Redacción Canal Abierto | El objetivo del proyecto internacional SPRINT era medir la presencia de plaguicidas y elaborar estrategias para mitigar efectos adversos, pero en 2023 el organismo lo suspendió y censuró los resultados. Pueblos fumigados exigen el cese de la persecución a la científica.
Desde la coordinadora de pueblos fumigados de Argentina difunden un comunicado para sumar adhesiones al pedido por la no exoneración de la investigadora del INTA Balcarce y del CONICET, Virginia Aparicio. La ingeniera agrónoma, con más de 20 años de trayectoria en el organismo, es acusada por participación como coordinadora en el proyecto SPRINT, financiado por la Unión Europea, que tenía como objetivo medir la presencia de plaguicidas y generar estrategias y políticas públicas para mitigar sus efectos nocivos.
En una entrevista con Bichos de Campo explicó que el proyecto, que se presentó en 2018 a partir de una propuesta del laboratorio del INTA en Francia, Labintex, fue evaluado y aprobado por el consejo directivo del organismo, e incluso promocionado oficialmente. Así, porque “el objetivo del proyecto era que la información fuera lo suficientemente accesible para el sector (del campo)”.
El proyecto que finalmente se aprobó en 2020 constaba de dos etapas. Una primera de “monitoreo general”, en los 11 países participantes (10 europeos y la Argentina), para observar dónde se encontraban “los 209 de los plaguicidas que se podían medir, en muestras ambientales, animales, vegetales y humanas”.
La segunda etapa, de la que nuestro país ya no participó porque el entonces presidente del INTA, Mariano Garmendia, lo interrumpió en 2023, tenía como objetivo “trabajar con el productor” sobre la información recabada, “en prácticas que lo hicieran menos dependientes de los productos que usaba”. De fondo, buscaba “entender mejor cómo estamos distribuyendo los plaguicidas y tomar mejores decisiones, que es para eso que uno investiga”, explica Aparicio.
Al ser consultada sobre los motivos de la interrupción del proyecto y la prohibición de dar a conocer los resultados a los voluntarios –73 productores agrícolas, algunos del sector agroecológico y otros del más tradicional- que participaron del proyecto, la investigadora responde que fueron “los datos”.
“Creo que asustó un poco el hecho de ver toda esa información”. “Algunos plaguicidas –explica Aparicio- aparecen en todas las muestras”. Pero, aclara, “esto no solo pasa en Argentina”. En el resto de los países se registraban resultados también altos de presencia de plaguicidas, incluso en lugares como Portugal y Países Bajos, en niveles muy parecidos. “Pero no silencian esa información como pasa en Argentina”, lamenta.
Tras el cambio de Gobierno, entre fines de 2024 y principio de 2025, en tanto, comienza la persecución puntual contra Aparicio, en un sumario administrativo en el que terminan pidiendo su “exoneración”, la medida de sanción más grave, porque no implica sólo su cesantía sino que la imposibilita de seguir investigando en otros organismos como el CONICET.
También en diálogo con Bichos de Campo, el abogado de Aparicio, explicó que si bien aún no tienen una notificación oficial, la medida estaría definida, por lo que una vez con la resolución adversa recurrirán al fuero Contencioso Administrativo Feferal.
“Según mi criterio, no tienen entidad para aplicar ese tipo de sanciones, porque en esa investigación sumarial se imputa a otras personas por participar en el SPINT o porque tenían cargos jerárquicos, donde queda claro que omitieron algunos deberes, sin embargo, a ninguno le dan una sanción siquiera de cesantía”.
Y señala que los cargos que le imputan a Aparicio son ocho. “Una de las acusaciones es por un grave perjuicio material para la administración pública nacional, algo que no está demostrado, primero porque implicaría una denuncia penal y luego porque fue financiado por la Unión Europea”.
“La vinculan por su carácter de coordinadora del proyecto SPRINT”, agrega. Pero, “la adhesión al proyecto no fue de Virginia Aparicio, ella presenta el proyecto, concursa con otros, INTA istitucionalmente sigue todas las instancias jerárquicas, que son muchas y burocráticas, y la adhesión se aprueba desde las más altas esferas, desde la presidencia”.
“No a la exoneración”
De cara a la resolución que puede notificarse en estos días, distintas organizaciones de pueblos fumigados comenzaron una campaña para sumar adhesiones de personas, instituciones y organizaciones, en rechazo a la exoneración. También cuenta con información sobre la trayectoria de Aparicio y las características del proyecto.
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Foto: naturaleza.ar
