El ex funcionario judicial Roberto Mazzoni y el excarcelero César Casco recibieron 14 y 13 años de prisión. Ambos asumieron su responsabilidad en un juicio abreviado por delitos de lesa humanidad. Es la decimocuarta sentencia en la provincia.
Publicado 26/10/2016
Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó la semana pasada al exfiscal federal Roberto Domingo Mazzoni y al exjefe penitenciario César Pablo Casco a 14 y 13 años de prisión respectivamente, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La sentencia fue comunicada el miércoles 21 de octubre por la jueza subrogante Emilce Rojas y difundida durante los últimos días de la semana pasada, en el marco de un juicio abreviado cuya audiencia se había celebrado el 6 de octubre, con la participación de ambos imputados.
Los dos represores reconocieron expresamente su responsabilidad en los hechos y delitos comprendidos en la acusación, que contó con el respaldo de las querellas de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco.
Se trata de la tercera condena que reciben Mazzoni y Casco por su participación en hechos vinculados con crímenes de lesa humanidad. En 2019, ambos habían sido condenados a 11 años de prisión en la causa conocida como Complicidad Judicial y Servicio Penitenciario Federal. En 2021, Casco recibió una pena de tres años y seis meses en el juicio Caballero III. Por su parte, en 2024, Mazzoni fue condenado a cinco años y seis meses en la causa Complicidad Judicial II, por haber presenciado una sesión de tortura en su condición de funcionario judicial.
Mazzoni
El exfuncionario judicial fue condenado por encubrimiento por infracción del deber de denunciar delitos, omisión de dar cuenta de una detención ilegal y omisión de promover la persecución y represión de delincuentes. Los hechos estuvieron vinculados con las víctimas Aníbal Ponti, Hugo Barúa y Eugenio Domínguez Silva.
En el caso de Ponti, se tuvo por acreditado que el entonces funcionario no investigó las reiteradas denuncias de torturas sufridas por la víctima en la Brigada de Investigaciones. También se le atribuyó responsabilidad por su intervención en un informe médico que adjudicó las lesiones a supuestas faltas de higiene, pese a las denuncias que se habían presentado.
En relación con Domínguez Silva, Mazzoni fue condenado por haberlo sometido a un tratamiento judicial como si fuera mayor de edad, aunque era menor, y por no impulsar investigaciones ante las denuncias de tortura. Además, en febrero de 1978, cuando el joven se encontraba a disposición del Juzgado Federal, fue retirado ilegalmente de la Alcaidía y ocultado en la Brigada de Investigaciones durante una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La sentencia también incluyó la falta de investigación de las denuncias de Hugo Barúa sobre las torturas padecidas durante su detención y la ausencia de atención médica cuando contrajo tuberculosis mientras permanecía alojado en la Alcaidía.
Por otra parte, en los casos de Mirta Clara y Gregoria Pérez se modificó la calificación legal establecida en la sentencia de 2019, conforme a lo dispuesto por la Cámara Federal de Casación Penal. Las conductas fueron encuadradas como tormentos psicológicos agravados, en reemplazo de la figura de apremios ilegales.
De acuerdo con los hechos acreditados, ambas mujeres habían acudido al despacho de Mazzoni para denunciar las torturas sufridas durante sus detenciones políticas. En esas circunstancias, el entonces funcionario las habría amedrentado: en uno de los casos llamó a la Brigada para consultar si debía devolver a la detenida al centro clandestino y, en el otro, la apuntó con un arma de fuego.
Casco
El exjefe penitenciario fue condenado como autor de tormentos agravados contra Carlos Raúl Aranda, quien era perseguido por razones políticas y se encontraba alojado en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 7.
Según estableció la sentencia, Casco ordenó un castigo que comprendió 30 días de confinamiento en una celda, desnudez, baños de agua helada dos veces al día durante el invierno y una alimentación mínima.
Juicios de lesa humanidad en Chaco
Desde la reapertura de las causas por crímenes de lesa humanidad, en 2004, la provincia del Chaco acumula 14 sentencias dictadas por el Tribunal Oral Federal de Resistencia y el Juzgado Federal N.º 1.
Entre los principales antecedentes figuran los juicios Caballero I, Caballero II y Caballero III, que concluyeron con sentencias en 2010, 2018 y 2021, respectivamente. También se encuentran las causas por la Masacre de Margarita Belén, que tuvieron fallos en 2011, 2013 y 2022.
A ese recorrido se suman las sentencias de los juicios Ligas Agrarias y Complicidad Judicial I, dictadas en 2019; Conscriptos, en 2022; y Complicidad Judicial II, en 2024. Más recientemente, se resolvieron los juicios abreviados Aníbal Muñoz, en 2025, y Complicidad Judicial III, en 2026.
El registro se completa con las sentencias por el derecho a la verdad dictadas por el Juzgado Federal en los casos de Pablo Martinelli, en 2023, y Carlos Tereszecuk, en 2025.
