Nucleares en alerta: “Toda esa ganancia va al bolsillo de tres o cuatro vivos”

Julio Acosta (FeTERA) y Martín Iofrida (Profesionales de la Actividad Nuclear) cuestionan el Decreto 695/2025 que privatiza el 44% de Nucleoeléctrica y convocan a marchar este miércoles en Zárate.
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PRIVATIZACIÓN DE NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA: La soberanía energética en riesgo

Redacción Canal Abierto | El Decreto 695/2025, publicado en el Boletín Oficial, autorizó el procedimiento para la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) bajo la modalidad de venta de acciones. La norma establece la venta del 44% del paquete accionario mediante licitación pública de alcance nacional e internacional, la organización de un Programa de Propiedad Participada por el 5% y deja el 51% restante en manos del Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica. El gobierno justificó la medida argumentando la necesidad de obtener financiamiento complementario para proyectos estratégicos, como la extensión de vida de Atucha I y el almacenamiento en seco de elementos combustibles gastados. Sin embargo, la empresa venía registrando resultados positivos: en el primer trimestre del año tuvo un superávit de 17.234 millones de pesos.

Frente a este escenario, la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA) y la Asociación de Profesionales del Sector Nuclear, junto con el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, ATE y otras organizaciones, convocaron a una jornada de lucha para este miércoles 18 de noviembre desde las 17 en la rotonda de ingreso a las centrales Atucha I y II, en la localidad de Lima, partido de Zárate.

Entrevistado por Canal Abierto, el secretario general de FeTERA, Julio Acosta, sostuvo que la ofensiva privatizadora actual se inscribe en una continuidad histórica que comenzó en los años 90. “Hoy estamos enfrentando una nueva ofensiva privatizadora y entreguista, digamos, como en los años 90”, afirmó, y advirtió que aquel proceso trajo aparejada “la liquidación de los convenios, la pulverización del salario, despidos y, como consecuencia para los socios y los usuarios, un aumento descomunal de las tarifas”.

Acosta también fue cauteloso sobre las expectativas de frenar el decreto: “Los trabajadores solos no vamos a poder detener estas privatizaciones ni revertir las anteriores. Es un problema de la sociedad, fundamentalmente es un problema de la política”, lamentó el dirigente.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Profesionales del Sector Nuclear, Martín Iofrida, explicó en la misma entrevista con Canal Abierto los tres ejes por los que considera grave la avanzada privatizadora: la producción de energía barata, limpia y disponible (entre el 7% y el 9% del total nacional); el rol de las centrales como motor de la industria nacional; y su función como impulsor de la ciencia y la tecnología. “Estos son los tres puntos que hacen que esta situación sea tremendamente grave y por la cual nosotros vemos que también afecta la soberanía de la Argentina”, señaló.

Al ser consultado sobre el riesgo concreto que implica el ingreso del capital privado, Iofrida fue taxativo y advirtió que “el 44 % del capital privado que ingrese lo que va a querer es obtener una rentabilidad extraordinaria de una empresa pública que hoy produce con valores económicos de la energía. Y si lograran imponer un aumento de la energía que Nucleoeléctrica le vende al mercado mayorista de energía, entonces eso se va a ver efectivamente trasladado a los usuarios. De ahí van a obtener una ganancia extraordinaria. Imagínense, esto es muy sencillo: compran la empresa, obtienen un aumento de la tarifa —hoy NASA no pierde plata—, y toda esa ganancia va al bolsillo de tres o cuatro vivos.”

La advertencia de Iofrida se complementa con su exposición en el Senado, donde calificó a Nucleoeléctrica como “parte sustancial del patrimonio nacional” y alertó sobre el riesgo de enajenar la empresa, al tiempo que denunció la migración de científicos por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios.

La movilización busca visibilizar también otras aristas del conflicto: la paralización del reactor CAREM, los despidos y la persecución gremial. Según denunciaron los trabajadores, el proyecto CAREM pasó de tener más de 300 trabajadores a alrededor de 40, y se intentó desvincular al delegado de ATE Mariano Saleh por su activismo sindical.

Sobre la situación del sector, Iofrida detalló que el ajuste presupuestario paralizó “completamente” el reactor prototipo CAREM en Zárate y también la puesta en marcha de la Planta Industrial de Agua Pesada en Neuquén. “La Argentina tiene la planta de agua pesada más grande del mundo y es una infraestructura crítica para el sector nuclear argentino”, subrayó. Además, señaló que se abandonó por completo un plan para incorporar una nueva central nuclear al desarrollo argentino, y apuntó directamente contra el funcionario Demian Reidel por haber clausurado esa línea.

Consultado sobre la reversibilidad de ese desmantelamiento, Iofrida recurrió a la experiencia histórica: recordó que Atucha II fue paralizada en los 90 y en 2014 se puso a funcionar a plena potencia. “Nosotros estamos convencidos de que es posible revertir, que las condiciones además geopolíticas están favoreciendo a que países como la Argentina puedan volver a negociar de manera soberana”, afirmó, y mencionó a Canadá como una posible alianza estratégica.

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