecutivo prepara un nuevo paquete de desregulaciones que modifica el funcionamiento de múltiples actividades económicas y elimina normas vigentes en distintas áreas. Elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, el anteproyecto reúne más de 300 artículos y deberá comenzar su tratamiento en el Congreso.

La iniciativa profundiza la estrategia oficial de reducir la intervención estatal en la economía y ampliar la libertad de contratación entre privados. En línea con reformas anteriores, como la denominada Ley Hojarasca y el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el texto propone derogar leyes históricas, flexibilizar requisitos para ejercer profesiones y limitar las facultades regulatorias del Estado.

Entre los cambios previstos aparecen modificaciones en el mercado inmobiliario, la comercialización de medicamentos, el régimen del gas licuado de petróleo (GLP), la actividad agropecuaria, el transporte marítimo y fluvial, la industria editorial y el sistema financiero. También incorpora medidas para la digitalización de garantías y activos.

Los principales cambios que impulsa el proyecto:

• Mercado inmobiliario

El proyecto elimina la matrícula obligatoria y el requisito de contar con un título universitario para ejercer como corredor inmobiliario. La actividad podrá ser desarrollada por personas humanas o jurídicas que sean mayores de edad y tengan título secundario. Además, se elimina la posibilidad de establecer aranceles mínimos, máximos o sugeridos para las profesiones liberales y se habilita su ejercicio mediante plataformas digitales.

• Medicamentos y farmacias

Los medicamentos de venta libre podrán comercializarse fuera de las farmacias, en supermercados, kioscos y otros comercios habilitados, además de venderse por canales digitales con entrega a domicilio. A su vez, las farmacias podrán adoptar cualquier figura jurídica, fijar libremente sus horarios y un mismo farmacéutico podrá desempeñarse como director técnico de más de un establecimiento. También se habilita a las droguerías a vender directamente al público.

• Gas envasado (GLP)

La iniciativa elimina las facultades del Estado para intervenir sobre los precios, los márgenes de rentabilidad, las cantidades comercializadas y las condiciones del mercado de garrafas. La regulación oficial quedaría limitada exclusivamente a los aspectos vinculados con la seguridad técnica del producto. Tras eliminar la histórica Garrafa Social y complicar los accesos a  subsidios, el gobierno prepara este nuevo golpe a los bolsillos de las familias más necesitadas, con lo que será un inevitable aumento del costo del acceso al gas.  
• Libros y producción audiovisual

El proyecto deroga la Ley de Precio Uniforme del Libro, que limita los descuentos para proteger a las librerías independientes frente a las grandes cadenas. También elimina la obligatoriedad de doblar al castellano las películas, series y publicidades extranjeras emitidas por televisión. Nuevo zarpazo a la cultura nacional.

• Agroganadería

La reforma propone derogar la Ley de Arrendamientos Rurales, dejando que propietarios y productores acuerden libremente los contratos bajo el Código Civil y Comercial. También convierte en voluntarios los aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), dispone la disolución de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y elimina la obligación de fabricar en el país determinados productos veterinarios importados luego de cuatro años de su autorización. Quejas de cámaras y organizaciones de productores independientes y sectores campesinos.  

• Navegación y cabotaje

El texto habilita que buques de bandera extranjera puedan realizar transporte marítimo y fluvial de cabotaje, una actividad hasta ahora reservada principalmente a embarcaciones nacionales. También flexibiliza la contratación laboral a bordo, establece una incorporación gradual de trabajadores argentinos y reconoce la validez legal de los conocimientos de embarque electrónicos.

• Sistema financiero

El proyecto incorpora un marco regulatorio para los proveedores de servicios de activos virtuales, promueve el uso de tecnologías como blockchain y contratos inteligentes para digitalizar garantías y títulos valores, y crea un sistema federal de registro de prendas y warrants. Según el Gobierno, las medidas buscan modernizar el sistema y fortalecer la protección de los fondos de los inversores.

Números de espalda

Según distintos relevamientos conocidos en las últimas semanas, la imagen del presidente Javier Milei muestra resultados dispares. La consultora Atlas Intel, en un estudio realizado junto a Bloomberg, registró una recuperación de la imagen positiva del mandatario hasta el 40%, con una negativa del 57%, aunque quedó por detrás de Patricia Bullrich y Myriam Bregman en el ranking de dirigentes.

En sentido contrario, una encuesta de QSocial ubicó la aprobación de la gestión en apenas 31%, frente a una desaprobación del 64%.

Salir de la versión móvil