Redacción Canal Abierto | El próximo jueves, en sesión especial, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado buscará que se apruebe la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que ya cuenta con dictamen de mayoría.
El proyecto de nombre grandilocuente lleva la firma del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien está juntando los votos en el universo de legisladores “dialoguistas” para que cumplan su sueño húmedo de convertirlo en norma. Pero, como ocurre con todas sus ideas, ésta también tiene un trasfondo oscuro.
“La ley tiene cinco capítulos. En el capítulo cinco están intentando que el gobierno nacional absorba todos los registros de la propiedad inmueble de la Argentina, que hoy están en las provincias, salvo el de la Ciudad de Buenos Aires”, detalla Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, una de las organizaciones que, junto al Observatorio de Tierra, intenta poner el tema en agenda y alertar sobre su gravedad.
Y continúa: “Lo que quieren es hacer un registro privado y que ni consultando puedas tener la información de cuántas propiedades tiene alguien. Eso es algo que empieza a ser elaborado en la crisis de Adorni, y entonces lo meten en este proyecto”.
Argentina para los extranjeros
Otro de los capítulos más controversiales plantea eliminar el tope del 15% de extranjerización de la tierra, que establece hoy la regulación argentina. De esta manera, los empresarios extranjeros podrían comprar tierras rurales de forma ilimitada, y es en este punto donde se centra el principal debate con los bloques colaboracionistas.
“Hoy está prohibido que un Estado compre tierra argentina. Lo hacen a través de testaferros, tercerizadas, etc. Y son compras que hoy están judicializadas porque existe esta ley —agrega Muñoz, en diálogo con Agenda propia*—. Lo que permitiría la Ley de Inviolabilidad es que lo puedan hacer, que sea más difícil judicializar, y que puedan comprar no solo tierra, sino frontera”.
Según asegura el especialista, en los modelos de países “que ellos reivindican bajo ningún punto de vista está permitido hacer esto”. “Trump hace pocos meses mandó una ley desde el Ejecutivo para prohibir que capitales extranjeros compren viviendas. Canadá lo prohibió, muchos países de Europa lo prohíben, hay un control muy fuerte”, enumera.
En el mismo sentido, el proyecto elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. Regulación que pretendía evitar incendios intencionales para facilitar (y abaratar) emprendimientos privados.
Muñoz advierte: “Lo que quieren hacer es bastante grave y yo creo que irreversible. Si se llega a votar la ley, va a ser difícil volver atrás”.
Inquilinos a su suerte
Otro de los capítulos de la polémica ley afecta directamente a inquilinos e inquilinas de vivienda y tierra.
“La ley tiene como objeto central la entrega del territorio y brindar todas las condiciones para que eso pueda suceder. ¿Para qué voy a comprar si no puedo usar durante 60 años? Se quita el uso de tierra, entonces podés comprar, podés al toque incendiar y construir un country. Podés además comprar frontera. Pero en algunos lugares viven comunidades, hay tierra de producción alimentaria que quizás tienen contratos vigentes o alguna relación de alquiler, de locación. Entonces, ¿qué hacen? Hay un capítulo que quita las garantías para desalojos de alquileres de vivienda y rural”, analiza Muñoz.
En la práctica, la nueva ley aceleraría los procesos de desalojo, al quitarles la posibilidad a los inquilinos de demostrar que lo que plantea el dueño es falso. “Lo hace porque obliga a la Justicia a mandar el desalojo en 72 horas, y quita los feriados y días inhábiles para que la Justicia tenga que funcionar. No te da tiempo”, advierte.
Esto es particularmente grave en lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el 40% de los habitantes alquila. Muñoz explica: “El alquiler de vivienda y rural en Argentina es en efectivo. Por lo tanto, las condiciones que tenemos para demostrar que hay una relación de alquiler, que hay un contrato, que se paga el alquiler, son muy difíciles frente al poder”.
El Estado maniatado
Finalmente, la iniciativa de Sturzenegger propone restringir el poder expropiatorio del Estado. Esto obstaculizaría la posibilidad de que el Estado se haga de recursos estratégicos para el desarrollo del país.
“Esto imposibilita que el Estado vuelva a expropiar recursos estratégicos, como pasó con YPF. Y por eso digo que es irreversible. Ese capítulo uno es uno de los más graves de de la ley”, reafirma.
Y finaliza: “Me gustaría que le preguntemos a la dirigencia qué van a hacer, porque la gente la está pasando para el orto. ojalá que la militancia y y los que están interesados en defender nuestra patria empecemos a reclamarle a nuestra dirigencia que esté a la altura de las circunstancias”.
Todos los detalles, en esta entrevista:
Además, en este programa: ¿Milei sube o baja?, la recaudación en picada y el plan de lucha de las centrales obreras unidas para combatir el programa económico.
Mirá ésta y otras entrevistas en Agenda propia*, un streaming de Canal Abierto que aborda la coyuntura disputando el sentido de la agenda.
Con la conducción de Gladys Stagno y Manuel Rodríguez, y la participación del secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y del economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano.
Programa completo:
*Todos los martes, a partir de las 11, en vivo por streaming en el canal de YouTube de Canal Abierto.
Equipo audiovisual: Pablo Martínez Levy, Ramiro Lorenzo y Juan Alaimes
