Vivienda: El 6% de las personas concentra más del 50% de las propiedades

Un informe de Inquilinos Agrupados revela la alta concentración de la propiedad de los inmuebles en territorio bonaerense. “No tener políticas que regulen la renta responde a intereses de unos pocos y falta de coraje político”, afirmó Gervasio Muñoz, titular de la agrupación.
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Redacción Canal Abierto | Un informe de Inquilinos Agrupados, basado en datos de ARBA y el INDEC, revela que el 6% de la población bonaerense concentra más de la mitad de los inmuebles, mientras el inquilinato crece sin pausa en la provincia.

La investigación pone el foco en los denominados «multipropietarios» y desarma el mito de que el mercado de alquileres está compuesto principalmente por pequeños ahorristas o jubilados que buscan un complemento para sus ingresos. Los datos oficiales de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública respondido en julio de 2026 y cruzados con los últimos Censos del INDEC, reflejan una asimetría estructural.

Solo 1.065.255 personas poseen dos o más inmuebles edificados en la provincia. Este grupo representa apenas el 6,1% de la población total, estimada en 17,5 millones, pero concentra como mínimo el 50,9% de todos los inmuebles edificados.

El fenómeno se vuelve más agudo al desglosar los sectores de mayor poder adquisitivo. Unas 104.584 personas, el 0,6% de la población, tienen cinco o más propiedades y acumulan al menos 874.995 inmuebles, lo que equivale al 14% del total catastral.

En la cúspide de la pirámide, existen 1.879 propietarios que registran más de 100 inmuebles urbanos cada uno, sumando un piso mínimo de 372.579 propiedades. Dentro de este segmento extremo, 80 personas físicas y 176 personas jurídicas, es decir empresas o sociedades, superan los 500 inmuebles cada una.

En la otra cara de la moneda se ubican las mayorías populares que ven cada vez más lejana la posibilidad de la casa propia. La cantidad de hogares inquilinos en la provincia de Buenos Aires experimentó un salto del 67% entre 2010 y 2022. Esta tendencia contrasta con la evolución general del stock habitacional: mientras que en ese período las viviendas particulares y los hogares crecieron a un ritmo parejo, 25% y 26% respectivamente, el segmento de quienes deben pagar un alquiler se disparó de forma desproporcionada.

La serie histórica del INDEC muestra cómo cayó la propiedad y aumentó el inquilinato en las últimas dos décadas. En 2001, el 78% de los hogares eran propietarios y solo el 9,5% alquilaba. Para 2010, los propietarios habían descendido al 74,5% y los inquilinos ascendido al 14,6%. En 2022, la propiedad cayó al 67,4% y el alquiler trepó al 19,3%. El porcentaje restante corresponde a hogares que ocupan viviendas por préstamo, relación laboral u otras situaciones informales. Hacia fines de la década actual, la tendencia no ha hecho más que profundizarse, consolidando un escenario donde casi uno de cada cinco hogares bonaerenses es inquilino.

Desde Inquilinos Agrupados señalaron que estos indicadores demuestran que las dificultades para acceder a un techo no responden a una falta de construcción o a una escasez física de inmuebles, sino a la falta de regulación sobre la acumulación de bienes de primera necesidad. «El problema no es el jubilado que tiene un departamento para completar su jubilación. Son las 104.584 personas con cinco o más inmuebles y los 1.879 propietarios que tienen más de cien», sentenciaron desde la organización.

En esa línea, Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, afirmó a Canal Abierto que «es la primera vez que accedemos a información sobre concentración de vivienda y los resultados confirman lo que intuíamos, unos pocos controlan todo el mercado del alquiler. Esto muestra que no tener políticas que regulen la renta responde a intereses de unos pocos y falta de coraje político. Tenemos una oportunidad: tirar abajo el DNU 70/23 y volver a tener ley de alquileres».

El informe instala así una discusión clave sobre la necesidad de políticas públicas que pongan un freno a la especulación inmobiliaria y garanticen el derecho constitucional a la vivienda digna en la provincia más poblada del país.

Ilustración: Marcelo Spotti

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