Publicada el 12 de agosto de 2026
Redacción Canal Abierto | En un rincón de la Patagonia donde el mapa empieza a quedarse sin caminos, Sandra Morales y Rodolfo Hakl eligieron construir su propia idea de vida. Hace casi una década dejaron Buenos Aires y se instalaron en Lago La Plata, en el sudoeste de Chubut.
Sin gas de red, agua corriente, cloacas ni un almacén a la vuelta de la esquina. Durante buena parte del invierno, la nieve convierte el camino en una barrera. Para llegar hasta allí hay que atravesar horas de ripio y una geografía que, para la mayoría, representa aislamiento. Para ellos, en cambio, representa otra cosa.
Construyeron su cabaña con sus propias manos, trabajaron sobre el camino de acceso, levantaron un muelle, despejaron árboles caídos, juntaron basura, apagaron fogones y hasta colaboraron en la reparación de un puente.
Sin embargo, desde hace un tiempo enfrentan un proceso judicial que podría terminar con su desalojo. “Lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz», repiten.
Una casa en el lugar que nadie quería habitar
La historia tiene una particularidad que excede el conflicto entre una pareja de jubilados y una administración municipal: Lago La Plata es un territorio de frontera.
El espejo de agua se encuentra en el extremo oeste de Chubut, cerca del límite con Chile. Allí, en un lugar donde la presencia cotidiana del Estado es mínima, Sandra y Rodolfo sostienen desde hace años una vida que implica trabajar todos los días para poder permanecer.
Ellos mismos definen lo que hacen como una forma de “hacer patria”. No reclaman que el Estado les entregue el terreno. Tampoco dicen pretender obtener un título de propiedad. Su pedido es mucho más acotado: quieren algún mecanismo que les permita seguir viviendo en el lugar que construyeron.
De hecho, aseguran haber ofrecido alternativas al municipio de Alto Río Senguer: trabajar para la comunidad, colaborar con el desarrollo turístico de la zona o pagar impuestos por el lugar que ocupan.
La respuesta, cuentan, fueron dos causas judiciales y amenazas constantes.
Primero, la pareja fue denunciada por usurpación. El expediente penal no terminó con una condena: Sandra y Rodolfo fueron absueltos.
En cuanto al fuero civil, en junio pasado recibieron una sentencia adversa en el juicio por restitución de las tierras y presentaron una apelación que todavía esperan que sea resuelta.
“Hemos aportado mucho”
Sandra y Rodolfo sostienen que durante estos años hicieron justamente aquello que, según ellos, el Estado no hacía: mantener habitable un lugar remoto.
«Mejoramos el acceso, que era una huella intransitable. Apagamos fogones que los turistas dejaban encendidos cuando estaba permitido acampar. Juntamos basura, despejamos el camino de árboles caídos, construimos un muelle con nuestras propias manos», enumeran.
También recuerdan haber mejorado el puente de Laguna del Toro, que actualmente volvió a deteriorarse por el tránsito de vehículos vinculados al traslado de madera.
«En definitiva, vivir acá conlleva más tareas de trabajo que vivir en la ciudad, pero no nos quejamos. Lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz»
La paradoja que plantean es sencilla: si habitar, cuidar y sostener un territorio también es una forma de ejercer soberanía, ¿qué lugar tienen quienes hacen eso sin grandes inversiones ni capitales detrás?
Un conflicto que expresa mucho más que un caso puntual
El 7 de agosto, la Cámara alta aprobó el proyecto por 37 votos contra 33, aunque eliminó los capítulos que modificaban el régimen de tierras rurales para ampliar las posibilidades de adquisición por parte de extranjeros. Es decir: la llamada «extranjerización de la tierra» quedó afuera del texto que obtuvo media sanción.
No ocurrió lo mismo con las modificaciones vinculadas a los desalojos. Y allí aparece la conexión con la historia de esta pareja.
Porque mientras el debate público se concentra en la defensa de la propiedad privada como uno de los principios centrales del proyecto oficial, Sandra y Rodolfo enfrentan precisamente un proceso para ser expulsados del lugar que consideran su hogar.
La discusión deja entonces una pregunta difícil de esquivar: ¿qué propiedad se protege y qué ocurre con quienes no tienen un título pero llevan años habitando, trabajando y cuidando un territorio?
«Queremos terminar nuestra vida acá»
Sandra y Rodolfo no hablan de inversiones millonarias, de rentabilidad ni de grandes proyectos turísticos.
Hablan de leña. De nieve. De un camino que hay que despejar. De un puente que se rompe. De un muelle que construyeron con sus manos. De los turistas que dejan basura. De los fogones que hay que apagar.
Hablan, sobre todo, de haber encontrado en ese extremo de la Patagonia el lugar donde quieren envejecer.
Entrevista: Diego Leonoff
Equipo audiovisual: Ramiro Lorenzo
