Publicada el 12 de agosto de 2026
Por NACT (UNICEN)* |En el debate público argentino se ha vuelto una costumbre tan tentadora como peligrosa buscar atajos sencillos para problemas profundamente complejos.
Frente a la alarma social que generan las estafas virtuales y los ciberdelitos, irrumpió un reclamo que promete solucionar el fenómeno mediante una receta tan drástica como efectista: derogar el protocolo bonaerense vigente (Resolución N° 47688/20), prohibir de manera absoluta el uso de celulares con internet en los penales e instalar inhibidores de señal en sus perímetros.
Presentada bajo el ropaje del rigor jurídico, esta postura despacha la presencia de la telefonía móvil como una «excepcionalidad sanitaria agotada» que debe ser extirpada sin más.
“Detrás de esa consigna se esconde una trampa. La propuesta no solo incurre en severas contradicciones constitucionales y procesales, sino que desconoce la realidad material de nuestras cárceles y el impacto pacificador que la inclusión digital genera en el encierro. Para desarticular este espejismo, es indispensable confrontar la parafernalia mediática con los datos de la realidad”, señalan a través de un documento desde el grupo de estudios NACT* sobre acceso a derechos y cárceles de la Universidad del Centro (UNICEN) de Olavarría.
Allí, los especialistas también advierten: “El primer gran error de la receta prohibicionista no es operativo, sino estrictamente estratégico. Sostener que prohibir el celular erradicará el delito virtual es caer en una paradoja ciega. El protocolo actual no regaló teléfonos: impuso el empadronamiento obligatorio del titular, la tarjeta SIM y el código IMEI de cada aparato”.
Antes de 2020, los celulares ya poblaban las cárceles bonaerenses, pero lo hacían en la ilegalidad absoluta y sin control de las autoridades. Distintos especialistas en educación y cárceles coinciden en que derogar la norma no hará desaparecer los dispositivos; simplemente destruirá el registro oficial y empujará la telefonía de vuelta al mercado negro y la clandestinidad. Esto implica además que se priva al Estado de la trazabilidad primaria de los equipos y se le resta a la Justicia la herramienta procesal más directa para investigar, rastrear y sancionar a quienes efectivamente delinquen.
“A este sinsentido se suma la promesa mágica de los inhibidores de señal. Lejos de ser una solución definitiva, en la práctica generan severos daños colaterales: interfieren con las comunicaciones de los vecinos que habitan en los barrios aledaños a los penales y, hacia adentro, neutralizan las propias redes de emergencia del personal penitenciario y de salud”, enfatiza el documento.
Desde la perspectiva constitucional, la educación no es una concesión o un beneficio condicionado al humor de la coyuntura, sino un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar en condiciones de igualdad: “Pretender aislar tecnológicamente a una persona en pleno siglo XXI no la resocializa; la margina, amputándole las competencias digitales mínimas para su futura inserción laboral y disparando las tasas de reincidencia”, argumentan desde el NACT.
De acuerdo a un relevamiento realizado por la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) en las Unidades Penitenciarias de Sierra Chica (UP 2, 27 y 38) y Azul (UP 7 y 52) se expone una brecha dramática: la infraestructura provista por el Estado es casi nula. En la Unidad 2, 115 estudiantes universitarios deben turnarse para usar apenas 13 computadoras operativas; en la Unidad 38 hay 108 alumnos para 12 equipos; y en la Unidad 52 de Azul conviven 41 estudiantes con solo 5 computadoras.
Según el informe, el celular registrado dejó de ser un «objeto de lujo» para convertirse en el soporte vital del derecho a estudiar. Con sus dispositivos, los estudiantes leen bibliografía, rinden exámenes y entregan trabajos prácticos. Más aún: en un 84% de los casos, utilizan sus propios datos móviles para darle conectividad Wi-Fi a las computadoras del aula que carecen de internet. Siete de cada diez estudiantes afirman categóricamente que sin el celular no podrían sostener sus carreras. ¨Este dato cobra un valor histórico tangible: fue gracias a esta modalidad híbrida que en 2024 se logró el hito del primer graduado universitario que completó la totalidad de su carrera en situación de encierro (Informe UNICEN, 2026)¨, enfatizan.
A través de distintos programas de educación en contexto de encierro, las universidades públicas de la provincia de Buenos Aires han demostrado que el acceso regulado a la tecnología democratiza la educación, amplía la matrícula y pacífica los pabellones, promoviendo procesos reales de ciudadanización.
Educadores, abogados y profesionales de distintas áreas coinciden en que la alternativa al ciberdelito no es el apagón digital que arrastre los derechos de cientos de estudiantes sino que combatir la corrupción interna, auditar con rigurosidad los padrones de dispositivos y comprender que garantizar derechos dentro del encierro sería la única estrategia sostenible para pacificar las cárceles y proteger a la sociedad fuera de ellas.
*Núcleo de Actividades Científicas y Tecnológicas de Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárceles de la Facultad de Ciencias Sociales – UNICEN Olavarría (NACT ESADyC).
