Publicado el 15 de septiembre de 2026
Por Nahuel Croza | Peñas Negras es una comunidad indígena diaguita situada a más de 3.500 metros de altura en el norte del departamento de Belén, al oeste de Catamarca cerca del límite con Salta. El avance de los proyectos mineros en la región pone en riesgo el territorio ancestral y su forma de vida y sustento y ha generado en los últimos días enfrentamientos con los empleados de las multinacionales mineras y la policía provincial.
“Hace como doce días que estamos en alerta defendiendo el territorio. El personal de la empresa y la policía que vino a reprimirnos siguen instalados en la comunidad indígena de Aguas Calientes, así que estamos siempre con miedo de que en cualquier momento pueden subir a hostigarnos”, cuenta Martín Marcial Pachado, secretario y eventual vocero de la comunidad, en relación al accionar de la minera Elevado Gold y la policía de Catamarca.
Desde Aguas Calientes hay que ascender unos 6 kilómetros para llegar a Peñas Negras. Los policías y el personal minero suben en motos y camionetas 4 x 4 para afrontar a la comunidad.
“Nosotros queremos mantener nuestra naturaleza viva, como es. Acá producimos lana de oveja, de llama, tejidos. En el verano se hace queso. También, a veces, se vende la carne. Lo que producimos lo cambiamos por mercadería y alimentos con los comerciantes que vienen a la zona”, describe Marcial.
La comunidad está integrada por unas 40 familias que viven fundamentalmente del pastoreo de camélidos y la ganadería de altura. El territorio abarca zonas de pastoreo ancestral, aguadas, puestos de veranada y sitios sagrados de la comunidad.
“Nuestras casas están en Peñas Negras. De generación en generación, desde nuestros ancestros, nuestros abuelos, estamos instalados en pequeños ranchos que llamamos puestos. Son varios puestos en los que vivimos. Pasamos una temporada en un puesto, otra temporada en otro, por el tema de las pasturas o por el tema del ganado: las cabras, las ovejas, las llamas. Vivimos de la crianza”, explica Pachado.
La invasión: el conflicto
“Nosotros venimos desde el año 2021 atentos y cuidando nuestro cerro, porque tiempo atrás apareció una gente que primero pensamos que eran turistas, no sabíamos que era una empresa. Pero andaban haciendo estudios, sacando fotos de los animales, del agua. Ellos acampaban en la zona y la comunidad siempre los atendía bien, les daban un lugar para dormir o acampar. En 2021 empezó esta historia en la cual hoy estamos violentados por el gobierno, por la empresa y por la justicia. Lamentablemente no nos está escuchando ningún funcionario”, narra el referente comunitario.
Las empresas implicadas son Elevado Gold S.A. y las contratistas Amalaya S.A. y Millaray S.A., autorizadas por el Ministerio de Minería provincial para realizar tareas de prospección y exploración de oro y cobre del proyecto denominado Alto El Mulato (en las áreas mineras Aguas Calientes I, II y III). La comunidad denuncia que personal de estas firmas ingresó a sus tierras de forma ilegal sin cumplir con el derecho constitucional a la Consulta Previa, Libre e Informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro país en el año 2000.
En los primeros días de septiembre, el conflicto subió de tono cuando la policía provincial agredió y reprimió a miembros de la comunidad que bloqueban el acceso de las mineras. También denuncian la presencia de grupos de choque parapoliciales presentes en los enfrentamientos que se desataron.
Mientras comunidades y organizaciones ambientales y sociales de la región sostienen la resistencia para proteger el agua y la vida, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, manifestó que no dará marcha atrás con los proyectos.
“Ellos dicen que va a ser una exploración sustentable, que el día de mañana van a entrar y van a trabajar y no va a pasar nada, que vamos a poder vivir bien, que no van a contaminar el agua. Nosotros sabemos las realidades que se viven en otros lugares y que es muy contaminante esta actividad”, cuenta en comunicación con Canal Abierto el vocero.
