Publicado 06/11/2026
Por Sofía Acosta | No es novedad que una de las marcas de la gestión porteña ha sido el asedio constante sobre los trabajadores, ya sean formales o informales, vendedores ambulantes o del subte. Esta vez, el blanco son los transportistas de volquetes.
Hace más de 20 años, el sector organizado logró que el Gobierno de la Ciudad cediera un predio para la descarga y el procesamiento de escombros de obras civiles y viales en la zona de Bajo Flores/Villa Soldati, predio que en la actualidad también se utiliza para el desecho de basura. Los choferes denuncian que sufren demoras de más de dos horas solo para descargar. Lejos de optimizar la logística, la administración local desató una verdadera cacería. Por ese motivo, este martes y miércoles realizaron un cese de actividades en el lugar, en rechazo a las nuevas exigencias y restricciones que tornan inviable su labor.
El conflicto se remonta varios meses atrás, pero escaló con fuerza durante octubre, cuando el Ejecutivo porteño endureció los controles mediante multas arbitrarias y el secuestro de unidades.
“Venimos reuniéndonos con funcionarios, presentando propuestas y buscando soluciones. Pero la situación llegó a un límite en el que muchas empresas ya no pueden operar. El Gobierno de la Ciudad impone condiciones que, en la práctica, son inviables: nos exigen retirar los volquetes en plazos estrictos, pero al mismo tiempo nos restringen los lugares para estacionar y padecemos demoras de hasta una hora y media para descargar. Además, sufrimos secuestros de unidades y multas desproporcionadas. Somos empresas habilitadas, pagamos impuestos, generamos empleo y prestamos un servicio esencial para la construcción”, señaló a Canal Abierto Tamara, referente de la Cámara de Volquetes de CABA.
El padrón histórico de la Ciudad registra a más de 150 empresas del rubro. Detrás de cada una de ellas hay choferes, administrativos, mecánicos, titulares y familias enteras: miles de puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la construcción. El impacto de las medidas oficiales alcanza también a albañiles, arquitectos, empresas constructoras y vecinos que necesitan retirar escombros. Entre las nuevas imposiciones, el Gobierno exige que los camiones que transportan volquetes tengan menos de veinte años de antigüedad, una traba insalvable para muchos pequeños prestadores en el contexto económico actual.
“Nos preocupa que tantas restricciones terminen expulsando del mercado a pequeñas y medianas empresas que llevan décadas trabajando en la Ciudad. No podemos afirmar que exista un negocio detrás porque no tenemos pruebas, pero sí tenemos derecho a preguntar qué se busca con estas medidas y por qué no se escuchan nuestras propuestas. Queremos respuestas claras y transparencia. Basta de hostigamiento”, remarcó Tamara.
Por su parte, otro empresario del sector (quien solicitó reserva de identidad por temor a represalias oficiales) advirtió: “La gestión de Jorge Macri mantiene una conducta punitivista contra los trabajadores, apelando a la propaganda oficial para criminalizar al rubro. Están arruinando a familias enteras con sanciones arbitrarias. Demuestran una total inoperancia, porque el predio de descarga está colapsado de basura y no funciona. Pretenden colocarle un GPS a cada volquete para controlar el negocio”.
Frente a este escenario, los trabajadores y las trabajadoras del sector se mantienen en estado de alerta y no descartan endurecer las medidas de fuerza si el Gobierno porteño continúa desoyendo sus reclamos.
