Publicado 12/11/2026
Redacción Canal Abierto | La Justicia dictó una sentencia clave que pone en entredicho el andamiaje coercitivo sobre el que se apoya el gobierno de Milei: el efectivo de la Policía Federal Argentina, Cristian Rivaldi, fue condenado en la Justicia por arrojar gases lacrimógenos directamente contra una niña de diez años en medio de una manifestación pública.
En aquel entonces, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich se paseó por todos los medios de comunicación intentando desligar del accionar a la fuerza a su cargo. Sin embargo, distintos registros audiovisuales desbarataron la operación del Gobierno, que había incluído la difusión de videos manipulados y una violenta campaña en redes.
El episodio por el cual fue hallado culpable Rivaldi no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en una secuencia sistemática de abusos y excesos cometidos por las fuerzas de seguridad durante las últimas protestas sociales.
Entre los casos más graves o salientes, destaca el de Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto directo de una granada de gas lacrimógeno, y a quien también Bullrich intentó culpabilizar del ataque sufrido.
Otro ejemplo es el de Eneas Gallo y Milton Tolomeo, detenidos durante la marcha en contra de la Ley de Reforma Laboral y hasta el día de hoy encerrados en condiciones paupérrimas en la cárcel de Marcos Paz.
«Rivaldi no actuó solo ni se cubrió solo», sostuvo Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la querella.
«Patricia Bullrich miró a la cámara y le dijo al país que nadie había gaseado a una nena. Ahora, la desmintió la Justicia. Alejandra Monteoliva salió por los canales a sostener un video falso que le echaba la culpa a una manifestante, una operación para tapar lo que quedó confirmado con una condena. Mintieron para encubrir, y mentirle a la sociedad para proteger a un policía que lastimó a una nena tiene consecuencias. Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva», apuntó Dalbón en declaraciones a la prensa.
