Avanzan con la “Ley de Extranjerización” de Milei: desalojos “exprés” y tierras para extranjeros

El Senado trata el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Científicos del Conicet lo califican como un “nuevo estatuto legal del coloniaje” que borra la noción de utilidad pública y blinda el derecho de propiedad por encima de restricciones sociales, ambientales y colectivas.
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Redacción Canal Abierto | Este jueves 4 de junio el Senado sesionará para tratar el promocionado proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada enviado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso.

Impulsado por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger el texto que obtuvo dictamen en el plenario de comisiones el pasado 20 de mayo, entre otros puntos salientes propone eliminar la restricción para que empresarios extranjeros compren tierras rurales y estipula los desalojos exprés de viviendas o terrenos usurpados. La letra original del proyecto fue modificada en el tratamiento en comisiones y el dictamen que será tratado hoy incorpora varios cambios.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, presentó días atrás el dictamen del oficialismo y explicó que los cambios surgieron de los aportes realizados por expositores y por senadores de las distintos fuerzas para brindar mayor claridad y operatividad a la normativa. Entre los principales cambios mencionó la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la diferenciación entre usurpadores y ocupantes legítimos en los desalojos y la decisión de retirar el capítulo referido al ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares) -que ponía en riesgo la situación habitacional de cientos de miles de personas en todo el país- para debatirlo en una ley específica.

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Desde el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (PRIHA de la FCE-UBA), integrado por investigadores e investigadoras del CONICET,  advierten que ya hay 13 millones de hectáreas de tierra rural en manos extranjeras. 

“Sostenemos y advertimos que la propuesta de modificación del régimen de tierras rurales marca un punto de inflexión regresivo en materia de soberanía territorial. El proyecto debilita las capacidades estatales de regulación y abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes. Por eso, más que una ley de protección, entendemos que se trata de una “ley de extranjerización” que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes”, advierten en un documento este equipo que lleva adelante el Mapa Interactivo de Extranjerización de la Tierra a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR).

“El proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, debería rechazarse de plano. La “Ley de Extranjerización” se presenta como un nuevo estatuto legal del coloniaje”, advierten, rememorando la frase acuñada por Arturo Jauretche para describir el Pacto Roca-Runciman de 1933.

Desde el Observatorio señalan que esta posible ley cuestiona la noción de utilidad pública de la tierra y “busca blindar el derecho de propiedad como un derecho prácticamente absoluto, por encima de restricciones sociales, ambientales y colectivas”.

Qué establece el proyecto de ley

  • El proyecto deroga los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 26.737 (conocida como la Ley de Tierras Rurales), suprimiendo: el límite del 15% a la titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y municipal; el límite por nacionalidad dentro de ese porcentaje (30%); el tope de extensión por titular extranjero, junto con los criterios técnicos que ajustaban esa equivalencia según ubicación y calidad de las tierras.
  • La prohibición de compra por parte de estados extranjeros y sus organismos sigue vigente, pero con una cláusula de excepción: si la provincia donde se ubican las tierras lo solicita, y el Poder Ejecutivo Nacional lo autoriza previamente, la operación puede realizarse.
  • Limitación a las expropiaciones: Se establecen restricciones para que el Estado pueda expropiar bienes por causa de utilidad pública.
  • Desalojos más rápidos: Se introducen cambios en el Código Procesal para acelerar los procesos de desalojo ante ocupaciones, usurpaciones o falta de pago, reduciendo los requisitos para restituir el inmueble al propietario.
  • Cambios en la Ley de Manejo del Fuego: Se modifica la veda que impedía el uso, venta o modificación del suelo en zonas afectadas por incendios (antes fijada en 60 años), flexibilizando estas restricciones.
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