Publicado 25/09/2026
Redacción Canal Abierto | El pasado 10 de septiembre comenzó ante el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra trabajadores de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda. El único acusado es Emilio Parodi, quien fue jefe de Personal de la empresa desde octubre de 1975 hasta 1979 y está imputado por el secuestro de tres trabajadores.
Sin embargo, según advierten las partes acusadoras, los organismos y los familiares existen otros civiles que deberían ser investigados.
“Nosotros sabemos que Parodi, que era el gerente General de Bunge & Born y jefe de Recursos Humanos de Molinos Río de la Plata, fue cómplice de estos secuestros. Él fue quien daba las listas de los compañeros militantes que trabajaban en ese entonces en la planta”, asegura Ezequiel Roldán secretario General del Sindicato de Aceiteros de CABA y Gran Buenos Aires y secretario Gremial de la Federación Aceitera en una entrevista realizada por la Agencia Andar.
El gremio aceitero es querellante en la causa y sostiene además que los tres casos que llegaron a juicio forman parte de una trama mucho más amplia: en total, 26 trabajadores vinculados a Molinos Río de la Plata fueron desaparecidos durante la última dictadura.
Una causa que comenzó hace 13 años
Según reconstruyó Andar a partir del testimonio de Roldán, el camino judicial se inició en 2013, cuando Ceferino Mataboni, hijo de Rubén Mataboni —delegado Gremial de Molinos, secuestrado el 3 de diciembre de 1976—, se presentó en el sindicato para solicitar documentación de aquellos años.
Posteriormente, luego de que la actual conducción pudiera desplazar a la burocracia sindical, el gremio volvió a tomar contacto con Mataboni y le entregó documentación disponible tanto en el sindicato como en la Federación Aceitera. En 2013 comenzó la causa judicial y en 2015 el sindicato se presentó como querellante.
Para entonces, Molinos Río de la Plata pertenecía al grupo Ernest Bunge & Jorge Born. En la planta de Avellaneda se produjeron los secuestros de trabajadores que hoy forman parte de la causa.
Tres trabajadores, tres secuestros
Uno de los casos es el de Francisco Fernández, mecánico que había ingresado a trabajar en Molinos en 1973. Fue secuestrado cuando concurrió a la oficina de vigilancia para buscar su tarjeta de ingreso e iniciar su jornada. Cuando estaba por marcarla, varios hombres vestidos de traje se lo llevaron.
Otro de los trabajadores fue Santos Ojeda, perteneciente a la sección Expedición. Fue secuestrado a las 5 de la mañana, al salir de la fábrica después de su jornada laboral. Los testimonios indicaron que fue detenido por integrantes de Coordinación Federal.
En ese caso, Gregoria Figueredo de Segovia, tía de Ojeda, denunció ante la CONADEP que había sabido por un compañero de trabajo de su sobrino que los hombres que lo secuestraron se habían presentado ante el jefe de Personal de la planta, Emilio Parodi, para pedirle que identificara a Ojeda.
El tercer caso es el de Roberto José Rivolta Bonino, trabajador del sector administrativo que había ingresado a la fábrica en 1974. Fue secuestrado a las 8 de la mañana, cuando llegó para comenzar su jornada laboral.
Los tres secuestros ocurrieron el 7 de julio de 1976.
Roldán sostuvo, en la entrevista publicada por Andar, que Parodi fue partícipe necesario de los secuestros. También afirmó que era quien entregaba las listas de trabajadores militantes de la planta.
Los 26 trabajadores desaparecidos
El juicio actual abarca tres casos, pero el sindicato señala que Molinos Río de la Plata tuvo 26 trabajadores desaparecidos.
La lista incluye a Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Rivolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto Dippólito, Juan Carlos Pasquarrosa, José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y Paula Noemí Albornoz Musaschio.
Paula Noemí Albornoz Musaschio era hija de René Albornoz y Elba Noemí Musaschio y fue apropiada cuando tenía seis meses, luego de la desaparición de sus padres.
