Redacción Canal Abierto | La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) movilizó este jueves al mediodía frente al Edificio Libertad, sede central de la Armada Argentina, en rechazo al cierre de la Base Aeronaval Punta Indio. El gremio exigió la continuidad operativa de la unidad militar y una urgente recomposición salarial para el personal civil de las Fuerzas Armadas.
La protesta puso en el centro de la escena un conflicto que afecta directamente a más de 180 trabajadores civiles y 250 efectivos militares, y que amenaza con paralizar el circuito socioeconómico de una comunidad de 14.000 habitantes que se construyó históricamente alrededor de la base. Según ATE, el cierre no destruye solo fuentes de trabajo inmediatas: atenta contra el desarrollo y la vida de todo el distrito.
Uno de los ejes de la jornada fue la réplica de ATE a las versiones periodísticas que señalaron que la base no se cerraría y que las fuentes laborales no estaban comprometidas. Para la conducción sindical, esas afirmaciones carecen de veracidad: si se traslada la escuela, la base pierde operatividad y el cierre se produce de hecho. La advertencia es que, una vez que la unidad deje de estar operativa, los trabajadores pasarán a disponibilidad y se profundizará el vaciamiento.
La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, fue la encargada de responder a esas versiones. “Esto es ponerle un respirador a una situación que seguramente es crónica de una muerte anunciada. Y efectivamente lo que va a suceder es que, una vez que no esté más operativa, pasarán los trabajadores a disponibilidad y así sucesivamente”, aseveró la dirigente en diálogo con Canal Abierto.
Desde ATE interpretaron que el Gobierno salió a desmentir el cierre porque la sociedad, la comunidad y la propia organización sindical están respondiendo con un paro comunitario y movilizaciones multitudinarias. Mencionaron como antecedentes el plenario del lunes y la movilización de la semana anterior en la propia base, y sostuvieron que esas acciones se multiplican con un objetivo central: que el pueblo de Verónica no desaparezca.
“Hay movilizaciones multitudinarias, porque así como hoy nos congregamos acá en frente del edificio de Libertad, el lunes nos congregamos también en plenario y la semana anterior también en la base. Y así se van multiplicando los deseos de que efectivamente el pueblo de Verónica no se muera, que es de eso de lo que estamos hablando”, sentenció Cabezas.
Para el gremio, lo que está en juego excede lo laboral. Alrededor de la unidad militar se configuraron servicios, comercios, escuelas y centros de salud que dependen de la presencia estatal en el territorio. La amenaza no recae únicamente sobre los trabajadores de la base, sino sobre el pueblo entero de Verónica, cuya actividad socioeconómica se organizó durante décadas en torno a la actividad aeronaval.
Mónica Carocella, técnica de la base y referente de la comunidad, describió a Canal Abierto el efecto dominó que provocaría el cierre. Al vaticinar que “nosotros somos un pueblo chiquito, que somos 10.000, 11.000 habitantes. Sería una economía de 600 millones menos que entrarían al pueblo, donde es un efecto dominó, donde la empleada de comercio se quedaría sin empleo, el verdulero se quedaría sin empleado y así sucesivamente. La secuela, el impacto en la escuela, sería un pueblo muerto”.
Carocella relató además cómo se comunicó la medida y el recorrido que hicieron los trabajadores y la comunidad en busca de respuestas: “El 20 del mes pasado fue el capitán Olivero, el contraalmirante Enrique Olivero, a decirnos información de que se llevaban las 12 cuadrillas que tenemos en vuelo. Cabe destacar que la única base que tiene aviones en vuelo es la nuestra. Al no tener respuesta, estuvimos en una reunión con él, no tener respuestas, vinimos al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa dijo que ellos no tenían nada que ver, que acá la medida la había tomado la Armada”.
Durante la movilización, el gremio volvió a denunciar la situación salarial del personal civil de las Fuerzas Armadas, al que califica como uno de los sectores más postergados de la Administración Pública Nacional. Según ATE, la actividad civil militar arrastra una profunda precarización, con escalas por debajo de la canasta básica y sin reconocimiento a la antigüedad, la calificación técnica ni el nivel de responsabilidad de los agentes.
“Exigimos que la base que sigue operativa, que la escuela tenga operatividad, que el arreglo de las aeronaves efectivamente se lleve adelante, que haya presupuesto con los trabajadores. Siempre decimos que no se agota solamente en la productividad y en la operatividad de la base, sino que además necesitamos que efectivamente se respete el convenio colectivo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras se respeten también y estén por sobre la línea de la pobreza”, detalló Cabezas.
A ese impacto social y económico, ATE suma una dimensión estratégica: la base ocupa un punto clave para la soberanía nacional. La presencia de la Armada en Punta Indio responde a una decisión política de ocupar y defender el territorio, por lo que su cierre implicaría un retroceso en términos de soberanía y un vaciamiento de la presencia del Estado en el interior bonaerense.
“Necesitamos que el poder político se ponga al frente de la defensa de la seguridad del país, que no es más que defender la soberanía. Pero si nosotros decimos que es estratégico que la seguridad y que la soberanía de nuestro país siga siendo potestad del pueblo argentino. Y, para eso, la base naval de Punta Indio, pero también la dignidad de los trabajadores, son derechos irrenunciables”, concluyó Cabezas
Y Carocella expuso que “de esta lucha no nos bajamos y le pedimos al contraalmirante Olivero y a todos los que están acá en la Armada, el jefe general de la Armada, que tengan en consideración que nosotros tenemos espacio aéreo libre, que tenemos la escuela, la cuna de aviación naval. Los pilotos de Malvinas volaron y se educaron ah. Tenemos cuatro países limítrofes donde nuestros aviones cuidan. Les pedimos que tengan en consideración que somos 185 civiles y aproximadamente 400 militares que nos tenemos que ir”.
Además de Cabezas participaron de la movilización el secretario general de la CTA Autónoma Nacional, Hugo «Cachorro» Godoy; el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo; el secretario general de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar «Colo» De Isasi; y el intendente de Punta Indio, David Angueira. También se sumaron vecinos y vecinas de Verónica, que acompañaron la convocatoria del gremio.
Desde ATE ratificaron que continuarán en plan de lucha en todo el país. El gremio advirtió que, aunque se logre evitar el cierre de la base y la unidad siga operativa, el conflicto por las condiciones laborales del personal civil de las Fuerzas Armadas seguirá abierto, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores y trabajadoras del sector.
Fotos: Luciano Dico – Prensa CTA Autónoma
