Publicado el 07 de septiembre de 2026
Redacción Canal Abierto | La “causa COMARSA”, que investiga los negociados y la contaminación que producía esa empresa con los basureros petroleros de Vaca Muerta, se encuentra en un momento crítico. En este momento, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén debe decidir si la manda a juicio oral o si, como piden las defensas, la cierra sin condenas con una “probation”. Lo más escandaloso es que la decisión se puede tomar dejando afuera una prueba reveladora: el “cuaderno de la contaminación”, en el que el empresario Juan Manuel Luis anotaba las maniobras ilegales de las que se lo acusa.
En 2020, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén presentaron una denuncia penal ante la justicia neuquina por los llamados “basureros del fracking”. “Es importante que la causa llegue a juicio oral porque es el caso de contaminación más importante de la historia de Neuquén, una provincia que a partir de la celebración del pacto YPF – Chevron ha reconfigurado toda su matriz económico-productiva, social y por supuesto ambiental”, sostiene en diálogo con Canal Abierto el abogado Rafael Colombo, querellante en este proceso.
“Este caso expone lo que nosotros denunciamos como el ‘escandaloso negocio millonario de la basura petrolera’ que proviene del fracking de Vaca Muerta. También pone sobre la mesa la pésima cultura empresaria que existe a partir de prácticas manifiestamente ilegales y que cuentan con complicidades, no solamente de los actores que provienen del ámbito de la Municipalidad de Neuquén o del gobierno provincial, que debieron controlar que esta situación no llegue al punto tal de que nos encontramos con un pasivo ambiental de dimensiones colosales, sino que al mismo tiempo también expone la crisis de este modelo fósil dependiente basado en la extracción intensiva de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta”.
“Por todas esas razones, consideramos que la causa debe llegar a juicio para que, en el marco de distintas audiencias públicas, podamos ofrecer toda la prueba acumulada a lo largo de más de 6 años de investigación en conjunto con la Fiscalía de Delitos Ambientales y que la ciudadanía de Neuquén pueda conocer qué es lo que han hecho estos empresarios, por qué los distintos controles de los distintos niveles de gobierno no lograron detener el incremento de este pasivo ambiental que hoy se concentra en el Parque Industrial de Neuquén a la vista de todos y todas los habitantes de la ciudad”, sostiene el letrado.
El delito
La denuncia es el resultado de una investigación volcada en un documento de más de 150 carillas donde los querellantes exponen la maniobra de defraudación, de usurpación, de contaminación, de controles ambientales inexistentes y el rol de empresas como YPF que generan estos residuos petroleros completamente al margen de la ley. Luego, con el aporte de la fiscalía conducida por el fiscal Maximiliano Breide Obeid, durante todos estos años, se ha generado mucha evidencia documentada, informes periciales, científicos, contables y económico financieros. También se ha relevado el testimonio de cientos de testigos de distintas características.
“La denuncia que nosotros hicimos inicialmente apuntaba en dos grandes direcciones. Por un lado contra los empresarios y contra la empresa, por el delito de contaminación y defraudación. También apuntábamos hacia los generadores de estos residuos petrolíferos que son las empresas, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales que operan en el yacimiento Vaca Muerta. Porque los residuos peligrosos son generados producto del proceso intensivo de fractura hidráulica que se lleva a cabo en las distintas provincias que componen el yacimiento. Y también apuntábamos contra los funcionarios provinciales y municipales que por acción u omisión permitieron que esto ocurra durante prácticamente 12 años”.
Comarsa durante todo el tiempo que estuvo en funcionamiento (la planta del Parque Industrial Oeste fue cerrada en 2018) recibía la basura, pero no la trataba. La depositaba y la acumulaba a cielo abierto, sin tratar siquiera el suelo para impermeabilizarlo, en un espacio público cedido por la municipalidad, a metros de las últimas viviendas de la ciudad. Un lugar donde hay un proyecto de urbanización en curso hace mucho tiempo. “La empresa operaba con menos personal y menos recursos materiales y técnicos en relación a la cantidad inconmensurable de residuos que recibieron durante todos estos años. Estamos hablando de más de 300.000 m³, estamos hablando de miles y miles de toneladas de basura petrolera que contienen metales pesados, materiales radioactivos de origen natural, compuestos químicos potencialmente cancerígenos y dañinos para la salud humana. Y continúan ahí hoy en día, en el marco de un supuesto plan de relocalización que impulsa la provincia, que no es tal, porque simplemente lo que están haciendo es sacar la basura que está en un lugar hoy plenamente urbanizado y trasladarla a la localidad de Añelo, este emirato donde hay escuelas que no tienen acceso a gas natural, o población que no puede acceder al agua”.
El cuaderno de la contaminación
Canal Abierto tuvo acceso en exclusiva a una copia digital, convalidada por una perito calígrafa de la Justicia de Neuquén, del cuaderno secuestrado del domicilio del dueño de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (COMARSA) en el que hace referencia a maniobras para evitar riesgos judiciales, medidas para cubrirse de los delitos y ocultar el pasivo ambiental de la Planta Industrial Neuquén. Cita estrategias financieras y administrativas para salir a flote de un “negoción” que podría dar con sus huesos en la cárcel.
“En el marco de un allanamiento hecho en el domicilio de uno de los imputados, se encontró un cuaderno de su puño y letra que estaba en la mesa de luz de su dormitorio. A partir del peritaje, primero se determinó que pertenecía efectivamente a Juan Manuel Luis. Después, a partir de un análisis contable y financiero elaborado por el doctor Pedro Biscay, se llegó a una serie de conclusiones que básicamente confirma nuestra teoría del caso orientada específicamente a determinar toda la serie de maniobras de simulación, de fraude, de apariencia de que van a estar cumpliendo. En las anotaciones se explicita la distinción entre un plan real y un plan aparente; hay apelaciones a determinados actores de Neuquén como Jorge Sapag, el gobernador Rolando Figueroa o el propio fiscal general del Ministerio Público, (José Ignacio) Gerez, o el Grupo Urcera, entre muchos otros actores”, relata Colombo.
También te puede interesar: Exclusivo | “Cuaderno de la contaminación”: Vaca Muerta y el negocio de los basureros petroleros
“Lo que revela el cuaderno es que los los imputados tenían la intención de llevar a cabo esta maniobra de defraudación, obtener ganancias millonarias y legarle un pasivo ambiental, que hasta el día de hoy no podemos cuantificar cuánto va a costar reparar y sanear el predio en las tierras públicas, a todos los habitantes de la provincia de Neuquén”.
Impunidad y tolerancia estatal
“Los delitos ambientales son delitos de los poderosos, son delitos del poder. Hay una fuerte tolerancia por parte de los actores de los poderes ejecutivos, legislativos y sobre todo judiciales e interés en generar impunidad, en generar blindaje”, reflexiona Colombo. “Esto lo pueden lograr estos actores porque no son cualquier tipo de sujetos, no son los sujetos de la criminalidad urbana tradicional. Son actores que poseen a su disposición fuertes recursos económicos, disponibilidad de actores profesionales que provienen del ámbito de la abogacía, de la contabilidad, de las finanzas, del derecho societario o el derecho empresario, del derecho bancario y que por lo tanto pueden procurarse todo el asesoramiento para blindarse, generar impunidad y generar tráfico de influencias con actores que de alguna manera les ayuden a cumplir esos objetivos. COMARSA es eso, una gran trama de complicidad entre el poder político neuquino y empresarios que actúan completamente al margen de la ley”.
