Publicado 13/10/2026
Redacción Canal Abierto | La International Dockworkers Council (IDC), organización global que representa a trabajadores portuarios y estibadores de todo el mundo y cuenta con cerca de 100 sindicatos y federaciones asociadas en más de 40 países, emitió un pronunciamiento en los últimos días expresando su solidaridad y respaldo a los trabajadores y a las organizaciones sindicales que vienen defendiendo sus puestos de trabajo y reclamando el retorno del Puerto de Ushuaia, intervenido por el Gobierno nacional en enero, a la administración de la Provincia de Tierra del Fuego.
“El Puerto de Ushuaia constituye una infraestructura estratégica para Argentina, para la Provincia de Tierra del Fuego y para toda la actividad marítima internacional. Su posición geográfica lo convierte, además, en una puerta fundamental hacia la Antártida y en uno de los principales puertos de recepción de cruceros internacionales de la región”, comienza destacando el texto.
“La IDC ha sido informada por sus organizaciones afiliadas en Argentina de la situación generada tras la intervención dispuesta por el Gobierno Nacional en enero de 2026 y, particularmente, de sus consecuencias sobre los trabajadores portuarios. Aproximadamente 140 trabajadores fueron desplazados de sus tareas habituales, mientras otros fueron incorporados o trasladados desde otros puertos y jurisdicciones. Esta situación debe resolverse de manera inmediata”.
El puerto de Ushuaia debe volver a la provincia
En su comunicado, La IDC considera “necesario que el proceso de intervención concluya y que el Puerto de Ushuaia vuelva a estar bajo la administración de la Provincia de Tierra del Fuego, respetando el marco jurídico aplicable y los derechos de los trabajadores”.
“Las diferencias entre administraciones –advierte-, organismos públicos o niveles de gobierno no pueden convertirse en una excusa para poner en riesgo los puestos de trabajo ni para debilitar la representación colectiva de los trabajadores portuarios”.
“Un puerto no puede ser utilizado como escenario de disputas institucionales mientras sus trabajadores permanecen en una situación de incertidumbre”.
“El puerto debe estar al servicio de la comunidad, de la actividad marítima y, sobre todo, de los trabajadores que lo hacen funcionar”, dice la organización global.
Reincorporación inmediata de los trabajadores
La IDC reclama la reincorporación a sus tareas habituales de los aproximadamente 140 trabajadores desplazados, garantizando sus salarios, seguridad social, derechos laborales y representación sindical.
“Los trabajadores no son responsables de las decisiones administrativas adoptadas durante estos meses”, dicen, y concluyen: “No deben ser ellos quienes paguen las consecuencias de una situación institucional cuya resolución corresponde a las autoridades”.
La intervención
El 22 de enero de este año, el Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa del Puerto de Ushuaia por un período de 12 meses, mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. La medida fue oficializada en pleno funcionamiento de la temporada de cruceros 2025-2026. La notificación a las autoridades provinciales se realizó en la madrugada del 21 de enero, a las 00.03, con la presencia masiva de la Gendarmería en las inmediaciones del Puerto. La intervención se justificó por la detección de irregularidades financieras y fallas en la infraestructura portuaria.
Sin embargo, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego emitió una dura respuesta rechazando las excusas de la Casa Rosada y anticipó que recurrirá a la Justicia para cuestionar la intervención. En un comunicado, la gestión de Gustavo Melella expresó su postura ante “la abrupta intervención del puerto de Ushuaia”.
El texto dice que la decisión se tomó “sin razones”, ya que el puerto “crece y funciona con total normalidad” y “en las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada”. La posición provincial advierte sobre “narrativas preocupantes” al respecto de las “intencionalidades geopolíticas o económicas —no explicitadas— que trascienden la realidad del puerto y que parecieran estar detrás de una medida de esta magnitud”, refiriéndose sin nombrarlas a las múltiples denuncias por acuerdos comerciales y hasta militares con Estados Unidos.
