Redacción Canal Abierto | El lunes 18 de mayo, en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°5 de la Capital Federal, tendrá lugar la primera audiencia del juicio oral y público contra Fernando Barrientos por el ataque con fuego contra Sofía Castro Riglos, Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Mercedes Roxana Figueroa.
El acusado llega a juicio por el crimen cometido contra las dos parejas de lesbianas en la madrugada del 6 de mayo de 2024 en el barrio porteño de Barracas. Se encuentra imputado por el delito de homicidio agravado de Andrea, Pamela y Roxana, y el homicidio agravado en grado de tentativa de Sofía, única sobreviviente, por haber mediado violencia de género y prejuicio vinculado con la orientación sexual de las víctimas.
Habrá tres querellas, la de Sofía, que era pareja de Andrea y que será representada por la abogada feminista Luli Sánchez; la Federación Argentina LGBT+ está a cargo de otra de las acusaciones y la tercera es la de la Defensoría Pública de Víctima, en nombre del hermano de Pamela y el hijo de Roxana.
Tanto Sofía, que ahora tiene 52 años, como el reclamo por memoria y justicia son sostenidos y acompañados por organizaciones y espacios transfeministas.
Lesbicidio por lesboodio
En la madrugada del 5 al 6 de mayo de 2024, un vecino atacó a las cuatro mujeres con fuego mientras descansaban en la habitación que compartían. El agresor, vecino en la misma pensión, intentó impedir que escaparan golpeándolas brutalmente para mantenerlas atrapadas entre las llamas.
Pamela falleció horas después del ataque y Roxana murió dos días más tarde, ambas con quemaduras en el 90% de su cuerpo. Andrea Amarante, de 42 años y sobreviviente de la tragedia de Cromañón, falleció el 12 de mayo en el Hospital Penna, luego de permanecer internada con quemaduras en el 75% de su cuerpo. Sofía Castro Riglos, única sobreviviente, continúa reclamando justicia y reparación por ella, por su pareja y por sus amigas.
Durante la investigación, las querellas, la fiscalía y el movimiento LGBTI+ reclamaron que el caso fuera abordado como un crimen atravesado por la violencia de género y el prejuicio hacia la orientación sexual de las víctimas. Tras esos reclamos, la investigación incorporó el contexto de discriminación y violencia en el que se produjo el ataque.
Los crímenes motivados por prejuicios no son hechos aislados. Tal como recuerda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se inscriben en contextos sociales de discriminación, estigmatización y deshumanización hacia lesbianas y otras personas LGBTI+. En Argentina, ese escenario se vio agravado por el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a garantizar y proteger los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+ desde diciembre de 2023.
Por ello, Amnistía Internacional Argentina presentó aportes en la causa judicial sobre estándares de derechos humanos aplicables a las obligaciones del Estado. En este marco, la ONG recordó que el Estado tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencia, adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violencia de género y por orientación sexual, y asegurar que el proceso judicial avance con debida diligencia reforzada, perspectiva de género y diversidad, sin revictimización y con participación efectiva de las víctimas.
“El crimen de Barracas expuso de la forma más brutal las consecuencias de la discriminación estructural contra lesbianas y otras personas LGBTI+. La Justicia tiene ahora una oportunidad fundamental: juzgar con perspectiva de género y diversidad, cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y enviar un mensaje claro de que la violencia motivada por prejuicios no puede ser tolerada ni invisibilizada”, afirmó Mariela Belski, directora de Amnistía, una de las organizaciones que acompañará el proceso.
