Publicada el 21 de septiembre de 2026
Redacción Canal Abierto | El miércoles comenzará ante el Tribunal Oral Federal Nº5 el juicio por el desapoderamiento de los bienes de las personas secuestradas y desaparecidas en la ESMA. Se trata del décimo proceso por crímenes de lesa humanidad vinculados el centro clandestino de la Armada.
Los imputados son varios represores del célebre Grupo de Tareas 3.3.2 como Jorge “Tigre” Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Jorge Radice, Juan Carlos Rolón, Alberto González y Juan Antonio Azic, que serán juzgados junto a Eduardo Enrique Massera, hijo mayor del excomandante de Emilio Eduardo Massera.
A principio de mes, Massera Jr. intentó realizar un viaje a Europa con su mujer, pero el fiscal Félix Crous se negó y el tribunal ratificó la prohibición de abandonar el país.
Para la fiscalía está claro que uno de los principales objetivos de la asociación ilícita fue que los bienes de los desaparecidos pasaran a integrar el patrimonio del genocida integrante de la primera Junta Militar.
Según informó Página/12, salvo Rolón y Azic que están en sus casas, el resto de los imputados está presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
La investigación revela que el apoderamiento de las cosas de los secuestrados primero fue pura rapiña, pero luego se expandió y se perfeccionó de tal manera que tuvieron que diseñar un entramado de lavado de activos para borrar pistas y reingresar lo robado al circuito legal.
Uno de modus operandi consistía en que, bajo extorsión y torturas, varios desaparecidos eran obligados a firmar papeles para ceder o vender sus autos o casas. En muchos casos los compradores eran los propios represores con nombres y documentos falsos, o sus allegados.
Entre 1977 y 1979, los marinos de la ESMA crearon tres inmobiliarias. Una de ellas fue instalada en Warnes 350, CABA, una propiedad que había pertenecido a Marcelo Hernández, desaparecido. En el tiempo que estuvo cautivo, tuvo que firmar un poder a nombre de un tal Juan Héctor Ríos, que luego se comprobó era el nombre falso que usaba Radice.
A fines de agosto el mismo tribunal condenó al único imputado en el noveno juicio por los delitos cometidos en Libertador al 8100 durante el terrorismo de Estado. Gonzalo “Chispa” Sánchez, exoficial de Prefectura que estuvo quince años prófugo y fue extraditado en 2020, recibió 16 años de prisión por 179 desapariciones, entre ellas la de Rodolfo Walsh.
Masserita
Aunque no formaba parte del staff permanente de la Escuela de Mecánica, Massera hijo está acusada de haber integrado la banda que desde 1977 se apropió de bienes de las víctimas. Testigos declararon haberlo visto tanto dentro del claustro de extermino como en viviendas sustraídas que luego fueron utilizadas por los represores.
Uno de los casos que llegará al debate es el del robo de los terrenos de Chacras de Coria, en Mendoza. Según la acusación fiscal, Eduardo Massera habría intervenido en la maniobra de despojo a través de una Sociedad Anónima de la que poseía el 90% de las acciones.
También se investigará el funcionamiento de Chroma SA, una productora audiovisual montada en una propiedad robada y que, según testimonios de sobrevivientes, utilizaba mano de obra de personas secuestradas en la ESMA.
Radice y los vínculos con el gobierno de LLA
Jorge Radice, administrador y responsable del financiamiento del Grupo de Tareas, será juzgado nuevamente junto a su hermana, Norma Berta, también acusada de ser parte del esquema de desposesión y lavado de activos. Norma Radice supo tener como defensor a Santiago Viola, actual secretario de Justicia de la Nación y hombre de confianza de Karina Milei.
Los Radice son contadores y están señalados por utilizar un complejo entramado de 17 sociedades en Argentina, Uruguay, Panamá y Estados Unidos para quedarse con inmuebles y activos de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura.
Viola intentó revertir medidas cautelares sobre los bienes de su clienta, pero la Sala II de Casación, con los votos de Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, rechazó su recurso y confirmó las sanciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N° 5. El tribunal había multado a la mujer por obstaculizar embargos sobre las firmas Martiel S.A. y Forestando Delta S.A., ambas presididas por ella.
Entre los bienes involucrados figuran propiedades, embarcaciones, caballos de carrera y vehículos adquiridos con fondos provenientes del saqueo a las víctimas. Una de las empresas, Croma S.A., funcionó en una propiedad que pertenecía a un detenido-desaparecido.
Jorge Rádice (alias Ruger o Gabriel), fue condenado a prisión perpetua en 2011 por delitos de lesa humanidad en el marco de la megacausa ESMA. Fue Teniente de Fragata de la Armada, y hombre de confianza de Emilio Massera. Se dedicó a las operaciones financieras. Se casó con la ex detenida desaparecida Ana Dvatman.
Con información de Ahora y siempre
Foto: Damián Dopacio / Página/12
