Redacción Canal Abierto | La Corte Suprema de Justicia dictó hoy una medida cautelar interina que restituye provisoriamente la Ley de Tierras Rurales, suspendiendo así el artículo 154 del DNU 70/2023 que la había derogado. La medida, que salió con el voto de conjueces y con el de Rosenkrantz como único voto en contra, responde a una presentación oportunamente planteada por la Asociación Civil Árbol de Pie, que ayer fue respaldada a través de un Amicus Curiae presentado conjuntamente por el SERPAJ, la CTA Autónoma y la Asociación Argentina de Juristas ante la Corte Suprema.
Los demandantes originales del caso Árbol de Pie son la asociación ambientalista homónima, dos comunidades mapuches (Lafkenche y Lof Fvta Anecon) y la exlegisladora de Río Negro Magdalena Odarda. A diferencia del caso CECIM, que la semana pasada fue rechazado por falta de legitimación, esta demanda se apoya en la protección del ambiente y los derechos indígenas, no en la «soberanía».
A través de un comunicado, las organizaciones revelaron que en sus presentaciones, “advirtieron sobre la gravedad institucional de eliminar, mediante un DNU, un régimen legal de protección de la tierra rural, con consecuencias para el ambiente, los recursos naturales, la integridad territorial y los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, sostuvieron que la medida vulnera garantías constitucionales y convencionales, además de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino”.
En el mismo escrito, difndieron la solicitud a “que se convoque a una audiencia pública para ampliar el debate, garantizar la participación de las comunidades indígenas involucradas y aportar elementos relevantes para la resolución de una cuestión de profundo interés público y trascendencia institucional. Las organizaciones reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la soberanía sobre los recursos naturales y la protección de los territorios”.
El martes 29 de septiembre, la Corte había fallado en el caso «CECIM» rechazando su legitimación para demandar. El argumento fue que la «soberanía» no es un interés colectivo protegido por el artículo 43 de la Constitución. Ese fallo, en la práctica, dejó la ley de tierras derogada y sin restricciones la venta de territorios argentinos a extranjeros.
La reacción no se hizo esperar. El martes 6 de octubre hubo una fuerte movilización a Tribunales para repudiar el fallo que había suspendido la cautelar lograda por los excombatientes. Las organizaciones sociales salieron a la calle, los diputados opositores anunciaron una sesión especial para el 15 de octubre, no solo para rechazar el artículo 154 sino para voltear todo el DNU 70/2023.
En paralelo, el Gobierno sufrió otro revés en el Congreso: tuvo que bajar los capítulos de Ley de Tierras y Manejo del Fuego de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se discutía en el Senado. Esos dos capítulos pretendían convalidar legislativamente lo que el DNU 70/2023 había hecho por decreto: abrir la compra de tierras rurales a extranjeros y flexibilizar las restricciones sobre el uso del suelo después de incendios. Sin los votos suficientes, el oficialismo optó por retirarlos para salvar el resto de la ley.
La Corte se reunió de urgencia y dictó la cautelar interina que restituye la ley de tierras hasta que el juez federal de Bariloche resuelva el fondo del caso Árbol de Pie. La votación fue 4 a 1. Rosenkrantz fue el único voto en contra: sostuvo que a algunos sectores de la sociedad les disguste lo resuelto la semana pasada no puede ser motivo para adoptar medidas que la Constitución y la ley no permiten, y que eso solo debilita la credibilidad del Poder Judicial.
La mayoría respondió que no se trata de revertir lo de la semana pasada, sino de dos casos distintos, con demandantes distintos y pretensiones distintas. La diferencia clave está en el argumento: el CECIM invocó la «soberanía», que la Corte consideró una potestad del Estado y no un derecho colectivo de la gente. Árbol de Pie invocó el «ambiente» y los «derechos indígenas», que sí están reconocidos en el ordenamiento argentino como intereses colectivos: el artículo 41 de la Constitución (derecho al ambiente) y el artículo 75 inciso 17 (derechos indígenas) les dan base. El Acuerdo de Escazú (ley 27.566) exige, además, que el acceso a la justicia en temas ambientales se garantice con procedimientos efectivos, oportunos, públicos y transparentes.
El fallo de la Corte puso en riesgo la continuidad de la totalidad del DNU 70/2023. La oposición ya venía impulsando una sesión especial para el jueves 15 de octubre en la Cámara de Diputados, con el objetivo no solo de rechazar el artículo 154 sino de voltear el decreto completo. Esa norma abarca mucho más que la ley de tierras: incluye reformas laborales, de salud, de alquileres, de comercio exterior y un marco de privatizaciones.
El Senado ya había rechazado el DNU en marzo de 2024, pero como el trámite exige el pronunciamiento de ambas cámaras, el decreto sigue vigente. Si Diputados también lo rechaza el 15 de octubre, el DNU 70/2023 pierde vigencia en su totalidad. El fallo de la Corte, al restituir la ley de tierras por vía cautelar, le quitó algo de urgencia al debate para los sectores moderados, pero no detuvo la convocatoria.
Las organizaciones sociales, sindicales, ambientales y de derechos humanos ya confirmaron una movilización para el jueves 15 de octubre, coincidiendo con el tratamiento en Diputados. Lo anunciaron en su propio comunicado:
“El 15 de octubre volveremos a ganar las calles para exigirle a la Cámara de Diputados que derogue el DNU 70/23 y avance en su declaración de inconstitucionalidad”, concluye el comunicado emitido por las organizaciones.
La ley de tierras está suspendida por ahora, pero el juez federal de Bariloche Leandro Gómez Costenla tiene que resolver el fondo del caso Árbol de Pie. Ahí aparecerá el verdadero parteaguas. Mientras tanto, lo que pase el 15 de octubre en la sesión especial del Congreso va a definir el destino del DNU 70/2023 como un todo. Y lo que mostró la Corte en esta semana no es tanto una coherencia jurídica como una capacidad de reaccionar empujada por la presión social y la realidad política.
