Publicada el 25 de agosto de 2026.
Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén condenó esta mañana a dos exmilitares a prisión perpetua y a otros tres exintegrantes de la fuerza con penas de cumplimiento efectivo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Neuquén y Río Negro región durante la última dictadura, en el marco del noveno tramo del juicio conocido como “La Escuelita”.
Los jueces Alejandro Cabral, Alejandro Silva y Ernesto Sebastián condenaron con la pena máxima a Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale, exintegrantes del Ejército vinculados a las estructuras de Inteligencia.
Además, el ex gendarme Emilio Sacchitella fue condenado a cinco años de prisión, mientras que los exmilitares Carlos Carretto y Hugo Renes recibieron penas de cuatro años de prisión.
Además, el Tribunal absolvió al expolicía rionegrino Miguel Ángel Ferrari y, respecto del exgendarme Miguel Cil, declaró extinguida la acción penal debido a su fallecimiento, ocurrido durante el desarrollo del juicio.
La causa Ferrari comenzó en marzo y abordó crímenes de lesa humanidad contra víctimas de distintas localidades de Neuquén y Río Negro. Ocho represores llegaron originalmente al debate, aunque sólo seis alcanzaron la instancia final: uno murió durante el proceso y otro fue apartado por razones de salud. El suicidio de Miguel Cil, expolicía de Neuquén acusado de crímenes en San Martín de los Andes, fue confirmado por su defensor en la última audiencia. Durante esa jornada, las defensas de los represores reclamaron absoluciones para todos los acusados.
La lectura del veredicto se realizó en el salón de la Asociación Mutual Universitaria del Comahue, en Neuquén capital.
La fiscalía había pedido penas más duras.
Los acusados fueron imputados por el homicidio de las desaparecidas Leticia Veraldi, Carmen Delard; de José Luis Appel de la Cruz y Juan Raúl Pichulmán, y también por las torturas a 14 personas.
Durante el debate se analizaron hechos ocurridos entre 1976 y 1979 en localidades como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Bariloche, Catriel, Plottier, Neuquén capital, Cipolletti y J.J. Gómez, en diecisiete casos.
La acusación reconstruyó la actuación de distintas fuerzas y dependencias en el marco del terrorismo de Estado, entre ellas el Ejército, Gendarmería, fuerzas policiales y organismos de Inteligencia.
El debate también volvió a poner bajo análisis el funcionamiento del centro clandestino de detención conocido como La Escuelita, pero la investigación mostró que el circuito represivo se extendió mucho más allá de ese lugar e involucró distintas dependencias estatales de ambas provincias patagónicas.
