Por Gladys Stagno | Pese a que su designación fue aprobada en octubre pasado por la Cámara de Diputados, la designación de las nuevas autoridades de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes aún no se hace efectiva y hay preocupación entre las organizaciones del sector.
Se trata de María Paz Bertero, abogada especialista en violencia de género y abuso sexual infantil, quien debería asumir el puesto vacante tras la salida de Marisa Graham, cuyo mandato estaba cumplido. Como defensores adjuntos, la Comisión Bicameral designó a Matías Robledo y Héctor Vito, nombramientos también refrendados luego por la Cámara baja.
Sin embargo, tras siete meses, aún resta la aprobación del Senado para su formalización definitiva y desde la Red de Organizaciones Sociales de Niñez y Adolescencia Territoriales (RONAT) manifestaron su “preocupación ante la posibilidad de frenar o rechazar” un proceso que ya atravesó todas sus instancias institucionales.
La preocupación tiene asidero. La propuesta de Bertero —quien también es docente universitaria, abogada del Niño y presidenta de la Comisión de Delitos contra las Infancias del Colegio de Abogados de La Plata—tuvo el aval de todas las bancadas a excepción de La Libertad Avanza, cuyos diputados cuestionaron ideológicamente su perfil. Previamente, el oficialismo había tratado de imponer a otros candidatos que no reunieron los antecedentes y/o no pasaron el examen requerido para ocupar el puesto.
Por otra parte, el Senado no sólo demora su nominación definitiva, sino que también es la Cámara que acaba de aprobar en comisión el proyecto de ley de la radical Carolina Losada, que promete combatir las presuntas “falsas denuncias” de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños. Proyecto que, según alertan desde varios sectores (incluso al interior de la UCR), podría resultar en una protección judicial para abusadores y pedófilos.
En un escenario de creciente vulnerabilidad social, la indefinición institucional en un área clave como la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes se vuelve, para las organizaciones, un problema urgente.
Un reclamo urgente
El nombramiento definitivo de Bertero, Robledo y Vito ya fue reclamado en enero por la organización Infancia en Deuda. En un duro comunicado contra el Gobierno, cuestionó que “Argentina sigue sin una Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes plenamente en funciones” y “no por falta de candidatos ni por demoras administrativas, sino por una decisión política”.
Por su parte, desde RONAT, que está integrada por 240 organizaciones de las 24 provincias, recuerdan que “el proceso de selección fue legítimo y transparente”, al tiempo que rechazan “cualquier intento de intervención o designación provisoria” que desconozca ese recorrido.
“En un contexto de emergencia en niñez y adolescencia, resulta urgente garantizar una Defensoría legítima”, asegura el comunicado. Y reclama como “imprescindible” avanzar en “la designación definitiva surgida del proceso institucional correspondiente”.
Actualmente, la gestión se encuentra a cargo del jefe de Gabinete —el cuestionado multipropietario, Manuel Adorni— en carácter transitorio, una situación que, según advierten, no puede prolongarse.
En ese marco, el espacio exige al Senado la aprobación inmediata de las autoridades designadas, el respeto del proceso ya concluido, el fin de las intervenciones prolongadas y la garantía de un organismo “independiente y con enfoque de derechos”.
