Publicado 18/11/2026
Redacción Canal Abierto | La Cámara de Diputados iba a debatir este miércoles dos iniciativas que el oficialismo presenta como estratégicas, pero que llegan al recinto bastante modificadas por la negociación con los bloques dialoguistas y por la presión de actores externos. La llamada Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central comparten un mismo recorrido: se anunciaron con un alcance amplio y llegan al recinto con recortes que conviene mirar en detalle.
Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja Martín Menem esperó hasta 12.31 pero al Gobierno le faltaron tres diputados para alcanzar el mínimo de 129. Así, la sesión a la que había convocado el oficialismo se cayó.
La jornada se daba, además, en la cuenta regresiva hacia el 30 de noviembre, cuando cierran las sesiones ordinarias , y con la reforma electoral todavía sin dictamen: el oficialismo tuvo que postergar la firma del despacho en comisión la semana pasada al no reunir los votos necesarios , y la suspensión de las PASO sigue trabada en el Senado, donde el Gobierno no logra asegurar los 37 votos para la media sanción.
Malvinas: un capítulo VII en duda y concesiones a empresas extranjeras
El giro de Milei en materia de Malvinas quedó expuesto en dos gestos recientes: la bandera «Las Malvinas son argentinas» que los jugadores de la Selección exhibieron tras vencer a Inglaterra en el Mundial, y la movilización del 6 de agosto frente al Congreso, donde organizaciones políticas, gremios y excombatientes desplegaron esa misma consigna.
Fue en ese contexto donde el Gobierno anunció, a principios de septiembre, un paquete de medidas presentado como un punto de inflexión: un decreto para acelerar sanciones contra empresas petroleras que operen en las islas sin autorización argentina, la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de ley para endurecer las penas y crear un Consejo de Seguridad Nacional. La iniciativa, que el Ejecutivo calificó como “un hito en el proceso de recuperación de las islas”, no hacía más que hacer valer o profundizar instrumentos existentes, como derogar la ley vigente desde 2011 y elevar las penas de prisión hasta 20 años para directivos de empresas involucradas en la explotación no autorizada de recursos.
El contraste con el historial del propio Milei es difícil de ignorar: durante el debate presidencial de 2023 definió a Margaret Thatcher como “una de las grandes líderes de la historia de la humanidad”, y ya en la Casa Rosada en una mesa lateral de su despacho presidencial, entre libros y documentos, Milei conserva un retrato de Thatcher, la misma que condujo al Reino Unido durante la guerra de 1982 y bajo cuyo mando y merced a una orden personal, se hundió el crucero General Belgrano con 323 argentinos a bordo.
La ley que se vota, sin embargo, está lejos de la épica del anuncio. El capítulo VII, el que habilita sanciones penales y económicas por financiamiento extranjero de campañas y por injerencia en procesos electorales, requiere una mayoría especial de 129 votos que el oficialismo no tiene asegurados. Para intentar destrabarlo, la Secretaría Legal y Técnica circuló un borrador de última hora que renombra el Consejo de Seguridad Nacional como Consejo de Asuntos Estratégicos, saca al Ministerio de Seguridad de sus miembros permanentes y acota las penas por campañas en redes sociales. Son ajustes acotados que no resuelven el fondo del problema: los bloques dialoguistas sostienen que la redacción sigue siendo lo bastante laxa como para alcanzar actividades legítimas de sindicatos, cámaras empresariales u organizaciones sociales.
El otro frente de conflicto es externo. Estados Unidos presionó para que la ley no afecte a sus empresas, con la advertencia de que las sanciones podrían convertirse en una barrera para las inversiones norteamericanas. El Gobierno cedió en parte: dejó afuera a los accionistas con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión con intervención indirecta, aunque persiste el riesgo de que el capítulo entero caiga en la votación en particular. Mientras tanto, las tres empresas de servicios petroleros más grandes del mundo —SLB, Halliburton y Baker Hughes— ya anunciaron que no participarán en actividades en Malvinas. El Gobierno lo presenta como un triunfo soberano, pero el gesto también puede leerse como una señal de que, sin el capítulo VII, el alcance real de la ley es más modesto de lo que se pregona.
El resultado es el mismo de siempre: una vez más, Milei volvió a presentar el proyecto de un león para terminar sacando la ley de un gatito mimoso.
Banco Central: menos controles y más margen para el Ejecutivo
Si la Ley Malvinas llegaba recortada, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central llegó directamente edulcorada para asegurar su sanción. El texto que Diputados iba a tratar hoy es el que salió del Senado, con un cambio sustancial respecto de la media sanción original: la remoción de las autoridades del BCRA ya no requerirá dos tercios de ambas cámaras, sino una mayoría absoluta del Senado, sin intervención de Diputados. El oficialismo aceptó esa modificación después de comprobar que no tenía los votos para insistir con su redacción original.
El argumento oficial lo planteó el senador oficialista Agustín Monteverde, que en su alocución dijo que la reforma “devuelve al BCRA un mandato único: preservar el valor de la moneda” y sustituye “la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”. El punto que la oposición marca es otro: la ley concentra en el Senado la facultad de avalar designaciones y remociones, con un umbral de 37 votos que, en la práctica, le otorga al Ejecutivo un margen de maniobra considerable para colocar y sostener autoridades afines. Más que un cerrojo institucional contra futuros gobiernos de otro signo, el mecanismo facilita la continuidad de la actual conducción monetaria más allá del final de este mandato.
Así lo planteó en la misma sesión el chaqueño Jorge Capitanich: el Gobierno quiere “usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable”. La reforma habilita al BCRA a utilizar activos y reservas como garantía colateral en operaciones de financiamiento internacional o de tipo REPO, sin límites específicos ni obligación de informar al Congreso. Es decir, suma una herramienta para manejar el frente cambiario con menos controles parlamentarios de los que la propia ley dice instaurar.
Negociar desde una posición más ajustada
La no-sesión de hoy mostró a un Gobierno que se presenta como rupturista y que, en la práctica, negocia como cualquier administración: recorta proyectos para conseguir votos, cede ante presiones extranjeras y acepta modificaciones que acotan el contenido de sus propias banderas. La Ley Malvinas, pensada como un gesto de dureza contra las petroleras británicas, llegó con un capítulo VII al borde de la amputación y con las empresas estadounidenses protegidas por excepciones. La reforma del Banco Central, vendida como un blindaje contra la discrecionalidad, termina funcionando como un instrumento para gestionar reservas con menos controles parlamentarios.
El oficialismo confiaba en tener los votos para aprobar ambas iniciativas en general. La discusión de fondo pasa por la distancia entre lo que los proyectos anuncian y lo que finalmente habilitan. Para un gobierno que hizo de la confrontación con la casta su principal activo discursivo, esa distancia es un flanco que la oposición piensa aprovechar en el recinto. De todas formas, ni siquiera así La Libertad Avanza logró su cometido.