Desde el Sindicato de Aceiteros plantean que, además de buscar justicia por los tres casos incluidos en el expediente, el proceso debe servir para avanzar sobre el resto de las desapariciones y determinar las responsabilidades empresariales y civiles que pudieron existir.
“Lo fundamental es que hayamos llegado a esta instancia de juicio”, señaló Roldán, al considerar histórico que se juzgue a civiles que formaron parte de la dictadura cívico-militar. Al mismo tiempo, remarcó que el gremio no pretende limitarse al juicio contra Parodi y que continuará reclamando conocer quiénes fueron los demás responsables.
Memoria obrera y derechos humanos
El Sindicato de Aceiteros sostiene desde hace años una política vinculada con la defensa de los derechos humanos. Según explicó Roldán a Andar, el gremio participa de distintas organizaciones y trabaja para incorporar a los hijos e hijas de trabajadores desaparecidos a la vida sindical y de la federación.
El dirigente vinculó esa tarea con la actualidad del movimiento obrero, en un contexto que describió atravesado por la desindustrialización y el cierre de fábricas. Para el sindicato, la lucha por la memoria de los trabajadores desaparecidos no pertenece solamente al pasado, sino que continúa en el presente.
En esa línea, la Federación y el Sindicato Aceitero se encuentran realizando un documental sobre los crímenes de lesa humanidad vinculados con Molinos Río de la Plata. Para esa producción están reuniendo testimonios y entrevistando a hijos y familiares de las víctimas.
El objetivo, según explicaron “es evitar que esas historias queden relegadas al pasado y mantenerlas presentes como parte de la lucha cotidiana”.
El rol de los sindicatos en las causas
El dirigente aceitero también destacó que son pocas las organizaciones sindicales que se presentan como querellantes en causas por delitos de lesa humanidad. Según señaló, actualmente serían cinco o seis las organizaciones sindicales que participan bajo esa modalidad.
En ese sentido son históricas las querellas de ATE en juicios como el de Astilleros Río de la Plata que se realizó en la capital bonaerense, o las de la CTA Autónoma en ocho procesos.
Por eso, desde el gremio convocan a otras organizaciones que hayan tenido trabajadores desaparecidos a presentarse como querellantes en las causas correspondientes y acompañar a los familiares.
Para Roldán, ese rol debe complementar el trabajo histórico de Madres, Abuelas e Hijos y permitir que las organizaciones sindicales se involucren directamente en la búsqueda de justicia por sus compañeros y compañeras secuestrados.
Un juicio con demoras
Mientras esperan el desarrollo del proceso, los trabajadores actuales de Molinos siguen las audiencias con expectativa, aunque también con preocupación por las demoras.
Según el testimonio recogido por Andar, existe una extensa espera entre una audiencia y otra y el tribunal no accedió al pedido de realizar las jornadas de manera presencial, por lo que el proceso se desarrolla en forma virtual.
Por eso plantearon la necesidad de que la Justicia avance con la responsabilidad que implica juzgar crímenes cometidos hace medio siglo. Aun así, consideran significativo y positivo que el proceso haya llegado finalmente a la instancia de juicio.
A 50 años de los secuestros
Los trabajadores fueron secuestrados hace medio siglo. Para el Sindicato de Aceiteros, el juicio contra Parodi constituye una instancia de reparación para las víctimas y sus familiares, pero también un punto de partida para continuar buscando información sobre el resto de los responsables.
Roldán sostuvo que, aunque el proceso haya llegado al banquillo con un único acusado, el reclamo sindical no termina allí: el objetivo es reconstruir la trama de responsabilidades civiles vinculada con los secuestros y desapariciones de trabajadores de Molinos.
“Por más que hoy tengamos solamente a Emilio Parodi sentado en el banquillo de los acusados, seguiremos buscando la verdad y la justicia para nuestros compañeros”, afirmó el dirigente y remarcó que el sindicato sostiene que hubo más civiles responsables de las desapariciones.
Fuente: Agencia Andar / CPM
