Por Nahuel Croza | Los femicidios de cuatro trabajadoras sexuales –Bárbara Aragón, Débora Bordón, Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández– ocurridos el pasado mes de octubre, impulsaron a AMMAR (el sindicato de trabajadorxs sexuales) a declarar para este 3 de noviembre un paro nacional.
Georgina Orellano, secretaria General del gremio, señala a la clandestinidad, la falta de reconocimiento laboral, la pobreza y el hostigamiento policial como los componentes de un cóctel explosivo que estalla en la vida de miles de compañerxs.
“Estos femicidios ocurrieron dos en la ciudad de Rosario (uno de ellos a manos de un expolicía que contrató el servicio, no quiso pagarlo y asesinó a Bárbara), uno en la provincia de Córdoba y otro en Buenos Aires. Se dan en un contexto de precarización laboral; se trata de compañeras jóvenes (todas menores de 30), con trayectorias muy recientes. Venían de ejercer otros trabajos, muy precarios, que no les permitían sostenerse económicamente y, en la búsqueda de mejores ingresos, comenzaron a ejercer el trabajo sexual”, explica Georgina.
Estas mujeres no trabajaban en la calle, ofrecían su servicio a través de redes y plataformas digitales; “pero por más que una busque la virtualidad como forma de protección, lo cierto es que estás ejerciendo un trabajo que no es reconocido por el Estado y que está criminalizado. La acción de hoy, el paro, tiene que ver con poner el foco en la precariedad de nuestro trabajo, la pobreza estructural y que nuestras vidas también importan: ocurrieron cuatro femicidios y no hubo clamor en las calles”, sostiene Orellano.
“No son casos aislados, en lo que va del año llevamos más de 250 femicidios. Tiene que ver con una estructura patriarcal, con el machismo y con discursos de odio que están totalmente habilitados por el Gobierno nacional, que reproducen que hay vidas que valen más que otras y que hay vidas que son descartables”.
El trabajo sexual no está penalizado en nuestro país, pero eso no impide que sea objeto de estigmatización social y represión legal. La oferta callejera está perseguida por códigos contravenciones municipales o provinciales; los cabarets fueron cerrados; si las mujeres se organizan y alquilan un departamento, la que firma el contrato es considerada proxeneta de las demás. Todo tipo de organización es penalizada y perseguida e incluso a la organización gremial muchas veces pretenden sindicarla como facilitación de la prostitución.
“Sumado a la clandestinidad podemos hablar de la pobreza estructural. En el sindicato nos llegan un montón de demandas, por las redes sociales, de mujeres con familias monoparentales, sostén de hogar, que nos preguntan ‘cómo puedo arrancar’. Nosotras les respondemos que no hacemo este asesoramiento, acompañamos a personas que ya ejercen trabajo sexual. Lo que sí les decimos es que tienen que ser conscientes de que van a iniciarse en un trabajo que está criminalizado”, relata la dirigente y advierte que desde los medios se romantiza el trabajo sexual virtual y no se plantean los riesgos posibles.
La propuesta del paro, debatida en asambleas, fue decidida por el gremio para denunciar “nos están matando”, y convocó a la creatividad de estas trabajadoras sin patrón: paros temporarios, asambleas a la vera del Camino de Cintura, ollas populares, una pegatina en la peatonal de Florencio Varela, radios abiertas, mensajes en redes sociales y, las que trabajan en plataformas, subirán contenidos que concienticen a sus clientes.
Mientras tanto, en Capital, frente al Congreso de la Nación a las 11 de la mañana, AMMAR llevará adelante una acción de visibilización con otros colectivos feministas y gremios.
