Publicado 05/11/2026
Por Inés Hayes | La Fundación Red por la Infancia, junto con más de 30 organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos de distintas provincias, presentó una carta abierta dirigida a las senadoras y los senadores nacionales para reclamar el tratamiento urgente del proyecto de Ley de Protocolos, que busca prevenir, detectar y actuar frente a las violencias contra niñas, niños y adolescentes (S-528/25).
El pedido llega después de que, el pasado 28 de octubre, la iniciativa obtuviera dictamen en las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano. Las organizaciones solicitan que sea incorporada al temario de la próxima sesión del Senado, aprobada y remitida a la Cámara de Diputados para avanzar hacia su sanción definitiva.
La historia del proyecto comenzó en 2018, luego de que salieran a la luz los abusos y la explotación sexual de adolescentes de las divisiones inferiores del Club Independiente. Desde entonces, la iniciativa recibió el respaldo de diferentes fuerzas políticas, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras en distintas instancias de su recorrido y perdió estado parlamentario en dos oportunidades, sin llegar a convertirse en ley.
Durante estos ocho años, nuevos casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes volvieron a exponer las dificultades de las instituciones para detectar señales de alerta e intervenir oportunamente. Las denuncias por abusos en jardines de infantes, los casos del Instituto Próvolo, el caso de Lucio Dupuy y las nuevas denuncias de grooming vinculadas a Independiente son algunos de los hechos que forman parte de la cronología incluida en la carta abierta.
La magnitud del problema también se refleja en las estadísticas oficiales. Entre 2018 y 2025, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró 35.058 denuncias de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y en el 56% de los casos denunciados en 2025, la violencia ocurre a diario o semanalmente. Se trata de registros de una sola jurisdicción, que no representan la totalidad de los hechos ocurridos en el país.
El proyecto establece la obligación de diseñar e implementar protocolos para la prevención, detección temprana y actuación frente a situaciones de violencia en instituciones públicas y privadas que tengan a su cargo o desarrollen actividades con niñas, niños y adolescentes.
La propuesta abarca distintas formas de violencia, entre ellas el abuso sexual, la violencia física y la violencia entre pares. También contempla la necesidad de dar respuestas frente a situaciones que ocurren en entornos digitales, como el grooming, el hostigamiento y la difusión no consentida de imágenes íntimas.
El objetivo es que escuelas, clubes, espacios deportivos, culturales y comunitarios cuenten con procedimientos claros para reconocer señales de alerta, actuar oportunamente, recurrir a los organismos competentes y proteger a las víctimas, evitando su revictimización.
La iniciativa complementa los avances de la Ley Lucio, que estableció la capacitación obligatoria en derechos de niñas, niños y adolescentes para quienes se desempeñan en la función pública. Mientras esa norma se centra en la formación, el proyecto de protocolos busca traducir esos conocimientos en procedimientos institucionales concretos.
“El 80% de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes ocurre en su entorno cercano. Por eso es fundamental que las instituciones que trabajan con ellos cuenten con protocolos para prevenir estas situaciones y, cuando se detecten o reciban denuncias, tengan procedimientos claros que permitan actuar a tiempo y brindar una respuesta adecuada a las víctimas”, explicó Paula Wachter, directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia.
La carta abierta reúne adhesiones de organizaciones dedicadas a los derechos de la infancia, instituciones de protección, defensorías provinciales y entidades de distintos ámbitos de trabajo con niñas, niños y adolescentes.
Las entidades advierten que la falta de procedimientos institucionales puede dificultar la detección temprana de las violencias y demorar la activación de mecanismos de protección.
“No podemos esperar a que una nueva tragedia vuelva a poner en discusión quién debía intervenir, quién tenía la información o quién debía dar aviso”, señala la carta.
Tras ocho años de recorrido legislativo y con un nuevo dictamen favorable, las organizaciones consideran que existen las condiciones para avanzar hacia la aprobación de una herramienta que contribuya a fortalecer la protección de las infancias y adolescencias en todo el país.
“Las niñas, niños y adolescentes no pueden seguir esperando. El consenso debe convertirse en ley y la ley en protección efectiva”, concluye el documento.
Organizaciones adherentes:
Fundación Red por la Infancia · ACIJ · Infancia en Deuda · Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba · Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Jujuy · Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe · Defensoría del Pueblo de la provincia de Catamarca · Red Solidaria · Consejo Federal de Defensorías de NNyA · CEPASI · Asociación Chicos.Net · Protección Digital Argentina · Fundación Kaleidos · Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC) · OCEDIC Universidad Austral · Adopten Niñes Grandes Asociación Civil · Asociación Civil Cultural y Social Huahuita Feliz · Asociación Civil Legado de Francisco · Canales Asociación Civil · Departamento de Urgencias Comunitarias · Fundación Potenciar Solidario · Fundación Llegando a Vos · Fundación Núcleo Humano · Fundación Suma Herramientas · Fundación T.E.A. Trabajo, Educación, Ambiente · Fundación Voz · Hecho por nosotros · Maranath · Ministerio Educación provincia Santa Fe · Niño Jesús · Puilque Alma Solidaria · Red Nacional de Psicología Social · Samtec · Fundación Sistema de Aprendizaje Mediado con Tecnología · Unión de Clubes Parroquiales.
