Redacción Canal Abierto | El Gobierno debió dar marcha atrás con uno de los puntos más cuestionados del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin los votos necesarios para garantizar su aprobación y ante la presión ejercida por sectores de la oposición dialoguista, el oficialismo resolvió retirar el capítulo que proponía flexibilizar los límites para la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras.
Se trata de una concesión que el oficialismo hizo a sus aliados para garantizar la sesión de este jueves —que amenazaba con caerse— y poder seguir adelante con la aprobación del resto de los artículos, igual de polémicos.
El poroteo
La decisión se tomó cuando la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, se reunió con representantes de los bloques aliados en las oficinas de la bancada radical, en el segundo piso de la Cámara Alta.
Poroteo mediante, quedó claro que la iniciativa ya no reunía los apoyos necesarios y que varios espacios —con la UCR a la cabeza— insistían en devolver el proyecto a comisión para abrir una nueva discusión.
Entre las primeras bajas aparecieron dos senadoras cercanas a gobernadores aliados: la salteña Flavia Royón, alineada con Gustavo Sáenz, y la tucumana Beatriz Ávila, referenciada en Osvaldo Jaldo, quienes resolvieron votar en contra de la propuesta.
A ellas podría sumarse la neuquina Julieta Corroza, que responde políticamente al gobernador Rolando Figueroa y tampoco acompañaría la iniciativa impulsada por el Gobierno.
Las deserciones se agregaron a las diferencias que desde hace días expresaban dentro de la UCR Maximiliano Abad (Buenos Aires), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca), quienes ya habían manifestado su rechazo al proyecto.
El cambio de escenario también comenzó a impactar en otros bloques. En el PRO, la postura adoptada por Kroneberger repercutió sobre la senadora pampeana María Victoria Huala, quien no estaría dispuesta a quedar como la única representante de su provincia respaldando una iniciativa que terminó convirtiéndose en un fuerte costo político para quienes la apoyaran.
De esta manera, el capítulo sobre extranjerización de tierras quedó excluido del debate previsto para este jueves 6, cuando el Senado reanude, desde las 14, la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 19 de julio.
La ley que sí podría salir
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no sólo afectaba a la Ley de Tierras, a través del capítulo que acaba de ser eliminado.
Como advirtió el Observatorio de Tierras y un sinnúmero de referentes, científicos y organizaciones sociales, el texto también “vulnera y ataca el derecho a la vivienda de 11 millones de hogares inquilinos, y limita la posibilidad del Estado para expropiar recursos estratégicos para el desarrollo de nuestro país”.
Así, los artículos sobrevivientes incluyen una serie de regulaciones. Entre las más importantes:
Capítulo I — Expropiaciones y regularización dominial. Restringe el poder expropiatorio del Estado exigiendo que la utilidad pública sea específica y proporcional. Amplía la indemnización incorporando lucro cesante, valor de mercado y actualización por IPC hasta el pago efectivo. Prohíbe transferir el dominio sin pago íntegro previo. Limita la ocupación temporánea a 90 días prorrogables sólo ante emergencias objetivas.
Capítulo II — Desalojo y locaciones. Elimina las pocas garantías que inquilinos e inquilinas pueden usar para defenderse en un juicio de desalojo. Elimina la posibilidad de que los inquilinos puedan saldar deuda para evitar quedarse en la calle. Generaliza el proceso sumarísimo para todos los desalojos y habilita la entrega inmediata del inmueble. Codifica la intimación previa de 10 días antes de demandar por falta de pago en locaciones habitacionales.
Capítulo IV — Manejo del fuego. Uno de los puntos más importantes es que elimina la prohibición del cambio de uso de suelo por 60 años luego de un incendio en vegetación, bosques, áreas naturales protegidas y humedales. También elimina la prohibición por 30 años para realizar emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias luego de incendios en zonas de vegetación fuera de los límites urbanos. De esta manera, habilita el cambio de uso de suelo para esos emprendimientos y acota la restricción solo a los bosques protegidos por la ley de bosques nativos (26.331) y a los bosques no productivos abarcados por la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal N° 13.273.
