Redacción Canal Abierto | Diputados nacionales, centrales obreras, sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos y organismos de derechos humanos enviaron una carta al canciller argentino Pablo Quirno reclamando la conformación de una comisión que pueda verificar las tareas del avión militar que el gobierno de Javier Milei envió a Bolivia, donde la represión a las protestas contra el presidente Rodrigo Paz Pereira se extiende por todo el país.
Se trata de un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional por el envío de uno (o dos) Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, en medio de la escalada de la violencia estatal contra manifestantes de ese país que le piden la renuncia del mandatario.
Aunque oficialmente se argumentó que las aeronaves serían para tareas de ayuda humanitaria, existirían sospechas de traslado de material represivo. Un hecho de extrema gravedad que remite a un antecedente ineludible: el envío de armamento en 2019 al gobierno golpista de Jeanine Áñez por parte de la administración de Mauricio Macri.
El diputado Juan Marino, expresó:
“Dado que el propio Ministerio de Defensa de la Nación anticipó que la aeronave realizaría tareas de puente logístico aéreo en territorio boliviano durante esta misma semana, y considerando que Usted mismo caracterizó la misión como de “carácter humanitario y temporal”, la conformación de la delegación podrá ser rotativa en caso de que la operación se extienda más allá del plazo originalmente anunciado por las autoridades nacionales. La aceptación de esta solicitud constituiría, por sí misma, la prueba más contundente y directa de la naturaleza estrictamente humanitaria que el Poder Ejecutivo Nacional invoca para la operación”.
“Los abajo firmantes nos dirigimos a Usted con motivo del envío, dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional entre los días 15 y 16 de mayo del corriente, de aeronaves militares Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina al Estado Plurinacional de Bolivia. Cabe señalar que existe una discrepancia declarativa pública entre el Gobierno argentino, que ha informado el envío de un avión, y el Gobierno boliviano, que ha agradecido públicamente el envío de dos aviones —según declaraciones del vocero de la Presidencia de Bolivia, José Luis Gálvez, del 15 de mayo del corriente, agradeciendo al Gobierno argentino “que ha provisto dos aviones Hércules”—, sin que dicha discrepancia haya sido aclarada oficialmente hasta la fecha”, comienza señalando la carta pública.
El propio Ministerio de Defensa, en su comunicado oficial del 16 de mayo del corriente, anticipó que la aeronave realizaría tareas de puente logístico aéreo en territorio boliviano “durante la próxima semana”, sin que hasta la fecha haya sido oficialmente comunicada la conclusión efectiva de la operación, su prolongación, ni el cronograma definitivo de vuelos previstos.
Y continúa: “Tomamos debida nota de sus declaraciones públicas en el canal A24, donde usted calificó como “absolutamente falsas” las afirmaciones que vinculan dichas aeronaves con eventuales operaciones represivas, sosteniendo que los vuelos tuvieron fines “exclusivamente logísticos y humanitarios” y negando que hayan sido utilizados para trasladar fuerzas de seguridad bolivianas en operativos de represión. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que existe un antecedente institucional reciente y judicializado que impone, en el caso presente, un estándar probatorio reforzado. Nos referimos al envío realizado por el gobierno del expresidente Mauricio Macri al gobierno de facto de Jeanine Áñez en noviembre de 2019, mediante un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que transportó a la ciudad de La Paz, junto a personal del Grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional, aproximadamente setenta mil cartuchos antitumulto, granadas de gas y otros materiales de uso represivo, sin la correspondiente manifestación en los registros oficiales de embarque. Dicha operación fue denunciada penalmente por el propio Estado argentino el 9 de julio de 2021, tramitándose la causa en el fuero Penal Económico, con imputación formal a la entonces ministra de Seguridad de la Nación”.
Por estas razones, en la carta, le piden a Quirno que “en uso de sus atribuciones y como gesto de buena fe institucional, la habilitación y facilitación inmediata de la presencia de una delegación representativa de una Comisión de Derechos Humanos que pueda acompañar a las aeronaves Hércules en cada uno de sus vuelos y movimientos en territorio boliviano durante todo el tiempo que dure la operación, con acceso pleno y previo a manifiestos de carga, inventarios, personal embarcado, puntos de aterrizaje, destinatarios de la descarga y registros operativos”.
FIRMAN:
Diputadas y diputados nacionales: Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Juan Marino, Jorge Taiana, Santiago Cafiero, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Juan Grabois, Esteban Paulón, Nancy Sand, Gabriela Pedrali, Roxana Monzón, Hilda Aguirre, Blanca Osuna, Jorge Araujo Hernández, Lorena Pokoik, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Sergio Dolce, Cristian Andino, Pablo Todero, Carlos Cisneros, Claudia Palladino, Varinia Marín, Itai Hagman, Adriana Serquis, Natalia Zaracho, Fernanda Miño, Aldo Leiva, Ariel Rauschenberger, Caren Tepp, Diego Giuliano, Carlos Castagneto, Nicolás Trotta, Eduardo Valdés, Juan Carlos Alderete (mandato cumplido), Juliana Marino (mandato cumplido).
Organismos y referentes de derechos humanos: Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, SERPAJ, Asociación Americana de Juristas (AAJ), Liberpueblo, Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos, XUMEK, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Women International League For Peace and Freedom (WILPF) – Argentina, Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (LIMPAL), Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Espacio Intercuencas, Instituto Espacio para la Memoria (IEM), Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) – Capítulo Argentina, Colectiva Feminista Federal por la Democracia y los Derechos Humanos.
Sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos: CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, UTEP, FeTARA (Federación de Trabajadoras y Trabajadores Agrarios), Somos Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Partido Piquetero, Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Partido Comunista Revolucionario (PCR), Frente Barrial CTA, MTL – Movimiento Territorial de Liberación, Movimiento Mayo, Bloque Piquetero Nacional, T.OR.RE, Armando Conciencias, OTL, MTR 12 de Abril, Movimiento por la Salud de los Pueblos, Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática, Federación Nacional Campesina, Juventud Comunista Revolucionaria (JCR), MTR Votamos Luchar, MTL Rebelde, MTR Histórico, Frente Transversal Nacional y Popular, Corriente Política Germán Abdala, Movimiento Agustín Tosco, Agrupación Envar El Kadri, Agrupación Patria Grande Sur CTA, FTV, La Social, MTR Santucho, Agrupación Jauretche, Frente Cajade, Agrupación Juana Azurduy, Las Barriadas, El Colmenar, V.A.O.S (CABA), La Barrial (Mendoza), Red Mayo (Santa Fe), Movimiento Social Aeronáutico, Agrupación 13 de Abril, Asociación Pueblo Exaltación, Movimiento Federal Belgrano, Agrupación La Carlotto (Quilmes), Asociación La Casa del Cebolla (Palermo), Vivas y Libres Nos Queremos (Lugano), Club Martina Céspedes (San Telmo).
Diputadas y diputados provinciales: Rodolfo Schwartz (Chaco), Mercedes Meyer (Santa Fe – mandato cumplido).
