Publicado originalmente el 31/08/2026
Redacción Canal Abierto | “La clave no es impedir que existan sociedades automatizadas, sino impedir que existan sociedades inimputables”, señaló Fishel Szlajen, doctor en Filosofía y miembro de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano, uno de los tantos especialistas que advirtieron por la habilitación de empresas manejadas por algoritmos o tokens, un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que actualmente está en tratamiento en el Senado de la Nación.
Quienes también encendieron las alertas por la creación de las Sociedades Automatizadas y las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) fueron una treintena de asambleas socio ambientales, asociaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres y disidencias, centros de estudios y comunidades originarias, que la semana pasada elevaron al Senado de la Nación una solicitud para que se convoque a audiencias públicas “amplias y transparentes” para abordar la cuestión.
“Reconocemos el interés en atraer inversión e innovación tecnológica a la Argentina. Precisamente por la magnitud de lo que está en juego, consideramos indispensable que estas dos figuras sean objeto de un debate parlamentario más extenso, profundo y con participación de especialistas en derecho societario, derecho penal, derechos humanos, tecnología, filosofía, antropología, sociología y ecología sociopolítica, con participación de espacios universitarios públicos y multidisciplinarios, antes de su sanción”, explicaron.
En la carta, también le respondieron a Patricia Bullrich, quien ante las diversas manifestaciones de preocupación –como la del historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari en el Financial Times- se atajó anunciando la incorporación de pautas de “control humano” en el proyecto.
“Los cambios que puedan introducirse en el corto plazo (los cuales todavía no han sido socializados ni transparentados) no alcanzan a resolver por sí solos los interrogantes estructurales que estas figuras plantean”, señalaron las organizaciones firmantes.
En una nota publicada este fin de semana en el Cohete a la Luna, el abogado y referente ambientalista, Enrique Viale, lo explicó con claridad: “No alcanza con la promesa de un parche de último momento: hace falta que el propio Senado se siente a analizar, en serio y con especialistas de verdad, qué significa “control humano” cuando la actividad ordinaria de una empresa queda en manos de un sistema que toma miles de decisiones por minuto”.
Y precisó: “No es lo mismo firmar un acta de directorio una vez al mes que supervisar, en tiempo real, un algoritmo que contrata, cobra, deniega y ejecuta sin pausa. Si la solución que están cocinando es poner una firma humana arriba de un proceso que ningún humano puede seguir a esa velocidad, no estamos corrigiendo el problema: le estamos poniendo una firma de garantía a la impunidad”.
En el mismo sentido, las organizaciones de la solicitud argumentaron: “Entendemos que no se trata solamente de ajustes de redacción, sino de definiciones de fondo sobre cómo el derecho argentino va a imputar responsabilidad, reconstruir prueba y proteger derechos cuando la actividad empresaria ordinaria quede, total o parcialmente, en manos de sistemas algorítmicos autónomos. Un tema de esta envergadura no debería resolverse contra reloj ni subsumirse en la discusión general de la reforma societaria”.
En la solicitud, además incluyen distintas opiniones expertas que llaman la atención en cinco aspectos clave:
-El vacío de imputación penal. Así, porque el proyecto no menciona en absoluto la ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y tampoco aclara cómo se articula ese régimen “cuando el acto que configuraría el delito fue ejecutado por un sistema algorítmico autónomo, sin una decisión humana individual identificable detrás”.
-La supervisión difusa en la Sociedad Automatizada
-La asimetría probatoria para consumidores y terceros.
-La representación y gobernanza distribuida en las Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas (DAO) -entidades gobernadas por votación distribuida entre miles de tenedores de tokens repartidos en jurisdicciones que, apunta Viale, “ni siquiera sabemos cuáles son”-.
-Y, la concentración de poder sin control democrático.
Un paquete de impunidad
En la mencionada nota, Viale subraya una cuestión clave: que la creación de sociedades automatizadas y las DAO no es aislada, sino que funciona en tándem con otros cuatro proyectos: el súperRIGI , la ley de tierras (ya con media sanción), la reforma a la ley de datos (enviada a principios de este mes al Congreso) y la ley de lobby.
Los proyectos forman parte de “un mismo diseño, con una misma lógica de fondo, que consiste en correr al Estado argentino, y en especial a la sociedad civil, a los jueces y a las comunidades afectadas, de cualquier lugar donde puedan controlar, exigir explicaciones o cobrar por un daño”.
Así, “el RIGI regala treinta años de estabilidad fiscal y litigios en tribunales internacionales a cualquier proyecto de más de mil millones de dólares, muchos de ellos centros de datos e infraestructura de IA que van a chupar agua y energía de territorios que ya están en estrés hídrico. Y ahora, con la reforma societaria, se les ofrece además un vehículo legal para operar sin que haya, del otro lado, una persona humana a la que preguntarle nada”, concluye Viale.
Todas estas cuestiones fueron analizadas hace poco en otra audiencia en el Congreso, que junto a expertos y activistas se preguntó por la presencia de Peter Thiel en Argentina, a cuyos intereses económicos e ideológicos parecen responder directamente todas estas las leyes.
Juan Marino, uno de los diputados convocantes, también sumó al tándem de leyes la reforma de la ley de Inteligencia y la participación de Argentina en la reunión ministerial sobre terrorismo político convocada por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y la posterior publicación para identificar terroristas de la Procuración General. Todo esto –afirmó- “pone de manifiesto que el paquete legislativo no es solamente un cambio de las relaciones entre privados y una modificación de los vínculos comerciales. Estamos ante un cambio de régimen
Portada: Marcelo Spotti