En julio de 2023 la Comunidad Indígena de Peñas Negras, dejó asentado en acta su no consentimiento al estudio de su territorio, tras una reunión con la secretaria de Minería, Teresita Regalado, y el director de Afirmación de Derechos Indígenas de la Provincia, Emmanuel Fiol.
La policía de las mineras
El miércoles 2 de septiembre, miembros de la comunidad que sostienen un campamento en la zona en conflicto fueron golpeados y agredidos con gas pimienta por personal policial. Los comuneros denuncian que en la ocasión, personas no identificadas y sin orden judicial alguna intentaron ingresar al territorio en motocicletas sin identificación y allí se produjo un enfrentamiento.
El 6 de septiembre, la abogada de la comunidad, Andrea Morales Leanza, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Belén tras los hechos de violencia policial ocurridos en su territorio. La letrada solicitó la intervención fiscal y la presencia de personal judicial en el territorio para tomar denuncias in situ. La presentación solicita que la Fiscalía verifique la identidad y legitimidad de quienes intervienen en el lugar y que peritos judiciales constaten las lesiones sufridas por los miembros de la comunidad.
El acceso a la comunidad está obstruido por grupos que impiden el ingreso a la zona y la propia abogada tuvo que llegar al lugar desde la localidad salteña de Jasimaná y por caminos de montaña sólo conocidos por los lugareños. En diálogo con el programa Mañana Central de Ancasti Streaming, Morales Leanza sostuvo que “la situación actual aquí es realmente catastrófica. Peñas Negras se encuentra sitiada. Alrededor está lleno de policías. No hay posibilidad de ingreso desde Laguna Blanca a Peñas Negras por cuanto hay grupos promineros que quedan al choque, que no permiten que la comunidad reciba ayuda, ni que se acerque su abogada, ni nadie que intente ayudarles”.
Divide y gobernarás
En abril de 2024, un operativo de la Infantería de Catamarca escoltó a la minera Elevado Gold -con presencia en el área desde 2017- para ingresar al territorio. Lo hicieron a instancias de la fiscal Marina Villagra y durante el procedimiento destruyeron corrales y reprimieron a los pobladores. Entre otros a Félix Escalante, de 83 años, herido con balas de goma.
Días después, Sebastián Gutiérrez, cacique de la comunidad, fue detenido en su casa del paraje Aguas Calientes en la madrugada por una patrulla policial que lo trasladó a la comisaría de Corral Blanco y luego a la Fiscalía de Belén. La excusa, una denuncia por amenazas de la minera.
Como contrapartida de los palos a quienes resisten, la empresa intenta ganarse el favor de otras comunidades con migajas. Recientemente anunció el aporte de 15 mil dólares para mejorar las condiciones edilicias de la Escuela Secundaria Rural N° 30, de Aguas Calientes, departamento de Belén. En el marco de su política de “responsabilidad social”, firmó un convenio por el cual aporta los fondos para herramientas y materiales y las comunidades de Aguas Calientes, La Angostura y Carachi proveen la mano de obra calificada para la ejecución del plan de mejoras.
“Primero, estas comunidades (las de Laguna Blanca y Corral Blanco además de las mencionadas) estaban defendiendo y acompañando a Peñas Negras para poder defender y sacar a aquella empresa. Con el tiempo parece que estos caciques llegaron a tener un diálogo con el gobernador, con la empresa, donde seguramente habrán recibido algo, por eso hoy en día están en contra nuestro, se han aliado con la empresa y sus empleados. Seguramente les han pagado para hacer eso y formar el grupo de patota e ir a violentarnos. Una pena, una tristeza lo que atravesamos. Nosotros seguimos en alerta, en el cerro para seguir defendiendo lo que tenemos”.
“Le pedimos a la ministra de Minería, Teresa Regalado, que por favor desinstale esta empresa de la comunidad de Aguascalientes. También le pedimos al gobernador que se ponga en el lugar de la comunidad de Peñas Negras, en los dos encuentros que tuvimos con él le dijimos que nos oponemos a esto. Y al ministro de Seguridad le pedimos que desaloje a esa gente que nos está hostigando, no podemos permitir que siga avanzando la violencia en nuestro territorio”, concluye Pachado.
Para solidarizarte con la comunidad:
