Por Nahuel Croza | En 1982, tras el desembarco de las Fuerzas Armadas argentinas en las Islas Malvinas, ordenado por la Junta Militar conducida por el genocida Leopoldo Fortunato Galtieri, tras algunos días de negociaciones, la Casa Blanca decidió suspender la venta de armas al gobierno de facto. También lo hizo la Francia de Francois Mitterrand, hasta hace poco proveedora de los cazas Mirage y Super Eténdard y de los, famosos en el conflicto del Atlántico Sur, misiles antibuque Exocet (desarrollados por la empresa gala Aérospatiale). Estas medidas y las gestiones de estas potencias ante la OTAN y otros países cerraron el mercado mundial de armamentos para la dictadura.
Los militares argentinos que brindaban servicios a Washington en Centroamérica, participando en la formación de cuadros antiguerrilla con torturadores como Raúl Guglielminetti, el coronel Osvaldo Ribeiro o el médico Ricardo Roberto Rico (integrante de la banda de Aníbal Gordon y hermano del carapintada y luego intendente de San Miguel), creyeron que la Casa Blanca se mostraría cercana a su subsidiaria Rosada.
“Ellos (el gobierno norteamericano) no querían que cayera el dictador argentino, general Leopoldo Galtieri… Para los estadounidenses él era un pilar central de la resistencia al comunismo en América del Sur y América Central, y todos los esfuerzos de (Ronald) Reagan y del Departamento de Estado se concentraban en la crisis en El Salvador”, sostiene Sir John Nott, exsecretario de Defensa británico (1981-1983), en sus memorias publicadas por el Daily Telegraph, según reconstruye en una de sus contratapas de Página/12 Juan Gelman. El inglés, exmilitar, en los 50 supo comandar un escuadrón de fusileros Gurkha contra los independentistas malayos.
“El gobierno de Buenos Aires ha venido prestando apoyo a Estados Unidos en sus operaciones encubiertas en América Central y en sus causas anticomunistas en toda América latina, actitud… que a los ojos de la junta argentina le ha asegurado el apoyo norteamericano a una eventual nueva política en relación con las Malvinas”, especulaba entonces el embajador británico ante la Casa Blanca, Sir Nicholas Henderson. Tanto a este funcionario como a Galtieri y sus socios este cálculo les falló ostensiblemente. Luego de las infructuosas negociaciones del secretario de Estado de Reagan, Alexander Haig, y mientras la flota británica se acercaba al teatro de operaciones, la Casa Blanca suspendió la venta de pertrechos militares a la Junta.
Los aviones de Israel
La Junta Militar de Videla, Massera y Agosti pretendía comprar aeronaves de combate pero no podía hacerlo en Estados Unidos, ya que tras el golpe de 1976 había impuesto un embargo de armas a nuestro país. Tampoco pudo avanzar en Francia, con la aeronáutica Dassault, que se negaba a vender sus Mirage debido a la presión internacional. En 1978, el Congreso estadounidense estableció la enmienda Humprey-Kennedy, que impidió la adquisición de material bélico procedente de este país o de naciones europeas, por lo cual el gobiero militar debió optar por otros mercados, entre ellos el israelí.
El 10 de agosto de 1978, la Fuerza Aérea Argentina compró a Israel un lote de cazas IAI Nesher, versión israelí de los Mirage de Dassault, que en nuestro país se conocieron como M-5 Dagger. Fue el primer caza supersónico fabricado por Tel Aviv derivado directamente del diseño francés pero con un mayor alcance de combate y componentes locales. Su bautismo de fuego, y vidriera para el mercado internacional de armas, fue la Guerra de Yom Kippur en 1973.
La compra de la aeronáutica nacional fue de 24 monoplazas y dos biplazas por un monto de 109.192.000 dólares. En febrero de 1982, llegó al país un segundo lote de 11 monoplazas y dos biplazas que formaron el II Escuadrón de Cazabombarderos, todos con asiento en la VIII Brigada Aérea en la Guarnición Aérea Mariano Moreno.
Todos estos aviones habían sido retirados de la Fuerza Aérea Israelí y vendidos tras un proceso de modernización que se completó en el país con tecnología local e importada. Los pilotos argentinos recibieron entrenamiento en Perú, que ya había comprado estas aeronaves, y en Israel.
Otro insumo que Israel proveyó a la dictadura fueron los misiles aire-aire Shafrir, de diseño y fabricación propios.
Recientemente, el ministro de Defensa de Javier Milei, el teniente general Carlos Presti, siguiendo una línea histórica con sus antecesores genocidas, anunció la firma de un convenio de cooperación con el estado genocida de Israel.
Tráfico de armas
Pese a las restricciones impuestas por Estados Unidos y la OTAN, el gobierno del primer ministro israelí Menajem Begin suministró millones de dólares en equipamiento militar a la dictadura argentina. Además de los cazas y los misiles Shafrir, Israel proveyó tanques de combustible de gran capacidad para los aviones Skyhawk (para extender la autonomía de vuelo hacia las islas), sistemas de alerta de radar, máscaras de gas, municiones y camperas de abrigo para las tropas.
Según Hernán Dobry, autor del libro “Operación Israel: El rearme argentino durante la dictadura (1976-1983)”, en el periodo mencionado, Tel Aviv proveyó insumos a la dictadura por un valor de 713,46 millones de dólares (equivalentes a 2.332,96 millones de la actualidad). El periodista destaca el dato de que este país “nunca había sido una fuente de abastecimiento de las Fuerzas Armadas antes de este período, a no ser por alguna compra marginal y en montos mínimos, realizada a principios de los 70”.
Para burlar el bloqueo, según Dobry, el equipamiento militar adquirido por la dictadura a Israel llegó al país a través de vuelos secretos de Aerolíneas Argentinas (cuatro de ellos con escala en Trípoli, Libia) y por vía marítima para sortear el bloqueo internacional. En ocasiones, se realizaron operaciones trianguladas con Perú. Los pagos se realizaban de manera anticipada a través de cuentas en Suiza y utilizando intermediarios para disimular el destino final del material bélico.
La improvisación de la operación Rosario -nombre con que la Junta Militar bautizó el ataque sobre las Malvinas-, fue tal que varias compras de equipamiento militar ya efectuadas, quedaron varadas en los países de origen debido al bloqueo. Entre estos, un embarque de los misiles Exocet AM 39 que con desesperación los militares argentinos deseaban adquirir tras el probado éxito que había tenido su uso: este arma, especialmente diseñada para atacar buques, había sido la responsable del hundimiento de los destructores HMS Sheffield, HMS Coventry y del carguero Atlantic Conveyor.
Los desaparecidos judíos
La represión genocida de la dictadura cívico militar iniciada en 1976 desapareció a alrededor de 1900 personas de origen hebreo. Este número parcial, construido por la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos, implica un 6,3% de la cifra estimada de 30.000 desaparecidos. En ese momento, la población de origen judío se estimaba entre 250 y 300 mil en todo el país, cerca del 1% de la población nacional. Esta disparidad estadística indica que una ciudadana o ciudadano judío en la Argentina de los años 70 tenía un riesgo mayor de ser secuestrado y desaparecido que el promedio de la población civil y permite inferir el carácter antisemita de la dictadura y sus esbirros.
En el informe parcial de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), elaborado en 1984 con un total provisional de 8.961 denuncias, figuran explícitamente 1.296 personas de filiación judía identificadas. Esto implica 14,4% de los casos relevados.
A pesar de que organismos del estado de Israel colaboraron para permitir el exilio de miembros de la comunidad para que resguardaran su vida (tarea a cargo de la Agencia Judía de Inmigración que según los registros ayudó a cerca de 350 personas a escapar del país), la realpolitik no le impidió a Tel Aviv la doble moral de vender armas y mantener relaciones diplomáticas amistosas con los genocidas de 1900 de sus paisanos.
Mientras otros países dudaban, Israel reconoció de inmediato al régimen militar instaurado el 24 de marzo de 1976, hecho celebrado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger.
“Israel fue un importante abastecedor de armas de la dictadura argentina, colaboró con ella en foros internacionales y cortejó sus votos en las Naciones Unidas (ONU)”, explica Gerardo Leibner en una investigación publicada en Historia y Política, publicación de la Universidad Complutense de Madrid. Por otro lado procuró “mantener buenas relaciones con las autoridades para proteger a la comunidad judía argentina bajo amenazas antisemitas provenientes de elementos del mismo régimen, preservar actividades sionistas en un marco de severas limitaciones a la actividad pública y rescatar a judíos perseguidos o detenidos. Simultáneamente, Israel presionó a la Argentina ante expresiones públicas de antisemitismo, orquestó una campaña internacional para obtener la liberación del periodista Jacobo Timerman, organizó una eficaz red de evacuación de judíos perseguidos en Argentina por razones políticas y llegó a un acuerdo para la liberación temprana mediante expulsión a Israel de presos legales (no considerados desaparecidos) de origen judío”.
El historiador uruguayo, radicado en Tel Aviv, sostiene que “Israel y la Junta Militar argentina compartían una fuerte identificación occidental en el marco conceptual de la Guerra Fría y desarrollaban simultáneamente agresivas estrategias contrainsurgentes. Ambos afrontaban críticas internacionales, tanto en la opinión pública como en organismos internacionales donde sus adversarios políticos e ideológicos tenían un peso creciente”.
Leibner señala que tras la asunción del presidente James Carter en Estados Unidos y el cambio dispuesto en Washington hacia políticas internacionales de derechos humanos, la dictadura y el gobierno israelí se vieron acorralados y fortalecieron sus vínculos. La Casa Blanca entonces dispuso un primer embargo de armas a la Argentina
Otro factor de cercanía radicó en que ambos gobiernos compartían enemigos. La principal prioridad de la política oficial de los gobiernos de Israel era frenar el reconocimiento internacional de la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) y aniquilarla militar y políticamente. A su vez, la OLP sostenía una alianza político militar con la organización Montoneros. “Las relaciones amistosas fueron cultivadas recalcando el común denominador anticomunista, antiterrorista y el repudio al radicalismo tercermundista”, señala el historiador uruguayo-israelí.
Ante las críticas por su rol, el Parlamento israelí (Knesset) y el Ministerio de Relaciones Exteriores constituyeron en el año 2000 una Comisión Interministerial para los Desaparecidos Judíos en Argentina con el fin de recopilar testimonios, localizar restos y desclasificar documentos secretos de su Cancillería.
